Un proyecto de nación independiente debe sostener esta industria

Ricardo Martínez Martínez *
La Jornada

"Si México permite la apertura al capital privado de su industria eléctrica, el efecto será catastrófico: deterioro del servicio, aumento indiscriminado de los precios de consumo, descenso significativo del empleo, especialmente calificado, y reducción de los ingresos del Estado", aseguró en entrevista James Petras, especialista en temas económicos y sociales de la Universidad de Binghamton, Nueva York.

Al tiempo que el gobierno de Vicente Fox Quesada presiona para que el Congreso de la Unión reforme los artículos 27 y 28 de la Constitución, y en medio de movilizaciones sociales con el fin de impedir la desregulación del sector eléctrico, el influyente analista estadunidense advirtió sobre la creación de un "monopolio leonino" y los efectos "colaterales" de la apertura energética nacional.

"El precio del consumo de la electricidad aumentará, afectando las economías doméstica y manufacturera; los ingresos del Estado descenderán a un ritmo promedio de tres a uno, es decir, en tres años los ingresos de las empresas privatizadas cubrirán los costos de la compra por la imposición de altas tarifas en el servicio y el Estado dejará de percibir recursos para cubrir necesidades del gasto público; aumentarán las ganancias de las empresas privadas suprimiendo gastos de mantenimiento, infraestructura y mano de obra, con el efecto inmediato de un aumento en el desempleo."

Países como Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y Brasil han vivido los efectos negativos de la privatización del sector, lo que supondría que México correría con la misma suerte.

"Eso es lo que hemos visto en todos los países, y para el caso del socio menor de Estados Unidos no hay excepción"; además, "empresas como General Electric, Edison International, Pacific Gas, Enron, Niagara Mohawk y National Power, responsables del abandono tecnológico de amplias redes de energía y de grandes apagones", son algunas de las "firmas que buscan invertir en el mercado mexicano con todas las facilidades que les ofrece el gobierno".

El modelo de la administración foxista de entregar la industria eléctrica gradualmente a empresas privadas es un fracaso, "y lo que podríamos ver en corto plazo es una aguda descapitalización del sector y un eventual desmantelamiento de la infraestructura que costó esfuerzos de años de los trabajadores mexicanos", apuntó Petras.

El gobierno federal plantea que empresas privadas abastezcan de energía a las industrias, quitando a la instancia rectora (la Comisión Federal de Electricidad) su mayor fuente de ingresos y, con ello, reducir la inversión pública en el sector.

"Hablan de eficiencia, pero si uno compara la distribución de electricidad por el sector público y el privado; el primero es mucho más eficiente y estable en sus costos y beneficios, ya que puede retener un porcentaje de sus ingresos para mejorar y modernizar la producción de electricidad, mientras la empresa privada retiene sus ingresos para invertirlos en el mercado financiero, desatendiendo las necesidades vitales de infraestructura, mantenimiento y alta calificación de la mano de obra."

Fracasos energéticos

Las empresas privadas que se establecieron a partir de la desregulación del sector eléctrico en Estados Unidos e Inglaterra mantienen el control total de la producción y la distribución, lo que les permite la manipulación de los precios de consumo.

"En vez de competir entre ellas, empezaron a colaborar para manipular los precios artificialmente. Manejaron y redujeron la oferta de la energía para dar la pantalla de que era escasa y, de esa forma, justificaron un aumento en los precios", explicó el catedrático estadunidense.

Enron, empresa acusada de fraudes millonarios, "está involucrada en la crisis de California tras empezar a vender y comprar electricidad. Cada vez que realizaba una transacción de venta subía los precios y cuando se trataba de comprar presionaba para que bajaran"; esta manipulación "tiene sus raíces estructurales en la desregulación y el control de la industria por un pequeño grupo de empresas privadas que, a raíz de la concentración monopólica, puede hacer lo que les dé la gana sin que el gobierno tenga instrumentos para investigar, revisar y limitar sus actividades económicas".

A partir de que los precios de la electricidad se incrementaron en los países donde se permitió la privatización, las compañías manufactureras e industriales se endeudaron con los bancos; así, la cadena de intereses y beneficiarios se fue agrandando.

"Esa deuda creció hasta que los ciudadanos tuvieron que financiar el saneamiento de las compañías privadas, es decir, mientras las compañías de electricidad tenían ganancias, el Estado financiaba las pérdidas, interviniendo para subvencionar y
salvarlas con recursos públicos."

