Documentos de James Petras

James Petras
La Jornada
El concepto de crisis ha sido utilizado en exceso por los analistas de izquierda, sobre todo en relación con la economía capitalista. Efecto de ello es que cuando ocurre una crisis de verdad no se le toma en serio. El sistema político y económico estadunidense atraviesa por una crisis seria, una triple crisis que afecta a sus principales corporaciones trasnacionales y, por lo tanto, a la economía; una crisis política que afecta al Estado en su relación con la seguridad interna y con la beligerancia externa, y una crisis del sistema político, que no sólo no representa al electorado, sino que tampoco responde a las crisis política y económica.
La crisis económica, a la que la prensa financiera define como "crisis de la dirección corporativa", se refiere a fraudes multimillonarios cometidos por muchas de las mayores compañías de energía, petróleo y comunicación, bancos de inversión, firmas de contabilidad y megaconglomerados en Estados Unidos y otras partes del mundo. Los nombres son familiares: Credit Suisse, First Boston, Enron, El Paso Oil, Merrill Lynch, Xerox, Adelpha, Tyco, Worldcom, Dynergy, Southeby y docenas de otras empresas e instituciones bancarias. El número de pensionados, empleados e inversionistas que han perdido sus ahorros llega a decenas de millones.
El director ejecutivo de Goldman Sachs, Henry Paulson, líder financiero en Wall Street, declaró que las corporaciones estadunidenses están "en una posición de mala fama que nunca había visto en mi vida". Según el Financial Times y el Wall Street Journal, el problema radica en la "ambición corporativa" y la "pérdida de confianza de los inversionistas".
El problema en realidad no es sólo la ambición individual, sino la desregulación total de los sectores empresariales y financieros, y la naturaleza especulativa de la economía del país. Es un mal del sistema: la concentración del poder económico y el control que las corporaciones ejercen sobre el sistema político significa que los altos ejecutivos de los consorcios diseñan la legislación y escriben las reglas que les dan mano libre para cometer fraudes en gran escala y obtener enormes ganancias a corto plazo antes que sus empresas se derrumben. El caso de Enron y El Paso Oil, y su papel dominante en el trazo de la política energética de Bush y Cheney es emblemático de esa relación simbiótica, en la misma forma en que los vínculos de Clinton con Wall Street condujeron a la desregulación de los sectores financieros y bancarios.
Las consecuencias sistémicas de estos fraudes en gran escala que contaminan todo lo que está a su alcance han sido la pérdida de legitimidad de los grandes bancos de inversión y una disminución masiva de la inversión extranjera en Estados Unidos. De enero a febrero de 2001 fluyeron al país 78 mil millones de dólares; en esos mismos dos meses de 2002 sólo se invirtieron 14 mil millones en acciones y bonos estadunidenses. Esta retracción de los flujos de capital foráneo ha debilitado sustancialmente al dólar y amenaza con llevar a niveles alarmantes los déficit de las cuentas externas estadunidenses, lo que obligaría a reducir las importaciones y el nivel de vida. La pronunciada caída en la inversión extranjera se debe a que los capitalistas ya no confían en los informes de utilidades de las grandes corporaciones financieras, en particular los que emiten los auditores locales y los directivos de las empresas. El resultado es que el mercado de valores ha declinado, y las pérdidas en acciones persisten en 2002 por tercer año consecutivo, las quiebras de consorcios importantes aumentan y las utilidades decaen: una verdadera crisis económica.
La crisis política tiene sus raíces en el contexto político de los acontecimientos que antecedieron al 9/11 y los que vinieron enseguida. La revelación de que Washington tuvo conocimiento previo de un complot terrorista para secuestrar aviones en el país - incluso advertencias de ataques a edificios públicos y privados- ha planteado interrogantes fundamentales. La versión oficial del gobierno de Bush, el Departamento de Estado, la CIA/FBI y los demócratas en el Congreso es que hubo una "falla de inteligencia": burócratas individuales no actuaron, la burocracia no fue "eficiente" y "faltaba personal calificado". Para intelectuales críticos, periodistas y expertos en inteligencia, las explicaciones oficiales no aclaran varias discrepancias importantes. En primer lugar, Condoleezza Rice, la consejera de Seguridad Nacional, declaró en público que durante el verano de 2001 el gobierno creía que "Al Qaeda podría secuestrar un avión y utilizarlo para exigir la liberación de prisioneros. No creo que nadie hubiera podido predecir que esta gente se apoderaría de un avión y lo estrellaría en el World Trade Center" (Financial Times, 5/18-19, 2002, pág. 6). Rice reconoció que "sólo esperábamos un aerosecuestro tradicional". El gobierno hizo caso omiso de advertencias de Francia, Egipto, Israel e Inglaterra de que un atentado terrorista era inminente; pasó por alto avisos de agentes de la FBI en Arizona y Minnesota sobre posibles secuestros de aviones por terroristas que habían recibido cursos de piloto comercial, así como un informe de la CIA al presidente Bush, fechado el 6 de agosto de 2001, en el que se indicaba que Al Qaeda planeaba un aerosecuestro.
La mayoría de los observadores creen que si, según Condoleezza Rice, hubo tantas advertencias a altos funcionarios, provenientes de tantas fuentes responsables, hay otra explicación: que el régimen de Bush/Cheney/Rumsfeld estaba preparado para permitir que ocurriera un aerosecuestro "tradicional", para explotarlo para sus intereses políticos tanto internos como externos. Jamás sospecharon que los terroristas atacarían las Torres Gemelas y el Pentágono.
