El tripartito impedirá de nuevo el viernes la adopción de compromisos concretos contra la tortura. SA ha presentado una proposición no de ley que demanda la aprobación del decálogo elaborado por el Relator Especial, Theo Van Boven, y la exigencia a Lakua de su cumplimiento, pero PNV, EA e IU ya han presentado una enmienda que indica que se respalda esa propuesta de Van Boven, aunque se limita luego «a instar al Gobierno español a realizar las modificaciones legislativas precisas para garantizar la aplicación de sus conclusiones». De esta manera, la mayoría de la Cámara evitará una vez más el rechazo a la incomunicación o la puesta en marcha de grabaciones de los interrogatorios.

Todo apunta a que el Parlamento de Gasteiz volverá a evitar este viernes la adopción de compromisos concretos para prevenir y erradicar la tortura. El tripartito ha presentado una enmienda a la totalidad de la proposición no de ley de Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak que demandaba de la Cámara la aprobación del decálogo realizado por el Relator Especial de la ONU, Theo Van Boven, a raíz de la investigación desarrollada en el Estado español.

La aprobación de la proposición de Sozialista Abertzaleak supondría, entre otras cosas, que el Gobierno de Lakua debería abolir la utilización de la incomunicación; que toda persona detenida debería tener acce- so inmediato a un abogado y a un médico de confianza; y que los interrogatorios deberían ser grabados, preferentemente en formato de vídeo.

PNV, EA e IU han presentado una enmienda a la totalidad del texto en la que el Parlamento reitera su «compromiso prioritario con la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas sin distinción, así como su rotundo rechazo a todo tipo de violencia y extorsión, y exige a ETA el abandono definitivo de la violencia».

Tras esa declaración, señala que «respalda» el informe del Relator e «insta al Gobierno español a realizar las modificaciones legislativas precisas para garantizar la aplicación de sus conclusiones».

Entre tanto, el Ejecutivo de Lakua podrá seguir actuando como hasta la fecha, aplicando la incomunicación de los detenidos expresamente rechazada por la ONU.

El segundo punto de la enmienda señala textualmente que «hasta que dichas modificaciones se lleven a cabo, el Parlamento Vasco insta a que todas las Fuerzas de Seguridad apliquen estrictamente las medidas garantistas en vigor, tales como el protocolo para la coordinación de la asistencia a las personas detenidas en régimen de incomunicación y otras encaminadas a un respeto efectivo de los derechos de las mismas que coadyuven, en lo posible, a la implementación de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para la Prevención de la Tortura».

Es preciso apuntar que el informe redactado por Theo Van Boven recoge expresamente que el protocolo redactado por el Gobierno de Lakua no evita los males de la incomunicación, sino que más bien se convierte en un instrumento que posibilita la aplicación de esta medida.

La negativa a adoptar compromisos concretos contra la tortura que impliquen al Gobierno de Lakua, y por tanto a la Ertzaintza, es histórica en el Parlamento de Gasteiz. Hasta el punto de que el 15 de marzo de 2002 Eusko Alkartasuna llevó a Pleno un catálogo de medidas, recogidas en su día por el TAT, en la línea de las señaladas ahora por la ONU, y fueron sus propios socios de coalición, PNV e IU, quienes presentaron una enmienda a la totalidad con un texto genérico sobre la defensa de los derechos humanos, que incluía el rechazo a ETA.

En aquella ocasión, el portavoz de EA, Rafael Larreina, manifestó que «no vale quedarse en la mera declaración de rechazo a las torturas; hay que plantearse el estudio de medidas concretas que eviten que esas torturas se produzcan». Rechazada su propuesta, EA se sumó después a la enmienda presentada por PNV e IU.

Las diez recomendaciones de Theo Van Boven

1) Las autoridades deberán declarar públicamente que la tortura es un trato o castigo cruel, inhumano y degradante, cuya aplicación está prohibida en cualquier circunstancia.

2) El Gobierno deberá implementar un plan para prevenir y erradicar la tortura.

3) La incomunicación facilita la tortura, además de ser, por sí misma, una forma de trato cruel y degradante, por lo que debe ser abolida.

4) Toda persona detenida debe tener inmediato acceso a un abogado, a un médico de su confianza y a información detallada sobre su lugar de detención.

5) El interrogatorio debe comenzar con la identificación de los presentes, y debe ser grabado, preferentemente en vídeo.

6) Toda denuncia de torturas debe ser investigada inmediatamente y de forma independiente, y, además, las personas involucradas en ella deben ser suspendidas de sus responsabilidades.

7) Las víctimas de tortura deben tener la debida compensación y reparación legal.

8) Al asignar la prisión de las presas vascas y presos vascos debe considerarse el man- tenimiento de la relación social con sus familiares, así como el interés de la familia y la rehabilitación de las personas detenidas.

9) El Gobierno debería considerar invitar al Relator Especial a estudiar todas las manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia que se dan en su territorio.

10) El Gobierno está invitado a ratificar, con la mayor urgencia, la Convención Internacional contra la Tortura.

(Texto recogido en la proposición de Sozialista Abertzaleak)

Los datos de la portavoz del Gobierno

Miren Azkarate manifestó el domingo que según «sus datos» la Ertzaintza no pide con frecuencia la incomunicación de los detenidos. Preguntada por "Berria" si el Gobierno aplicaría este decálogo renunciando así a la incomunicación, la portavoz dijo que «los gobiernos no la aplican. La piden los fiscales y la decide el juez. La puede pedir la fuerza que hace la detención y habría que mirar cuántas veces la pide la Ertzaintza». Al decirle que muchas, respondió que no y que merecería analizar la trayectoria de esas detenciones.