Otro factor importante del fracaso de la privatización de la industria, sostiene, "es la desarticulación de todo el proceso de distribución de la electricidad". En las empresas públicas, la generación y distribución de la energía se regía en una cadena planificada, mientras en manos privadas las estrategias son distintas. Por ejemplo, "varias compañías definieron su propio monto de reservas, invirtieron poco en el mantenimiento de infraestructura y actuaron sin coordinación; el efecto lógico se materializó en serios apagones. Las empresas privadas prefirieron sacrificar al consumidor en aras de mantener altas tasas de ganancia.

"Hay un cálculo para California. El precio por la privatización y desregulación fue de 71 mil millones de dólares, que, a la larga, fue costeado por los mismos usuarios, mientras el precio del megavatio/hora de electricidad en 2000 fue calculado a 30 dólares, para el próximo año aumentó a 3 mil 880 dólares por la misma unidad de uso", sintetizó el especialista.

Los problemas en América Latina

Bolivia, Argentina, Brasil y República Dominicana (donde actualmente hay manifestaciones de rechazo a las privatizaciones) son ejemplos bien documentados de las grandes estafas, asegura Petras, y agregó que en esas naciones se utilizó "la ideología del libre mercado para que los nuevos dueños de la electricidad fijaran monopolios y oligopolios".

Las promesas de los ejecutivos de las empresas privadas de bajar las tarifas y hacer más competitivos los servicios fueron incumplidas. "Cuando dicen que bajan los precios hay que entender que suben, y cuando señalan la competitividad como efecto automático de la libre empresa, hay que comprender que las empresas son ineficientes."

Actualmente, en la República Dominicana hay más de cien sindicalistas encarcelados porque han protestado por los apagones que duran más de 20 horas en repararse. "Las consecuencias han sido dolorosas y las empresas extranjeras, particularmente de Europa y Estados Unidos, son las responsables."

El caso clásico y desastroso de la política privatizadora de la energía eléctrica es Brasil, "donde hay una enorme capacidad hidroeléctrica que, al momento de privatizarse, las compañías comenzaron a importar gas con el propósito de utilizarlo en las presas generadoras de electricidad. El resultado todos lo sabemos: aumento inmediato de los costos de producción y consumo".

También el sistema de redes eléctricas quedó desmantelado, provocando "apagones que nunca existieron antes en ese país sudamericano; un desastre total".

En síntesis, las firmas corporativas compran las redes de electricidad, extraen ganancias monopólicas, controlan los precios y chantajean a los gobiernos con la amenaza de apagones; todo con el objetivo de obtener el acceso privado a la electricidad.

Lo peor, concluye Petras, es que las empresas controlan las decisiones principales de la industria eléctrica, que conforma los nervios centrales de cualquier actividad económica, desde la doméstica hasta la manufacturera y ensambladora.

En este sentido, añade, los países sufren la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, "una verdadera desnacionalización de las áreas estratégicas de los países, lo que supone su recolonización".

Hay opción

Ante este panorama, ¿cuál es la alternativa para mantener eficiente el sistema eléctrico nacional?

"El mejor sistema de generación y distribución de electricidad es el público, en el cual trabajadores, técnicos y ecologistas estén al frente de la dirección de las empresas. Se trata de una industria planificada, eficiente y que proteja a sus trabajadores, quienes dan su vida para mantener la industria y las necesidades energéticas de los países.

"Una empresa pública, libre de corrupción y con alta responsabilidad ética de cuidar el medio ambiente, es lo que requiere el planeta.

"Además, es de todos conocido que las empresas públicas calculan los beneficios no simplemente en las ganancias anuales, sino también en dar el servicio a los grupos de bajos salarios que requieren de electricidad para realizar sus tareas cotidianas. El cálculo sobre los beneficios no es sólo cuánto dinero recaba la empresa, sino cuánto beneficia a la economía en su conjunto. Esa es la forma en que veo cómo integrar la industria eléctrica en un proyecto nacional.

"Hay que entender que debemos analizar este tema en su totalidad, no de manera aislada de las otras actividades sociales y económicas del país. Creo que en el caso de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene buen conocimiento de los múltiples efectos colectivos que puede tener el mantenimiento del sistema eléctrico en manos públicas."

*Periodista. Trabaja en Radio Educación, es corresponsal de la página alternativa Rebelión y da clases de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM