Marcos Roitman Rosenmann
Rebelión

Es difícil evaluar una acción política de ETA. Desde el gobierno y el pacto antiterrorista se ha insistido en calificar a sus miembros de pertenecer a una banda armada y criminal. Cualquier juicio de valor acerca de sus actuaciones debe enmarcarse bajo esta perspectiva. De tal forma que no tiene sentido interpretar o comentar ningún comunicado o acción en términos políticos de una banda que se cataloga está compuesta por asesinos. Como delincuentes no tienen cabida. Sometidos al corsé de esta estrategia, el gobierno del Partido Popular muestra su peor rostro. Si antes criminalizó a quienes difundieron comunicados de ETA, llevándolos a los tribunales y consiguiendo sentencias favorables con penas de cárcel para sus difusores, hoy deberían se-guirse los mismos pasos para los miembros de la presidencia de gobierno y demás responsables del partido oficial que divulgan el video de ETA hablando de la tregua en Cataluña. Su uso por las televisiones públicas y privadas, estatal o autonómica, cuenta con el beneplácito del gobierno.

Pero eso no es todo. Hasta ahora existía un acuerdo tácito, al menos entre los dos grandes partidos nacionales, el Socialista Obrero Español (PSOE) y el Popular, de no comentar o aludir en su política las acciones emprendidas por ETA, menos aún ha-cer uso electoral del problema. La única respuesta admitida ha sido la descalificación total de cualquier iniciativa lanzada por los etarras. Esta estrategia, desarrollada durante las dos legislaturas anteriores, culminó con la aprobación de la nueva ley de partidos políticos y la ilegalización de la coalición Batasuna.

A la luz de los acontecimientos pasados, este consenso respecto de ETA se ha roto. Ahora se busca sacar provecho de sus de-claraciones en función de estrategias electorales. Factor importante en esta coyuntura es dotar de significado político el último comunicado emitido por la organización vasca. No olvidemos que tras la reunión con Josep Lluis Carod-Rovira, ETA también redactó un comunicado, en esa ocasión considerado irrelevante para la política nacional, donde se aclaran los términos del encuentro. En él se desmentían, por ETA, las acusaciones de José María Aznar y de su gobierno al interpretar dicho diálogo como principio de negociación para conseguir un alto del fuego o tregua en Cataluña. Sin embargo, la voluntad política del Ejecutivo y sus aliados consistió en desconocer, hacer oídos sordos y no dar credibilidad, a dichas afirmaciones lanzadas por la dirección de ETA. Las declaraciones se tiraron al cesto de los papeles y nuevamente se sentenció: ¿Qué credibilidad pueden tener unos asesinos y terroristas?

Con estos argumentos el Partido Popular desestimaba, como lo venía haciendo hasta ese momento, cualquier tipo de manifestación de ETA. Nada había cambiado para conferir, según Aznar, credibilidad a una organización de maleantes y criminales. Pero de la noche a la mañana muta su ra-zón política. Ahora lo que dice ETA puede ser considerado un documento político legítimo y válido para ser utilizado en los debates. No hay porqué desestimarlos, ya que se acercan a la interpretación del Partido Popular.

Resulta sospechoso observar cómo desde la cúpula dirigente del Partido Popular se alude a las palabras de ETA dotándolas de credibilidad política. Mas allá de su contenido, la forma con que se instrumenta la declaración es muy similar a la manera como se manipuló la información acerca de las armas de destrucción masiva existentes en Irak. Sólo que en esta ocasión lo que se pone en entredicho, al continuar manipulando los hechos, es la lucha contra ETA diseñada al interior del pacto antiterrorista firmado por el Partido Popular y el PSOE.

Si se trataba de no condicionar la vida política del país a la agenda de ETA, de no ceder espacios, de aislar y reducir al grupo a un problema terrorista, han fracasado en sus objetivos. Vincular el comunicado de una tregua a la reunión que mantuvieron sus responsables con el secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, Carod-Rovira, es un ejercicio de ingeniería política. La estrategia del Partido Popular es clara. Sacar provecho en momentos de debilidad y convertir el anuncio de ETA en un arma en contra de Esquerra Republicana de Catalunya, cuya fuerza aumenta día a día. No es tanto contra el PSOE, aunque tampoco amarga un dulce. Cualquier ma- niobra es tolerable durante una campaña electoral y si se circunscribe a esa coyuntura. Lamentablemente para los intereses de la paz y la solución del laberinto vasco, en nada ayuda la posición del partido de Az-nar, más destinada a sacar provecho político a costa de cualquier cosa que comprometido con solucionar el problema a media-no y largo plazo. El presidente del gobierno español y sus correligionarios son víctimas de su propia mentira y deben una explicación a la ciudadanía al cambiar su política para ganar unas elecciones, cuyo resultado le permitiría seguir gobernando España.

Por otro lado, el PSOE acusa el golpe en un momento en que sus posibilidades de ganar, o al menos evitar una mayoría absoluta del Partido Popular, eran ostensibles. Nadie duda del desgaste de Aznar y la inconsistencia de Mariano Rajoy. Para evitar un descalabro electoral y verse lanzados a la oposición, el Partido Popular encuentra en ETA un aliado para sus objetivos, y no duda en tomar su palabra para argumentar en su favor. El problema es de fondo. El pacto antiterrorista defendido por el partido en el poder y el PSOE ya no tiene validez en el contexto actual. La acción del gobierno supone un salto cualitativo. Si se reconoce el papel político de ETA debe ser consecuente con ello. ¿Llamará a un diálogo tras las elecciones?

Por último, otra lectura es posible. No cabe duda que cualquier llamado a la tregua, si es consecuencia, como señala el Partido Popular y sus aliados menores, de las conversaciones de Carod-Rovira, bienvenida sea. La lección está clara. Si dialogando se deja de matar, aunque sea en Cataluña, ¿qué espera el gobierno de la nación para dialogar y abrir una puerta que dé solución y alternativa al conflicto?

Supongo que es lógico que esta manera de enfocar el problema no guste. Pero lo cierto es que así se estaría dando un paso adelante. No se trata de avalar el comunicado, ni dar saltos de alegría, simplemente de reordenar en clave política el siguiente paso que debe dar el gobierno en función de su propia actuación, tras el uso político del comunicado de ETA. Todos esperamos con ilusión que lo haga y no retroceda. Es decir, que reconozca el problema vasco como político y abandone su concepción criminal y antiterrorista.