El Gobierno español ejecutó ayer la presentación del recurso contra el proyecto de Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional. En ese momento, el ministro de Justicia, José María Michavila, quiso dejar claro que se trata únicamente de «la primera medida» dentro de lo que denominó como «respuesta de la democracia frente a un plan totalitario». Al hilo de ello, avanzó que no se descarta ninguna otra opción. José María Michavila, pese a todo ello, incidió en que «no se trata de impedir ningún debate».

«Nuestra democracia, sólo con la ley pero con toda la ley, evitará cualquier proyecto totalitario que se pretenda impulsar rompiendo las reglas de la democracia». Son palabras del ministro de Justicia español, José María Michavila, en referencia al recurso contra el plan Ibarretxe presentado por los servicios jurídicos del Estado ante el Tribunal Constitucional (TC).

El recurso impugna de forma conjunta dos acuerdos, el del Consejo del Gobierno de Lakua del pasado 25 octubre dando luz verde a la propuesta de reforma estatutaria, y el de la Mesa del Parlamento de Gasteiz del pasado 4 de noviembre, que admitió el proyecto para su tramitación conforme al procedimiento legislativo ordinario.

Si el recurso es admitido, automáticamente quedaría suspendida la tramitación de la «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi» hasta que el Constitucional tomase una decisión en firme.

Michavila recordó que el Estado español «tiene mecanismos eficaces para acabar poniendo a cada uno en su sitio», e insistió en que «no se trata de impedir ningún debate». En cuanto al calificativo de «totalitario», el ministro defendió su validez por «su procedimiento, contenido y los compañeros de viaje elegidos», en referencia a «un grupo ilegalizado en todas las democracias europeas por ser un instrumento del terror». Cabe recordar que las formaciones que apoyan el proyecto son el PNV, EA e IU.

El titular de Justicia argumentó que el lehendakari podía haber elegido un método «legal y constitucional» para presentar su proyecto, pero que ha optado por «quebrar y mutilar unilateralmente el Reglamento del Parlamento Vasco y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, además de la Constitución, de una forma consciente, deliberada y tenaz».

Según se afirma en el texto presentado ayer, los acuerdos del tripartito y de la Mesa de la Cámara autonómica «vulneran en más de cien ocasiones la Constitución».

Michavila, por su parte, consideró que Ibarretxe «pretende imponer en el País Vasco unas instituciones en las que sólo caben los que piensan como él».

Aseguró que Madrid pretende «garantizar el derecho de todos los españoles a decidir su futuro y el de todos los ciudadanos del País Vasco a vivir en libertad». Por contra, agregó, la iniciativa que ha presentado lehendakari «invoca un supuesto pueblo vasco con el objeto de que una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constitucionales extensos y hondos a la abrumadora mayoría de ese mismo pueblo, mayoría a la que se desprecia como si para nada hubiera de contar».

Tras reiterar que ésta es la primera medida del Gobierno para combatir la reforma, el ministro dejó claro que no excluye emprender cualquier otra iniciativa prevista en la Constitución para garantizar que «los valores y principios constitucionales sigan vigentes en todos los rincones de España».

Sin embargo, Michavila aseguró a renglón seguido que «no hay proyecto político que esté de antemano excluido» y que «se puede discutir de todo», aunque «no de cualquier forma y manera».

Por su parte, el presidente del PP en la CAV, Jaime Mayor Oreja, suscribió las tesis de Michavila y mostró su confianza en la actuación del TC.

El abogado del Estado juguetea con las contradicciones de Ibarretxe

El Gobierno español deja claro en su recurso que no tiene ningún reparo a la hora de argumentar contra la iniciativa de reforma estatutaria de Juan José Ibarretxe. Así, el abogado del Estado llega a asumir los planteamientos de la izquierda abertzale cuando reprocha al texto una contradicción entre el preámbulo y la conclusión, entre la definición teórica de la existencia de un pueblo vasco y la concesión en la práctica de la capacidad de decidir sólo a tres herrialdes.

La boutade fue relanzada por el ministro Michavila en su comparecencia, y está además en la página 17 de las 43 de que consta el recurso. Ahí se dice que «no hay razón para atribuir el derecho de autodeterminación a los tres ámbitos jurídico-políticos en vez de a cada uno de los siete territorios históricos».

El representante jurídico del Gobierno del PP pone a Lakua ante el espejo de su realidad al recordarle que la CAV no pasa de ser «una creación reciente y artificial», en otras palabras, «una criatura constitucional española».

En su escarceo por las contradicciones del proyecto, el recurso añade que «no se ve quién podría invocar ante las Naciones Unidas la legítima representación del 'Pueblo Vasco' de los siete territorios. No, desde luego, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entidad que forma parte de la organización territorial del Reino de España y carece de estatalidad», responde.

Autodeterminación

Pero el recurso no sólo hurga en la cuestión de la territorialidad vasca y sus difíciles vericuetos, sino que entra, si bien con más tiento, en la otra cuestión clave del conflicto: la autodeterminación. Admite, como no podía ser menos, que se trata de un derecho reconocido en el artículo I de dos pactos internacionales de primer orden: el de los Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, dice el abogado del Estado que Euskal Herria en ningún modo puede ser concebido como sujeto de autodeterminación, ya que ni se trata de una «colonia o fideicomiso» ni «el derecho de autodeterminación puede ser aceptado como vía para quebrantar la unidad nacional o menoscabar la integridad territorial de dos estados miembros de la ONU y de la Unión Europea».

«Admitamos polémicamente que el derecho de autodeterminación pudiera ser invocado por el Pueblo Vasco sigue argumentando no obstante. Parece obvio que el sujeto de este derecho colectivo no puede ser otro que el íntegro y completo demos vasco, no una fracción o parte de él, cuya voluntad parcial se imponga al todo. Y, ¿quien representará a la entidad 'Pueblo Vasco' ante los dos estados? La respuesta es la misma que antes dimos: no, desde luego, el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entidad que forma parte de la organización territorial del Reino de España y carece de estatalidad», recalca el recurso.

Una cosa queda clara a tenor de semejante batería argumental: el debate político abierto en Euskal Herria sobre los puntos más candentes del conflicto no se limita ya a los agentes vascos. Hasta los expertos jurídicos del Gobierno español le están dando vueltas a la cuestión.