Editorial. Gara
El juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la detención del mahaikide Juan Joxe Petrikorena, el ex concejal Iñigo Balda y la ciudadana Ainhoa Iñigo, a los que acusa de «colaboración con organización terrorista», «desobediencia» y «ultraje a España», por su presunta participación en la organización de la manifestación celebrada el 10 de agosto en Donostia con el lema «No apartheid, autodeterminazioa» que fue autorizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El magistrado asegura que fue Batasuna quien organizó la marcha, contraviniendo el auto de suspensión de actividades. En cualquier Estado de Derecho resultaría inexplicable que una diligencia que puede resolverse con la citación de los acusados para que declaren ante el juez sea desarrollada con detenciones nocturnas, registros de viviendas y cierre de locales. En el Estado español se abusa de medidas represivas extremas, sobre todo cuando sus víctimas son ciudadanas y ciudadanos independentistas vascos.

Las distintas medidas legislativas y judiciales que desde el Estado se vienen adoptando contra la izquierda abertzale han dado lugar a la existencia en Euskal Herria de un amplio sector social al que se le niegan todo tipo de derechos civiles y políticos. De hecho, de la lectura de los autos firmados por Garzón para justificar arrestos y registros se deduce que las personas detenidas estaban siendo objeto de escuchas telefónicas y algún otro tipo de seguimientos, que sería necesario que se precisara en qué momento y con qué fines se inician, aunque la realidad parece indicar que dicho control es permanente sobre un número elevado de independentistas vascos.

El auto de Baltasar Garzón se encamina a restringir al máximo el derecho de manifestación en Euskal Herria. No parece descabellado pensar que esta última operación tiene como fin atajar las múltiples movilizaciones que en las últimas fechas se están desarrollando convocadas por particulares y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, manifestaciones que tanto el Departamento de Interior del Gobierno de Lakua como el propio magistrado de la Audiencia Nacional han considerado una fórmula fraudulenta para burlar la suspensión de actividades e ilegalización de Batasuna. Baltasar Garzón está tratando de apretar el nudo de la soga que pretende estrangular cualquier actividad de la izquierda abertzale.