PAIS VASCO

El estado español incumple su propia ley en materia penitenciaria
Un centenar de presos vascos reclaman el tercer grado y su puesta en libertad condicional

Gara
Los 99 presos políticos vascos que a pesar de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena continúan en prisión remitirán en los próximos días al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española un escrito en el que reclaman la concesión del tercer grado y su puesta en libertad condicional.

Los encargados de informar sobre esta iniciativa fueron los abogados Jon Enparantza e Iñaki Goioaga, que comparecieron ayer en Donostia acompañados de familiares de prisioneros y varios ex presos. Fue Goioaga quien recordó que la libertad condicional «es un derecho que le corresponde a todo preso. No obstante, en el caso de los presos políticos vascos, existe una clara voluntad para negarles sistemáticamente ese derecho. Han sido muy pocos los presos que han accedido a la libertad condicional y, en algunos de esos casos, luego esas decisiones han sido revocadas».

Indicó que en la actualidad «hay 99 presos que reúnen las condiciones necesarias para que sean puestos en libertad y, ante ello, han enviado el escrito». Un texto en el que, por un lado, los prisioneros exigen la aplicación del Código Penal por el cual fueron juzgados y condenados, y es que sospechan que les va a ser aplicada la Ley Orgánica 7 de 2003, que amplía el cumplimiento de la pena a 40 años y restringe la libertad condicional.

«Entendemos que esta ley se quiere aplicar con carácter retroactivo. De ahí la petición, ya que ninguno de estos presos está sujeto a esta ley».

El escrito recoge una solicitud de progresión de grado, «ya que los presos entienden que existe una denegación sistemática de la misma. Piden el tercer grado al considerar que no hay razón alguna para que sean mantenidos en primer y segundo grado», explicó Goioaga.

La petición está dirigida al recientemente creado Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, «salvo en el caso de dos presos que fueron juzgados y penados en tribunales de Bizkaia y Gipuzkoa», precisó, tras lo cual agregó que «estamos a la espera de la respuesta que dé este juzgado. Nos extrañaría que analizara las solicitudes caso por caso y que respetara el derecho a la libertad condicional en alguno de ellos, pero la verdad es que su deber es defender y velar por los derechos de los prisioneros».

El letrado consideró que en un Estado de Derecho la petición de estos 99 prisioneros sería atendida, aunque advirtió que, en el caso del Estado español y de los presos vascos, «en lo referente al tratamiento penitenciario, por encima del comportamiento del preso lo que prevalece es la presunción de culpabilidad y el hecho delictivo en sí».

Con el objetivo de demandar que el derecho a la libertad condicional sea respetado y que la petición de los prisioneros sea atendida, Askatasuna ha convocado para mañana, de 12.00 a 12.30, sendas concentraciones ante los palacios de Justicia de Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea. «El estado de excepción, también en las cárceles» Jon Enparantza alertó sobre la situación de los presos políticos y afirmó que «las agresiones son una constante: lamentables condiciones de vida, dispersión, aislamiento, palizas, obstáculos para las comunicaciones en euskara, trabas para estudiar... El estado de excepción también ha llegado a las cárceles». Asimismo, preguntó al PNV y al Ejecutivo de Lakua «cómo piensan garantizar unos derechos que están siendo pisoteados diariamente», al tiempo que advirtió, en alusión al plan Ibarretxe, que «toda propuesta que no plantee salidas a la situación de los represaliados es una propuesta que no tiene ningún futuro».