Otros indicios hacen aumentar las sospechas de que altos funcionarios del gobierno de Bush contribuyeron a facilitar los aerosecuestros: los líderes terroristas contaban con visas de entrada múltiple, que no son fáciles de obtener por turistas ordinarios. Los terroristas funcionaban a campo abierto, inscribiéndose en escuelas de vuelo e incluso solicitando préstamos del Departamento de Agricultura para comprar aeroplanos para "fumigar campos de cultivo". Muchos recibieron visas de Arabia Saudita, país que, según declaraciones recientes de un ex funcionario del consulado estadunidense, emitió muchas visas bajo presiones de la CIA, probablemente para combatientes reclutados con financiamiento de Washington para las guerras islamistas en Bosnia, Kosovo, Chechenia y Asia Central. Hay una buena probabilidad de que al menos algunos de esos terroristas fueran "agentes dobles", lo que podría explicar las "fallas de inteligencia" y la renuencia a admitir que hubo conocimiento previo de lo que ocurriría el 11 de septiembre.
Hay gran cantidad de estudios históricos en Estados Unidos que demuestran que Washington "fabrica crímenes" para justificar guerras. Los ejemplos van desde el "bombardeo del Maine" como preludio a la guerra con España por Cuba hasta el conocimiento previo que Roosevelt tenía de Pearl Harbor, o el infamante "incidente Tonkin" de Johnson durante la guerra de Vietnam, o la invención de una destrucción de incubadoras con recién nacidos en Kuwait por parte de los iraquíes, en tiempos de Bush padre. En cada uno de estos casos el presidente en turno declaró que hubo un "ataque no provocado" y movilizó al público a una guerra de colonización y conquista en gran escala. En el caso de la guerra en Afganistán, es del conocimiento público que el 10 de septiembre de 2001 el gobierno de Bush tenía preparado un plan de ataque al talibán y Al Qaeda, el cual procedió a ejecutar después del 11.
La fabricación y uso de provocaciones ha sido una larga e innoble práctica histórica en las expansiones estadunidenses, europeas y japonesas, como los mexicanos pueden atestiguar dolorosamente con las frecuentes invasiones y anexiones justificadas con el argumento del combate a "bandidos terroristas".
La guerra ha sido insrumento esencial de la construcción imperialista de los cuatro presidentes anteriores de Estados Unidos. Las guerras exitosas de Ronald Reagan en Granada y Panamá contribuyeron a su popularidad, debilitaron el "síndrome de Vietnam" y permitieron a su régimen derogar leyes progresistas en materia social. Esta pauta fue reproducida y extendida por Bush padre en la guerra contra Irak, en la que la victoria militar condujo a la proclamación del "nuevo orden mundial" basado en la supremacía de Washington. La guerra de Clinton contra Yugoslavia y la continuación del bombardeo sobre Irak vinieron acompañadas de la desregulación total de la economía, la liquidación de los restos del programa de bienestar social y la burbuja especulativa en los campos de la tecnología informática, la biotecnología y la fibra óptica. Bush hijo, como presidente minoritario, llegado al poder mediante el fraude electoral en Florida, se sirvió de la guerra en Afganistán para incrementar su respaldo público, aumentar enormemente los presupuestos y el poderío del Ejército y de la policía secreta, subsidiar a las grandes corporaciones y expandir el imperio político y militar estadunidense en Asia, América Latina y la ex Unión Soviética.
El acto terrorista inicial, y el encubrimiento de la participación del gobierno han contribuido a una seria restricción de las libertades democráticas y a la amenaza constante de nuevos atentados terroristas para incrementar la intervención de la policía del Estado en todos los aspectos de la sociedad civil.
Tanto el reconocimiento de "errores" por parte del gobierno como las críticas de los legisladores por la "incompetencia" han prestado un buen servicio al aparato policiaco- militar: la "defensa de la patria", mediante el crecimiento presupuestario y de personal, recibió 37 mil millones de dólares adicionales a los 29 mil millones originales. El recién creado Departamento de Seguridad Nacional contará con 170 mil empleados, entre agentes y mandos.
Mientras el gasto en la policía y la milicia se eleva hasta el cielo, se hace a un lado a los inversionistas privados, crecen los déficit presupuestales y los capitalistas extranjeros se vuelven hacia sitios más lucrativos, todo lo cual desestabiliza la economía del país. Mientras el imperio se expande, el sistema político y económico interno se debilita y el dólar se hunde.
No hay mecanismos correctivos a la vista. En épocas pasadas, cuando ocurrían escándalos empresariales y financieros en gran escala, se llevaban a cabo reformas importantes. Hoy no existe una oposición legislativa ni un movimiento popular importante que exija reformas. En palabras del Financial Times, la política "sigue su curso". La razón de la falta de un movimiento en pro de una reforma empresarial es que los mismos bancos y corporaciones corruptos, como Enron, Merril Lynch y demás, hacen aportaciones financieras a ambos partidos políticos.
El encubrimiento que hace Washington de sus acciones conducentes al 11 de septiembre se relaciona con el de los ataques con ántrax. Periodistas y microbiólogos de prestigio han identificado el laboratorio de investigación militar en Fort Detrick, Maryland, como la fuente de la que provino el bacilo, e incluso han señalado a dos microbiólogos estadunidenses como probables sospechosos. La FBI se ha negado a actuar. La razón es que los científicos participaban en proyectos para dar uso bélico al ántrax y otros agentes químicos y biológicos, trabajo que viola el Tratado Químico y Biológico de 1991. No hay investigación en el Congreso ni informaciones en los medios. Ninguna reacción pública. La triple crisis se profundiza, mientras los apologistas del imperio califican a los críticos del sistema de "teóricos de la conspiración". Sin embargo, los intelectuales críticos continúan acicateando la conciencia pública, con la esperanza de que se produzca un renacimiento de la política democrática.
© 2002, James Petras
Traducción: Jorge Anaya