PAIS VASCO
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12 de julio del 2003
Archivada la querella por torturas contra la guardia civil. Siete años despues aún sufre un trastorno por estres postraumatico cronico
María Atxabal: «Antes de volver a pasar por la incomunicación, prefiero que me maten»
Gara
Al valorar la decisión de la Audiencia de Madrid de archivar la querella por torturas presentada hace tres años contra la Guardia Civil, María Atxabal aseguró ayer que se siente «completamente indefensa» Ella fue detenida en 1996 acusada de «colaboración con ETA» y absuelta doce meses más tarde. Siete años después, la vecina de Bilbo sufre un transtorno por estrés postraumático crónico, por el que requiere tratamiento médico. «Antes de pasar por la incomunicación, prefiero que me maten», subrayó ante la prensa una emocionada Atxabal, que reconoció que se siente indefensa.
La vecina de Bilbo María Atxabal, que hace casi tres años presentó una querella para denunciar las torturas sufridas por parte de la Guardia Civil cuando fue detenida en 1996, se mostró profundamente emocionada durante la rueda de prensa en la que tanto ella, como su abogado, Jaime Elías, comunicaron que la demanda ha sido archivada por el Juzgado número 2 de la Audiencia de Madrid, que argumenta que «no pueden darse por acreditados los hechos que motivaron la interposición de la querella».
Elías recordó que cuando interpusieron la querella, además del «desgarrador relato de los hechos», adjuntaron a la misma un completo informe médico realizado por reputados especialistas, que no dejaba lugar a dudas sobre el estado en el que había quedado Atxabal tras su paso por dependencias de la Guardia Civil, las secuelas derivadas de esa experiencia y las razones «extremadamente traumáticas» de esa situación.
Atxabal, que siete años después de los hechos sufre un trastorno por estrés postraumático y está siguiendo un tratamiento sicológico, aseguró entre lágrimas que se siente «totalmente indefensa. Siento mayor impotencia que hace tres años».
La vecina de Bilbo tuvo que leer ante los medios un escrito redactado por ella misma la noche anterior ya que, según explicó, «me han cambiado la medicación y estoy un poco dispersa mentalmente».
«Aún con el corazón en carne viva y con las heridas sin cicatrizar», afirmó que «hay una gran injusticia. Veo que existen clases a la hora de impartir Justicia». Señaló que «con las torturas intentaron destruirme como persona, pero no lo consiguieron. Con esta sentencia, con argumentos absurdos, intentan lo mismo, intentan destruir esa parte de mí, de mi vida, que no pudieron destruir hace siete años».
«Si decir lo que siento me va a suponer volver a prisión, estoy dispuesta a ello, pero si para ir a prisión tengo que volver a pasar por la incomunicación, prefiero que me lleven a la cárcel muerta y que alguien me ayude a morir».
Así de tajante se expresó, tras recordar que pasó un año en la cárcel antes de ser absuelta de los cargos que se le imputaban.
«Necesito poner mi grano de arena para que no se den las circunstancias, como la ley antiterrorista, que permitan que infiernos como el vivido por mí se sigan repitiendo», comentó al explicar las razones que la empujaban a seguir adelante.
Por su parte, el abogado Jaime Elías, ante la cantidad de pruebas forenses presentadas en la querella y el propio testimonio de Atxabal, «coherente y sin contradicciones», preguntó «qué se necesita para que un tema de estos sea juzgado». Añadió que «es lo único que pedimos: que se pueda juzgar, que se haga justicia».
Además, el letrado de Atxabal recordó que «hay recomendaciones de la ONU, de Amnistía Internacional y de otras organizaciones que dicen que no puede haber espacios de impunidad, de incomunicación, que permiten situaciones como la que denunciamos aquí».
A lo largo de estos años, María Atxabal ha contado con el apoyo de varias organizaciones sociales y sindicales, como Elkarri, Pastoral Penitenciaria, Gesto por la Paz, Salhaketa, ELA, LAB, IRSE y Bilbo Etxezabal. Algunos de ellos tomaron la palabra ayer para mostrar su respaldo, como el director de Derechos Humanos de Lakua, Txema Urkijo, y la edil de Bilbo Julia Madrazo, que recordó que los grupos municipales de PNV, EH, ICV, EA e IU hicieron público un comunicado de denuncia en 2001. -