Victor F
A Luchar por el Socialismo n.º 15
Euskal Herria se encuentra sometido a un verdadero estado de excepción, con la izquierda abertzale ilegalizada y reprimida y con sus publicaciones clausuradas. El curso político acabó con la ilegalización de las candidaturas municipales abertzales, el procesamiento de la Mesa del Parlamento vascongado por no disolver "Sozialista Abertzaleak" y la reiteración de graves amenazas del gobierno Aznar. El nuevo curso político, atravesado por las elecciones generales de marzo de 2004, va a estar aún más marcado por el problema vasco.

Mientras Rajoy se ratifica en la estricta continuidad de la política vasca de Aznar, el Gobierno busca ahora, a través del Supremo, privar del derecho de voto a los parlamentarios de la izquierda abertzale. Y prepara también para enero un "macroproceso" judicial, llamado a "animar" la campaña electoral y acompañar la "cruzada española" frente al plan Ibarretxe.

EL PLAN IBARRETXE

El proyecto de reforma estatutaria de Ibarretxe ha sido presentado como un plan "separatista" y "antidemocrático". Aznar repite que Ibarretxe busca lo mismo que ETA y Michavila llama al PNV "sponsor de ETA", en un anticipo de la campaña que preparan.

Pero el plan Ibarretxe no es un plan independentista o revolucionario. En realidad, es el último intento de la burguesía vasca, representada por el PNV, de encontrar acomodo en el Estado español, destino de buena parte de sus mercados. Se trata, para Ibarretxe, de pactar una nueva redistribución de poder que le sirva, a su vez, para canalizar el potente movimiento soberanista. Las reivindicaciones de la clase trabajadora vasca (para poner fin a la precariedad, a los despidos masivos y la especulación urbanística o para garantizar unos servicios públicos dignos) están ausentes del proyecto.

Tampoco quiere Ibarretxe la movilización popular. Sabe que un levantamiento soberanista popular, provocaría la desestabilización política y social, lo que no es plato de gusto de los empresarios.

Insiste en que "respetará la legalidad española", que no busca la separación sino un "pacto de convivencia, basado en la libre asociación". Que quiere consenso.

El proyecto Ibarretxe plantea entre sus puntos fundamentales: potestad vasca de organizar referéndums decisorios; libertad de relaciones con Navarra y capacidad de establecerlas con el País Vasco- francés; ley de partidos propia; poder judicial propio; marco socio-laboral vasco; participación en las instituciones europeas; cierto grado de relaciones diplomáticas; garantías de autogobierno (con organismos paritarios para dirimir las disputas) y un reconocimiento formal del derecho de autodeterminación.

Ibarretxe no tiene ninguna prisa en la tramitación del proyecto, que podría prolongarse un año. Al referéndum se le ha caído la fecha y se le condiciona a "un escenario de total ausencia de violencia". No es casual, porque el referéndum es uno de los puntos más conflictivos. Establece que, si "no se hubiera acuerdo con el Estado español, el Gobierno Vasco podrá someter la propuesta inicialmente aprobada por el Parlamento Vasco a su ratificación en referéndum". Lo que choca con la Constitución monárquica, que no admite más soberanía que la del "pueblo español" y que, además, sólo permite al gobierno de Madrid convocar referéndum.

LA IZQUIERDA ABERTZALE

La izquierda abertzale pregunta, con todas lógica, al Lehendakari «qué clase de debate es éste» cuando ellos están «ilegalizados, con las sedes cerradas, las manifestaciones prohibidas, sin poder presentarnos a las elecciones, y, depende lo que digamos, inhabilitados como parlamentarios». Rechaza con razón que la única opción que contemple Ibarretxe sea la «libre adhesión»,

cuando el pueblo debe decidir entre las diferentes opciones, incluida la independencia. Denuncia también que el plan "lleva a un callejón sin salida" ya que "la vía de la reforma estatutaria está agotada porque el Estado español no tiene voluntad alguna de negociar ningún status nuevo". Se quejan amargamente, de haber sido marginados en lugar de "compartir y acordar propuestas a la altura de las circunstancias".Y temen, como acaba de anunciar EB-IU, que Ibarretxe, ante el fracaso de la negociación, convocará no un referéndum sino unas elecciones anticipadas, "plebiscitarias", donde la izquierda abertzale, ilegalizada, no podría presentarse.

