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Se hace complicado asimilar el día a día de las actuaciones de la Justicia en relación a Euskadi, así que consideramos conveniente hacerles un resumen. La sala 61 del Supremo, encargada de incrementar aún más las conflictivas relaciones que mantiene con el Parlamento vasco, madrugó ayer como nunca, la permanente del CGPJ se decidió a escribir al lehendakari. La Mesa del Parlamento nos descubrió una nueva figura denominada incidente de nulidad. Desde el Gobierno Vasco se denunciaron las presiones que sufre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y para rematar, Montoro amenazó con abrir un nuevo frente judicial después de dos horas de reunión con la vicelehendakari.

Empezó el Tribunal Supremo, la sala 61, pidiendo al Fiscal General del Estado un pronunciamiento sobre la posible nulidad de los acuerdos de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco en torno a la disolucion del grupo ABGSA. Dieron, además, un plazo de 15 dias para que las partes estudien la segunda negativa remitida por el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, donde explicaba la imposibilidad de acatar la orden de disolucion del grupo Sozialista Abertzaleak en la Cámara Vasca. También han desestimado por por unanimidad las alegaciones presentadas por el Letrado mayor del Parlamento de Gasteiz en las que argumentaba la ausencia de competencias para cumplir la orden de retirar los locales y bienes materiales que utiliza el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

Por su parte, la comision permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió que su presidente, Francisco José Hernando, envíara una protesta formal al lehendakari Juan José Ibarretxe, por las declaraciones del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en las que calificaba de mafioso el funcionamiento del Poder Judicial.

También la Mesa del Parlamento ha optado por la vía judicial. La figura elegida ha sido la del incidente de nulidad, que contempla la anulación de un auto cuando provoca indefensión y que está recogida en el artículo 243 de la Ley orgánica del Poder Judicial que señala en su punto 3:

"No se admitirá, con carácter general, el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, a quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, la sentencia o resolución no sea susceptible de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida.

Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o Tribunal que dictó sentencia o resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último supuesto, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia o resolución. El Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. La resolución en la que se deniegue la admisión a trámite no será susceptible de recurso alguno".

Se trata, según el presidente del Parlamento Vasco de que el Tribunal Supremo reconozca que ha cometido un error y rectifique. Algo dificil teniendo en cuenta que es la propia sala especial del Supremo la que debe decidir sobre este incidente de nulidad Atutxa insiste en la indefension de los miembros de la Mesa y explicó que el incidente de nulidad es el único cauce que se ha encontrado para la defensa del Parlamento Vasco, en su voluntad de "agotar hasta el extremo los cauces de derecho, de respeto de separación de poderes y de respeto a la autonomía y a la capacidad de autoorganización de este Parlamento". "Dios quiera -añadió- que este camino que iniciamos resulte exitoso y que el Tribunal Supremo se dé cuenta de que en esta ocasion, porque es de humanos además, ha cometido un error. Esta es la única pretension que nos mueve".

Josu Jon Imaz, en su comparecencia de los martes tras el Consejo de Gobierno se refirió a las presiones que esta sufriendo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dijo que la división de opiniones en este tribunal sobre la admision o no a tramite de la querella contra Atutxa, Knorr y Bilbao sólo puede escandalizar a quienes quieren politizar y manipular la Justicia. "Parece que el Gobierno Aznar no puede tolerar que haya jueces independientes, le molesta que haya jueces que tomen sus decisiones como decia el presidente del TSPJV, de acuerdo con el imperio de la ley".

Y también ayer, el ministro de Hacienda, amenazó con emprender acciones judiciales después de dos horas de reunión con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, en las que no hubo acuerdo sobre el Cupo.