PAIS VASCO

Culminaron cuatro meses y medio de cárcel y 21 días de ayuno
No habrá extradición a España. Llona quedó libre; se hizo un poquito de justicia, dice

La Jornada

Después de cuatro meses y medio de permanecer detenido en el Reclusorio Sur con fines de extradición a España por sus presuntos vínculos con la organización vasca ETA, y su supuesta participación en un atentado ocurrido el 24 de junio de 1981, en el pueblo guipuzcoano de Tolosa, ayer Lorenzo Llona Olalde recuperó su libertad luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó su entrega al país ibérico.

Acompañado por sus familiares y abogados, el ciudadano mexicano de origen vasco, con 10 kilos menos de peso a causa de los 21 días que pasó en huelga de hambre, abandonó la cárcel a las 16 horas con la convicción de que en su caso el gobierno federal finalmente hizo ''un poquito de justicia''.

Visiblemente cansado y ''aturdido por el hambre'', Llona aprovechó el encuentro con los reporteros para enviar un mensaje al presidente Vicente Fox Quesada: ''Sin rencor le digo que antes de creer en las opiniones o peticiones que cualquier gobierno le pueda presentar, primero está la defensa de un ciudadano mexicano. El Presidente no debe permitir que se cometan más injusticias, como lo fue en mi caso. Le pido que no anteponga los intereses económicos de empresarios de otros países a los derechos y dignidad de los mexicanos''.

Solidaridad con vascos

Asimismo pidió al mandatario ''que se dé cuenta de todas las injusticias que está cometiendo (el país ibérico) con mis compañeros de origen vasco que están en España. Entiendo que el gobierno español le tiene un enorme coraje a los ciudadanos de origen vasco, pero Fox no debe permitir que ese coraje se transmita a México, que siempre ha sido un país solidario con las causas justas''.

Desde el pasado 27 de abril, Llona Olalde permanecía en el Reclusorio Sur en espera de que concluyera su proceso de extradición a España, país que le imputa haber participado en un atentado de la ETA ocurrido el 24 de junio de 1981, en el pueblo guipuzcoano de Tolosa, que dejó tres personas muertas.

Su abogada, Bárbara Zamora, presentó en tiempo y forma varias pruebas de descargo, entre las que destaca el que su cliente se encontraba en México el día en que ocurrió el triple homicidio que España le atribuye. Sin embargo, el juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, opinó en su momento que sí procedía la extradición, porque supuestamente el país ibérico cumplió con todos los requisitos del tratado en la materia firmado entre ambas naciones.

Al salir del reclusorio, Llona Olalde también tuvo una opinión respecto al proceder del juzgador:

''Aunque al final se hizo un poquito de justicia conmigo, tengo que decir que empecé a sentir desconfianza de las autoridades mexicanas desde el momento en que descubrí las hipocresías del juez, quien primero me dijo que haría justicia, y luego (el 27 de agosto) me notificaron que había aceptado mi extradición. Tres días antes de que emitiera su opinión jurídica, mi esposa fue a platicar con él y (el juzgador) le dio ánimos y se solidarizó con ella, todo para que al final, de la manera más arbitraria, determinara que sí procedía mi extradición''.

Un día después de que Llona se enteró que el juez notificó a la SRE que era legal su extradición, el mexicano inició una huelga de hambre en protesta por ''tanta injusticia en mi contra''. Ayer, al recuperar su libertad, Llona destacó el apoyo que le dieron varios sectores de la sociedad y algunos medios de comunicación. ''Cuando notas que la injusticia existe, que te sientes solo, aunque también notas el apoyo de la gente, te queda hacer algo para sumarte a ese esfuerzo y no quedarte esperando en una celda sin hacer nada''.

Por su parte, su abogada, Bárbara Zamora, indicó que está analizando interponer una demanda ante instancias internacionales contra el gobierno de España.

-¿Cuándo la interpondrán y contra quién? -se le preguntó a la abogada.

