Armando G. Tejeda
La Jornada

Antes de que finalice este año en España será considerado "delito" con penas de cárcel de hasta seis años la convocatoria de referéndum u otra modalidad de "consulta popular", anunció el go-bierno de José María Aznar, que comenzó en solitario la modificación del Código Pe-nal para atajar la evolución del debate del llamado Plan Ibarretxe.

Con excepción del gobernante Partido Popular (PP, derecha), todas las formaciones rechazaron tajantemente la medida, que tildaron de "aberración jurídica y política" que vulnera la "esencia misma de la democracia", que el gobierno aspira a que entre en vigor el 23 de diciembre.

Sin previo aviso ni consultas con los partidos de oposición, el gobierno de Aznar aprobó hoy en el Consejo de Ministros una reforma del Código Penal, con la que pretende ilegalizar y tipificar como delito las acciones emprendidas por el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que presentó un plan para reformar la relación institucional con el Estado español e impulsar así la pacificación del histórico conflicto.

En esta ocasión, el PP utilizará su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado para llevar a cabo una nueva modificación jurídica de carácter "coyuntural", al crear una nueva ley ad hoc para atacar la expansión del nacionalismo vasco y el reclamo de autodeterminación e independencia.

La reforma jurídica tiene dos objetivos: impedir la celebración de un referéndum o consulta popular en el País Vasco y evitar con nuevos criterios legales el financiamiento público que todavía recibe el grupo parlamentario Socializtak Abertzaleak (su-cesor de la ilegalizada Batasuna), con alegato de nexos con el "terrorismo".

El ministro español de Justicia, José María Michavila, fue el responsable de redactar la citada reforma, que sí consultó con la cúpula judicial española, nombrados por Aznar y que se ha caracterizado por el apo-yo irrectricto a sus iniciativas judiciales.

Esto significa que en el caso de que Ibarretxe lleve a cabo la consulta popular sobre su plan de reforma del Estatuto, podría ser encarcelado por hasta seis años.

Ante la nueva embestida de Aznar contra el País Vasco, Ibarretxe señaló en un pleno del Congreso regional que "deplora" que el "PP piense que los vascos no tienen derecho a decidir su futuro, ni siquiera a ser preguntados sobre su futuro", por lo que le ad-virtió que "si este Parlamento, producto del debate, cree oportuno plantear un nuevo estatuto se consultará a la sociedad vasca".

Emilio Olabarría, diputado del Partido Na-cionalista Vasco, añadió que "el Estado español está dispuesto a prescindir de la legalidad y de la democracia para abortar" el Plan Ibarretxe, ya que la reforma anunciada supone "la degeneración más extrema que cabe en el derecho penal, porque éste es universal y só-lo se puede referir a conductas, no a personas, y nunca a proyectos políticos".

Por tanto, sostiene el parlamentario, "esto es la negación de la democracia, de todos los fundamentos axiológicos del derecho punitivo, y acredita que el Estado español está dispuesto a prescindir de la legalidad".

El principal partido opositor, el Socialista Obrero Español, criticó que Aznar no le haya consultado sobre la reforma, que "desde el punto de vista formal no es positiva, porque lo razonable es que el gobierno trate con la oposición medidas tan importantes, así que con atención vamos a estudiarla".

El líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, señaló que "el Consejo de Ministros del PP ha perdido la razón, y en vez de decidir políticamente las cuestiones que afectan al país lo que hace es buscar, como en la película de Berlanga, que la solución a los problemas sea todos a la cárcel".