Editorial de GARA

La Tesorería General de la Seguridad Social, dando una patada a la legalidad y apoyándose en un auto de Baltasar Garzón, ha decretado la sucesión de empresas entre Orain (editora de "Egin") y Baigorri (editora de GARA) y entre Hernani Imprimategia (empresa que imprimía "Egin") y Kie (que imprime GARA). La primera consecuencia de esta decisión es la de endosar una deuda de 5,1 millones de euros (más de 851 millones de pesetas) a las empresas que hacen posible que este diario acuda cada madrugada a los quioscos y exigir su pago antes del 5 de julio. El objetivo de esta actuación, de carácter eminentemente político, es claro: estrangular económicamente a GARA y provocar su cierre. El dictado de la existencia de una sucesión de empresa entre la editora de "Egin" y la de este diario no sólo atenta contra los principios legales, sino contra los de la propia lógica. Orain fue intervenida por la Audiencia Nacional y sus trabajadores acabaron en el paro. Baigorri es una empresa nueva a la que ni se le transmitió la titularidad de ninguna otra ni sus bienes. De hecho, Orain sigue existiendo, bajo intervención judicial, y por tanto nadie la ha sucedido. Todas estas afirmaciones, de hecho, están avaladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el de Nafarroa, quienes en su día ­cuando el Fogasa intentó establecer la relación entre Baigorri y Orain a fin de no indemnizar a los trabajadores­ dejaron claro que tal sucesión de empresas no existía.
Sin embargo, estas sentencias firmes de los tribunales e informes oficiales de organismos dependientes de la Seguridad Social en los que se recogen, han sido absolutamente obviados por la Tesorería General de la Seguridad Social, quien ha basado toda su argumentación en la transcripción de un auto de Baltasar Garzón, elaborado en los términos que acostumbra en este tipo de materias, con sustanciales errores y bases de actuación extrajudiciales. En principio, la decisión de la Seguridad Social debería ser revocada por los tribunales, pero ya se sabe que en cuestiones referidas a Euskal Herria la legalidad española se convierte en una materia muy elástica. Por otra parte, la interposición de un recurso no paraliza la posible ejecución de medidas tendentes a cobrar los 5,1 millones de euros, por lo que a partir del 5 de julio es posible cualquier actuación del Estado con el fin de estrangular Baigorri y acabar con el diario que tiene entre sus manos. -