PAIS VASCO

Entrevista a Bárbara Zamora y Santos García, defensores de los ciudadanos vascos detenidos en México por orden del juez Baltasar Garzón
"Garzón quiere el premio nobel de la paz, por eso persigue tanto a los vascos como a los militares argentinos"
Laura Waldino
Resumen Latinoamericano
El pasado 1 de setiembre el Estado español ratificó el pedido de extradición a los seis ciudadanos vascos y tres mexicanos apresados en julio pasado en México, por pedido del juez Baltasar Garzón. El mismo día, eran liberados los militares argentinos responsables de crímenes de lesa humanidad, ya que en este caso el gobierno de José María Aznar no hizo lugar a los requerimientos del juez. Los abogados Bárbara Zamora y Santos García, integrantes del equipo jurídico "Tierra y Libertad" que defiende a los ciudadanos vascos, analizan aquí esta situación y opinan sobre el rol del juez Garzón en la política mexicana y la vigencia de la lucha por los derechos humanos en ese país.

En el caso de sus defendidos, concluyen que se trata de "una supuesta lucha internacional contra el terrorismo, y el cumplimiento de un tratado de extradición entre México y España que viola hasta lo más elemental de la Constitución Mexicana y las convenciones internacionales sobre respeto a los derechos humanos". Mediante ese acuerdo, se permite la detención de personas investigadas por el Reino de España hasta por 60 días sin acusación formal de ninguno de los dos países, y por lo tanto sin presentar pruebas.

En estos casos, la única posibilidad de defensa es el amparo judicial, que impide que los detenidos sean inmediatamente trasladados a España. De no mediar este procedimiento, "se los llevan de manera clandestina, directamente al aeropuerto, en una especie de secuestro. Al día siguiente ya están en Madrid", explica Bárbara Zamora.

El tratado de extradición fue modificado en el año 2001, cuando se suprimió un párrafo completo donde se exigía al gobierno español que probara la participación de los sospechados en un hecho concreto. Hoy Garzón puede argumentar que los detenidos formaban parte de una red financiera de la ETA por la simple posesión de cuentas bancarias personales. Además, "los montos que cuestiona son por un total de 23 mil pesos mexicanos (unos 2300 dólares), lo cual resulta ridículo para probar un financiamiento de esa índole", continúa la letrada.

Garzón confiscó las cuentas personales de cinco de los ciudadanos vascos, quienes las utilizaban para cobrar sus sueldos ya que todos eran empleados de mediano nivel en empresas mexicanas hace varios años. En el caso de la señora Asunción Gorrochategui, también detenida, ni siquiera tenía cuenta bancaria. Zamora sospecha que la información sobre estas cuentas la brindaron los mismos bancos a la policía española o a la mexicana, "lo cual implica una violación al secreto bancario, una más de las irregularidades de este proceso. Y la única supuesta prueba que presenta Garzón".

La abogada considera que estos operativos demuestran "la persecución al pueblo vasco en su lucha política que lleva a cabo desde hace mucho tiempo.

Desde la declaración de ilegalidad del partido vasco hasta estos casos que tenemos aquí". Su colega Santos García agrega que la actitud del presidente español expresa "su ideología franquista, que aplica con más fuerza en períodos pre-electorales en España".

Ambos coinciden en que el juez Garzón utiliza el discurso de los "dos demonios" y que pretende el Premio Nobel de la Paz: "por eso anda metiendo gente en la cárcel a diestra y siniestra, y pide la extradición de los militares argentinos al mismo tiempo que la de los ciudadanos vascos. Aunque probablemente no se lleve ni a unos ni a otros".

-¿Cómo fue la detención de sus defendidos?

Bárbara Zamora: Los detuvieron casi al mismo tiempo a todos, en sus casas o en plena calle. De los diferentes lugares donde vivían, en Monterrey, Oaxaca, Cancún, del Estado de México, los trasladaron al Reclusorio Norte del Distrito Federal. No se conocían antes entre ellos.

-¿Ustedes piensan que esto indicaría que la policía española está haciendo un trabajo de inteligencia en México?

Santos García: Así es, ya los tenían localizados e identificados, pero como ellos no los pueden detener utilizan el apoyo de la policía mexicana. Se los llevaron sin orden de aprehensión, es decir, sin mostrársela a los detenidos. Pero sí existía una orden directa del juez Baltazar Garzón.

B.Z.: Garzón vino personalmente a dejar la petición provisional de extradición dos días antes de que los apresaran a todos. Y luego el presidente de España José María Aznar le habló a (el presidente mexicano Vicente) Fox para agradecerle este gesto.

-¿Cuál es la situación de los tres ciudadanos mexicanos?

B.Z.: Los vinculan con los vascos, sin prueba alguna, y los mantienen "arraigados", mediante una figura legal que permite detenerlos informalmente en casas confiscadas a los narcos.

S.G.: Es peor su situación allí que en la cárcel regular, porque no pueden recibir visitas ni gozan de las pocas ventajas del sistema carcelario: campo de deportes, talleres, etc. Están hacinados, no pueden salir ni al patio y sólo se los puede visitar con un permiso de la Procuraduría, lo cual es muy difícil de conseguir.

-Hace pocos días el juez Baltasar Garzón estuvo en Chiapas y dijo, entre otras cosas, que los gobiernos autónomos de las comunidades zapatistas estaban fuera de la ley. ¿Qué opinan ustedes sobre estos dichos? ¿Es aplicable en su caso el artículo 33 de la Constitución mexicana que habilita a deportar a los extranjeros que hagan actividad política?

S. G.: En teoría es perfectamente aplicable, ya que con esas opiniones públicas está participando en asuntos internos de México. Ni siquiera su cargo le da derecho a eso. Y es su investidura la que justamente le da derecho a reclamar por ciudadanos vascos o mexicanos que viven aquí. Por mucho menos de lo que ha dicho Garzón han deportado gente bajo el artículo 33.

B.Z.: A Garzón no le incumbe para nada el tema de Chiapas ni la organización de los zapatistas, y sin embargo puede venir y decir lo que quiera. Esto demuestra que el gobierno de Fox no aplica esa ley imparcialmente.

-¿Cómo interpretan ustedes la repercusión de la extradición del represor argentino Ricardo Cavallo? ¿Puede servir como antecedente para resolver casos similares en México?

B.Z.: La extradición de Cavallo le dio una buena imagen al gobierno, y al poder judicial le da un aura de independencia política, pero todo esto es falso. Claro que es bueno que hayan extraditado a Cavallo, pero si denunciamos que el poder judicial no es autónomo y que sigue las indicaciones del ejecutivo nadie nos cree porque está el ejemplo de Cavallo, que tuvo mucha difusión. Es una buena propaganda para ellos, de una actitud que no tienen al interior de México. Pero yo no creo que llegue a cambiar gran cosa, porque aquí los militares tienen mucho poder todavía. La Suprema Corte de Justicia lleva ahora los casos de crímenes de la "guerra sucia" de los años 70 y 80, pero están analizando si esos crímenes prescribieron o no. No creo que la Suprema Corte vaya a resolver que no prescribieron, porque entonces tendrían que juzgar y castigar a los responsables. Aquí siempre hay una política de doble discurso: hacia el exterior, muy abiertos y muy progresistas, pero hacia el interior no. La fiscalía especial que se creó para investigar los delitos del pasado no ha trabajado gran cosa. Hacen "tortuguismo" para que la investigación no camine. Y allí sí aplican el artículo 20 de la Constitución que rige los derechos del procesado y les permite negarse a declarar. Amparados en eso se han reservado su declaración. Por eso, nosotros hemos pedido que los citen como testigos y no como responsables, ya que de esa forma sí tienen obligación de declarar. Pero tampoco han querido citarlos como testigos.

S.G.: Hasta Amnistía Internacional dijo hace pocos días que esa fiscalía especial fue creada para fracasar.

-¿Qué sucede con los casos actuales de represión política? Me refiero a los asesinatos de figuras políticas, líderes campesinos, abogados de Derechos Humanos, la impunidad en torno de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, etc.

B.Z.: Continuamente hay violaciones a los derechos humanos y no hay nadie que investigue eso. Esa fiscalía que mencionamos se creó para investigar los casos del pasado, pero no del presente. Con respecto a las mujeres asesinadas de ciudad Juárez, aunque no sean por causas políticas las hermana la impunidad que reina para todos los crímenes en México.

S.G.: Deberían investigarse los casos actuales, más que los del pasado. Hay casos recientes en los que si se actúa rápidamente podría llegarse hasta los responsables, que están vivos y en libertad. Incluso es posible que exista mayor represión y corrupción en este gobierno que en aquellos años.

-¿Qué difusión tienen estos casos en los medios de información?

B.Z.: Nunca son noticias de primera plana y a los pocos días ni siquiera se los menciona más.

S.G.: Hay censura y hay cosas que no salen nunca en la portada, prefieren poner una foto de Fox vestido de charro en alguna fiesta regional.

-¿Qué expectativas tienen en cuanto al respeto y a la lucha social por los derechos humanos en México?

B.Z.: Se ve muy difícil. Los asesinatos y persecusiones a luchadores sociales son constantes y pensamos que la situación se puede volver más grave todavía. Y esto lo avala el accionar de la Suprema Corte de Justicia y los dichos de nuestros gobernantes que hacia afuera pregonan la plena vigencia de los derechos en México. Aquí la única manera de que esto cambie es con la participación de toda la gente, de los campesinos, los indígenas, los estudiantes, etc. Sin organización y movilización de toda la gente no se puede parar todo esto.