-Todavía lo estamos analizando y sería contra el presidente José María Aznar y el juez español que ordenó la aprehensión y luego solicitó la extradición. Por los caprichos de esas autoridades Lorenzo Llona estuvo en prisión casi cinco meses sin ningún motivo, sin ninguna razón jurídica.

Además, tenemos el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sí analizó las excepciones que en su momento no tomó en cuenta el juez Castillo Mendoza. Eso demuestra que nunca hubo motivos fundados para que Llona Olalde fuera privado de su libertad, y mucho menos extraditado a España; en ese sentido vamos a proceder jurídicamente.

Llona, quien tiene esposa e hijos mexicanos, refirió que hubo momentos dentro de la cárcel en los que se arrepintió de haber llegado al país, a principios de los 80, cuando el presidente López Portillo lo apoyó a él y a un centenar de vascos para que recibieran visas FM-2 y pudieran conseguir empleos en territorio nacional.

''Fue totalmente injusto que después de vivir en México durante 23 años, luego que me apoyó López Portillo para que viviera y trabajara aquí, y sentir ese orgullo de ser mexicano, me hayan tomado como si fuera un perro, sin darme derecho a nada y encarcelarme sólo porque el gobierno español dijo que yo era un delincuente. Por eso, estando encarcelado llegué a pensar que si salía me iría a Argentina, donde nació mi padre, porque uno se siente hundido luego de que ve que las autoridades mexicanas no toman en cuenta el tiempo que llevaba trabajando aquí sin interferir en temas políticos. Desde que llegué a México se me aconsejó que me mantuviera al margen de los asuntos políticos del país, y fue lo que hice. Y todo para que al final me paguen con la cárcel sólo por quedar bien con España, pues no se vale'', puntualizó.

Recordó que, desde febrero pasado, dos personas vestidas de civil y con acento español acudieron a su domicilio para proponerle que ''por las buenas colaborara con España'' para localizar a ciudadanos vascos integrantes de ETA, de lo contrario ''me iba a arrepentir porque ya tenía allá una orden de aprehensión''. A cambio le ofrecieron becas para sus hijos y apoyos económicos. Ante la negativa de Llona, después de la visita de los españoles ''sentía que alguien vigilaba mis pasos. Después, la policía mexicana me agarró de la forma más fea. Yo percibía (al personal de) la PGR como que eran mis enemigos naturales''. Sin embargo asegura que ''después de esta amarga experiencia'' seguirá viviendo en México, pues así lo decidió con sus familiares.

Sabe que no será fácil ''volver a empezar'' y dice que continuará luchando por mantener una familia integrada y feliz. ''Seguiré trabajando como siempre lo he hecho desde que llegué, hace más de 20 años''.

Terminó la pesadilla

Tomados de sus brazos, la esposa y uno de los tres hijos de Lorenzo Llona señalaron: ''Este es uno de los momentos más felices de nuestras vidas'', y añadieron que seguirán apoyando al padre de familia a quien calificaron de ''un gran ser humano con sólidos principios y virtudes''.

Guadalupe Orozco, esposa de Llona, aseguró no sentir rencor contra las autoridades mexicanas. ''Espero que a partir de la situación de mi esposo el gobierno de México no vuelva a hacerle caso a países como España respecto a casos de extradición, sobre todo sin recibir pruebas fundamentadas que comprueben la presunta culpabilidad de quien sea solicitado. La injusticia que se cometió con mi marido debe ser un antecedente bien fuerte para que el Presidente se dé cuenta de que antes que nada debe apoyar y querer a los mexicanos'', concluyó.

Pruebas desechadas por el juez 15, base para esa decisión La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó ayer la extradición a España de Lorenzo Llona Olalde, por considerar que con su entrega podrían violarse garantías fundamentales que la Constitución otorga al ciudadano naturalizado mexicano.

En un comunicado de prensa, la dependencia informó que la decisión del canciller Luis Ernesto Derbez fue producto ''de un profundo y detallado análisis'' tanto de documentos que presentaron las autoridades españolas como de ''elementos supervenientes'' a los que la SRE tuvo acceso ''en fecha muy reciente''.