EL ESTADO NO NEGOCIA

El problema es que, por vueltas que se le dé, el régimen monárquico español no va a negociar ningún nuevo pacto. El agresivo nacionalismo de Aznar no es sólo continuidad histórica del centralismo franquista y monárquico sino expresión de la necesidad del nuevo capitalismo español. Un capitalismo cuyo núcleo duro, formado por la gran banca y las grandes empresas privatizadas, precisa de un Estado bien amarrado, centralizado y atado a sus intereses. Sin este Estado, no podrían ejercer de imperialismo de segunda, como tanto les gusta. Pero además, tampoco pueden permitirse veleidades cuando en Cataluña se ha abierto la veda, por muy "constitucionalista" que se presente, de la reforma estatutaria.

LA POSTURA DEL PSOE

El PSOE ha respondido al Lehendakari diciendo que «no hay nada que hablar del plan y hay que retirarlo, porque desborda el marco estatutario y constitucional». Al mismo tiempo, se presentan como «garantía de la unidad de España y la cohesión ».

Pero esta vez, a pesar de su corresponsabilidad en la ilegalización y represión de la izquierda abertzale y de coincidir con el PP en el rechazo frontal al plan Ibarretxe, intentan mantener un perfil diferenciado, españolista pero "dialogante". Saben que las perspectivas electorales de Zapatero dependen de los resultados de Maragall y éste no puede aspirar a ganar si el PSOE aparece como un puro calco del PP y si le falta la bandera de la reforma del Estatut. Por eso los barones del PSOE firmaron el armisticio de Santillana, que da vía libre a la reforma de Maragall, que –eso sí- guardará «una impecable adecuación a la Constitución» y un «amplio consenso social y político, tanto autonómico como en las Cortes Generales".

Pero más allá del pacto entre barones, el acuerdo de Santillana es también una señal del PSOE a sectores significativos de la burguesía periférica que, marginados por el Estado central, reclaman un lugar al sol. La dirección del PSOE temiendo, además, que la cruzada españolista de Aznar acabe provocando estragos en la "unidad española", levanta la reforma del Senado y la participación autonómica en Europa como la gran solución.

IZQUIERDA UNIDA

IU ha declarado que está contra el proyecto Ibarretxe por su "sesgo soberanista", aunque sea "un proyecto legítimo". El secretario del PCE y dirigente de IU, Francisco Frutos, fue más rotundo, al advertir que "nunca" podrían respaldar la "lamentable aventura política" de Ibarretxe, que "rompe el proceso democrático forjado en los últimos 25 años" e incluso "pasa por encima" de la posible "reforma de la Constitución". Para Frutos, antes está la Constitución monárquica que el legítimo derecho de los vascos a la autodeterminación.

Sin embargo, la dirección federal de IU tiene que lidiar con el enojoso problema de que EB-IU es socio del gobierno de Vitoria y, como tal, avala el proyecto de Ibarretxe, aunque presente un proyecto propio, "sustancialmente diferente pero no antagónico", en palabras de Madrazo. Pero si EB-IU habla de "federalismo de libre adhesión", Frutos sólo se queda con el federalismo y se le cae la libre adhesión. El desarrollo del proceso sólo agudizará las graves contradicciones de IU.

EL LEGITIMO DERECHO DE LOS VASCOS A LA AUTODETERMINACIÓN

Lo que parece claro es que, aunque se retarde el momento o se suavicen las formas, el choque entre la voluntad democrática de los vascos y la del Estado español no podrá ser evitado y todo el mundo deberá tomar posición. Por nuestra parte, tan claro como hemos indicado que el Plan Ibarretxe no es nuestro plan, estaremos con el pueblo vasco y con las instituciones vascongadas frente cualquier agresión antidemocrática del Estado español. Los vascos tienen toda la legitimidad democrática para decidir por sí mismos, sin ingerencias, sus relaciones con el Estado español. No puede hablarse de democracia mientras no se respete el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades.