A Luchar por el Socialismo n.º 16
No hace un mes que la Sala Especial del Supremo, a instancias del gobierno, volvió a dirigirse al Parlamento vasco para exigirle la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak y para señalarle que, mientras no lo hiciera, todo asunto que tratara sería nulo. Es decir, que dejaba de existir como tal parlamento. La agresión es sin duda tremenda y, sin embargo, nadie ha abierto la boca, con la excepción de una leve protesta de IU.

Acompañando a la decisión de la Sala Especial, el Presidente del Supremo habló en la apertura del año judicial como si fuera el mismo Aznar, amenazando de nuevo con los tribunales y demás medios constitucionales contra cualquier decisión vasca soberana.

Lo cierto es que el País Vasco está viviendo un verdadero estado de excepción, dirigido principalmente contra la izquierda abertzale y apoyado en la doctrina oficial de que ETA no es una organización sino una especie de chicle que se estira hasta donde haga falta.

La última operación ha sido la detención e incomunicación (justo igual que hace 8 meses, cuando el cierre de Egunkaria) de 8 personas ligadas al euskara y a la cultura vasca, en un operativo donde han participado nada menos que 200 guardias civiles.

Pocos días antes se había desarrollado la mayor operación policial en muchos años, en la que resultaron detenidas e incomunicadas 34 personas. La acusación no era que pertenecieran a ETA sino de que ¡"ETA quería captarlos"!. Más de una decena de ellos han denunciado haber sufrido «la bolsa» y malos tratos durante la incomunicación.

También Garzón ha ordenado el encarcelamiento de las tres personas que convocaron este verano en Bilbao una manifestación ¡autorizada por los tribunales!. Para justificarlo, Garzón les acusó de "continuar la actividad de Batasuna, que forma parte de ETA". También ha procesado, por «integración en banda armada», a 21 miembros de la organización juvenil abertzale Segi,.

Les imputa 46 delitos de «terrorismo por vía de inducción», por otros tantos episodios de kale borroka.

También los tribunales han vuelto a ilegalizar 7 candidaturas municipales abertzales en Navarra para impedir que concurran en las elecciones municipales que deben repetirse este mes. Hay pueblos en que eran las únicas candidaturas que se presentaban.

Por estas mismas fechas, el "relator especial" sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Theo van Boven, ha declarado a la prensa que se comprometía a estudiar «con muchísimo cuidado» las informaciones «contradictorias» que ha recibido sobre la situación de presos y detenidos.

Tras recordar que hay sentencias condenatorias por torturas, señaló que su labor es «ver si es la punta de un iceberg o un fenómeno limitado». También declaró que analizará la situación de los detenidos en régimen de incomunicación, lo que «facilita la tortura», y la dispersión de presos, que «en sí misma ya es una forma de maltrato».

El gobierno Aznar no tiene ninguna intención de frenar esta escalada, que ha recibido el apoyo público de la patronal española, cuyo Presidente acaba de elogiar la ilegalización de Batasuna y el cierre de diarios vascos y animar al gobierno a suspender la autonomía vasca, si fuera preciso para evitar "la quiebra de España".

Lo más lamentable de este penoso espectáculo es el silencio cómplice de la izquierda oficial española ante este estado de excepción de hecho que sufre el País Vasco y que se ha convertido en parte de la "normalidad democrática" española.

¡No a la represión en el País Vasco!