Sin embargo, fuentes oficiales revelaron que la base para negar la extradición se sustentó en el análisis de las pruebas que no quiso valorar el juez 15 de distrito, Ranulfo Castillo Mendoza, con las cuales se demostraría que Llona estaba en México el día de los hechos que se le imputan.

Según las fuentes consultadas, la cancillería consideró que ''había dudas razonables que favorecen a Llona sobre su presencia en España en la fecha en que se realizó el atentado, ya que se exhibieron documentos que acreditan su presencia en México el día de los hechos, y la SRE los consideró lo suficientemente válidos para negar la extradición''.

En tanto, en su comunicado de prensa, Relaciones Exteriores estableció un deslinde con la que denominó una ''acertada opinión'' del juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, quien el pasado 27 de agosto emitió una declaración favorable a la extradición.

La secretaría ''consideró y valoró detenidamente'' la opinión del juzgador, la cual -en su opinión- se apegó estricta y fundadamente en los términos del tratado bilateral entre México y España, pero negó la extradición luego de analizar disposiciones constitucionales, legales y de los acuerdos en cuestión.

Asimismo remarca que atendió -para negar el pedido de la justicia española- ''los criterios jurisprudenciales aplicables y los elementos que potencialmente pudieran interferir con las garantías consagradas en nuestra Constitución''. De manera específica, precisa, se atendió el principio de ''jerarquía de las normas'' que, aunque no lo menciona, era uno de los elementos fundamentales a los que apeló la defensa de Lorenzo Llona.

Así, mientras Relaciones Exteriores insiste en que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado la constitucionalidad del tratado bilateral entre México y España, y que la solicitud de extradición en los términos acordados entre ambos países es válida, algunas ''garantías constitucionales fundamentales del reclamado podrían haberse violado con su entrega'' a las autoridades españolas.

Llona Olalde fue notificado ayer a las 13 horas de esta determinación.

Por último, la cancillería apunta en el último párrafo de su comunicado que este proceso no guarda vinculación con la petición que también ha formulado el gobierno de España en contra de seis presuntos miembros ''del grupo denominado ETA'', apenas en junio pasado, el cual se analiza en un juzgado de distrito de esta capital.

Un vasco en México

Llona Olalde llegó a México en diciembre de 1980, con un grupo de vascos. El, como sus compañeros de viaje, fueron asilados por el gobierno de José López Portillo. El se nacionalizó mexicano en 1993; sin embargo, los problemas comenzaron en febrero de este año, cuando policías españoles llegaron a su domicilio en la ciudad de Zacatecas para presionarlo y exigirle, a cambio de no extraditarlo, que les proporcionara datos de otros vascos residentes en territorio mexicano. Durante la visita fue advertido de no avisar a nadie o en caso contrario él y su familia sufrirían las consecuencias.

Dos meses transcurrieron y a las 11 de la mañana del 3 de abril, el mexicano de origen vasco fue detenido por ocho elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cuando salía de su casa. Su esposa, Guadalupe Orozco, nada pudo hacer para impedir la aprehensión y el cumplimiento de la orden de detención provisional con fines de extradición, que giró el juzgado 15 de distrito, con sede en la ciudad de México.

Inclusive, según los testimonios recabados en aquellos días, Asier Llona, de 19 años, hijo de Lorenzo, fue encañonado para impedir que a bordo de su vehículo siguiera la camioneta Suburban en la que su padre fue conducido hasta el aeropuerto de Zacatecas.

Para lograr su extradición, sin considerar si era mexicano o no, y sin las pruebas suficientes sobre su estadía en España en la fecha que se asegura estuvo allá, el gobierno ibérico lo acusó de haber participado en un atentado cometido por la organización vasca ETA, que se cometió el 24 de julio de 1981, en el poblado de Tolosa, en Guipúzcoa.

Desde el principio de su encarcelamiento, Llona Olalde, su familia y su abogada, Bárbara Zamora, aseguraron que en la fecha en la que se habría cometido el atentado el vasco nacionalizado mexicano estaba en México, y tenía pruebas documentales que demostraban que había realizado trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el inicio del proceso judicial en el cual el juez 15 de distrito emitiría una opinión técnico jurídica en torno a si era válido o no otorgar la extradición de Llona Olalde, el caso estuvo plagado de irregularidades, pues a pesar de que su defensa solicitó al INM el expediente migratorio y se acordó que éste sería entregado en un plazo de tres días, los documentos fueron proporcionados por lo menos cuatro días después.

Asimismo, en el juzgado se aceptó la petición de extradición a pesar de que carecía de los requisitos mínimos para solicitarla, ya que contenía ''copias simples'', y ni siquiera adjuntaba fotografías del reclamado, indicó en mayo la defensa de Llona. Sin embargo, Guadalupe Orozco entregó a Bárbara Zamora no sólo los documentos del INM que muestran a Llona Olalde en México en las fechas que se le imputaba haber participado en el atentado, sino también recibos de pago del primero de junio de 1981, que demuestran que su marido estaba laborando en la empresa maderera El Bajío, así como documentos de los trámites que en esas fechas realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 5 de junio de este año, el juez 15 de distrito, Ranulfo Castillo, notificó a Llona la solicitud formal para extraditarlo. Según la abogada Zamora, la acusación se sustentaba en ''la declaración de una persona que en ningún momento nombra a Lorenzo en esos hechos''.

Fue hasta el 6 de agosto cuando el juez Ranulfo Castillo Mendoza recibió de la Procuraduría General de la República (PGR) las fotografías originales en las que supuestamente aparece Llona Olalde, como prueba para conseguir la extradición. La defensa alegó que éstas fueron aceptadas fuera de tiempo. Su queja en nada cambió la decisión del juez.

Tampoco valieron las protestas que la defensa realizó, porque las pruebas a favor de Llona no fueron analizadas por el juez Castillo Mendoza.

El 27 de agosto, Ranulfo Castillo notificó a Llona que procedía su extradición. Un día después, el mexicano de origen vasco inició una huelga de hambre que duró 21 días.

Hasta ayer por la mañana, Llona continuaba con su protesta; su defensa había entregado a la cancillería las pruebas que el juez Castillo no había valorado, y estaba a la espera de la resolución.

Hoy, Lorenzo Llona Olalde está libre y de regreso en su negocio, dedicado a la comercialización de queso menonita en Zacatecas.

''Abuso de autoridad''

El juez decimoquinto de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, quien se manifestó por la procedencia de la extradición de Lorenzo Llona Olalde, ignoró en su momento ''documentales públicas'' -documentación certificada del Instituto Nacional de Migración (INM)- que demostraban que el vasco naturalizado mexicano había realizado personalmente los trámites para la obtención del documento FM 3 los días 24, 25 y 26 de junio de 1981, por lo que era imposible que cometiera el asesinato que le imputa la justicia española.

De acuerdo con juristas consultados, el que Castillo Mendoza no haya tomado en cuenta la documentación oficial a la hora de emitir su opinión favorable a la entrega del ciudadano mexicano de origen vasco a las autoridades españolas, sería suficiente para denunciarlo penalmente por ''abuso de autoridad''.

Esta conducta del juzgador contrasta con las distinciones que ha recibido en su carrera profesional que son: reconocimiento al servidor público por probidad en la impartición de justicia en 1996, y reconocimiento académico en los años 1994 y 1995.

Nacido el 12 de marzo de 1957, el juez decimoquinto de distrito en materia penal se inició en el Poder Judicial de la Federación como oficial administrativo y actuario judicial; posteriormente pasó a ser actuario judicial y secretario de juzgado en materia penal y laboral en diversos juzgados y tribunales. Como resultado de los exámenes ''de opción múltiple'', fue designado por el Consejo de la Judicatura Federal juez octavo de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, y recientemente juez decimoquinto de distrito en materia penal.