El Consejo de Ministros del Estado español ha acordado hoy presentar un "recurso de inconstitucionalidad "contra el proyecto de reforma del Estatuto a la vista de un informe del Servicio Jurídico que señala que la propuesta "vulnera la Constitución en más de cien puntos", según ha dicho el ministro de Justicia, José María Michavila.

Michavila ha añadido que el Gobiernoespañol también ha decidido recurrir al Constitucional un eventual acuerdo del Parlamento de Gasteiz que acepte tramitar el proyecto de reforma estatutaria en la Cámara.

La presentación efectiva del recurso no se producirá antes del próximo 4 de noviembre, ya que es la fecha en la que la Mesa del Parlamento de Gasteiz tiene previsto estudiar la toma en consideración de la propuesta.

Michavila ha explicado que el Gobierno español tiene un plazo de dos meses para formular el recurso contra la propuesta, a contar desde su aprobación, y que lo hará "cuando lo considere oportuno".

El ministro también ha indicado que en los encuentros recientes de representantes del PP y del PSOE se ha tratado esta cuestión, y que ambas partes "comparten la necesidad de garantizar los valores constitucionales".

Además, Michavila ha pronosticado que el Tribunal Constitucional español suspenderá la tramitación del proyecto, tras la presentación del recurso, aunque ha matizado que se trata de una competencia del alto tribunal.

El Gobierno considera que tiene capacidad jurídica para recurrir la propuesta porque, según el Michavila, se trata de un acuerdo de Lakua presentado como una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, de acuerdo al artículo 46 de dicho texto legal, pero que en realidad camufla una reforma constitucional que intenta "una mutilación y una ruptura unilateral", ha agregado el ministro.

El informe del Servicio Jurídico del Estado español en el que se basará el recurso señala que el el llamado "plan Ibarretxe" realiza "más de cien quebrantamientos" de la Constitución, española que, simpre según este informe, abarcan cinco materias: "procedimientos constitucionales; instituciones; relaciones de reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas; principios básicos de la democracia y valores esenciales de la Constitución".

Estas infracciones se basan, según José María Michavila, en los siguientes puntos:

En primer término, la Abogacía del Estado cree que el proyecto "no respeta los procedimientos fijados por la Constitución y el Estatuto para iniciar una reforma constitucional, al camuflarla como una reforma estatutaria".

Como segundo ámbito, "trata de mutilar instituciones de la convivencia democrática que afectan a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En este último campo, pretende incluso crear un Consejo General del Poder Judicial vasco".

En cuanto al "reparto competencial entre el Estado y las autonomía"s, la propuesta vulnera, según la Abogacía, "disposiciones constitucionales en materias tan importantes como sanidad, educación, seguridad social, deuda al Estado, unidad de caja, costas, puertos, aeropuertos, seguridad pública, tráfico, energia, museos o inmigración".

"Principios básicos de la democracia"

Para Michavila, "es aún más grave" que el la propuesta de reforma estatutaria "vulnere principios básicos de la democracia, la Constitución y la convivencia". Ha citado, por ejemplo, el punto de la Constitución española en la que se considera que "la soberanía reside en el pueblo español".

En este sentido, Michavila ha subrayado que la propuesta entrega este derecho a un "pueblo inventado".

En quinto lugar, según el informe, el llamado "plan Ibarretxe" quebranta "el principio de lealtad constitucional y el de seguridad jurídica".

Josu Jon Imaz afirma que el recurso evidencia un "estado de exceptión democrática"

El portavoz de Lakua, Josu Jon Imaz, ha asegurado hoy que el anuncio por parte del Giobierno español de recurrir el proyecto de reforma estatutaria ante el Tribunal Constitucional supone un "estado de excepción democrática" ante el que deberán posicionarse todos los partidos políticos, en especial el PSE.

Imaz, que ha ofrecido una conferencia de prensa en Donostia, ha señalado que el Gobierno de Madrid pretende negar el diálogo y el debate sobre proyectos políticos legítimos y legales.

Ha anunciado que Lakua esperará a que "se sustancie" la presentación del recurso y ha expresado su confianza en que no sea admitido "siquiera a trámite en el caso de que todavía quede algún jurista en el Tribunal Constitucional".