Perú

España/Perú: El Caso Adolfo Olachea y el turbio juez Juan del Olmo Gálvez
Extradicion o secuestro internacional

Luis Arce Borja

Adolfo Olachea ha sido extraditado en un caso que por su ilegalidad podría considerarse como un verdadero secuestro internacional. Desde la ilegal detención de Olachea, el 3 de julio hasta la extradición aplicada hoy jueves 7 de agosto, las autoridades españolas han manejado este caso fuera de las leyes y de los convenios internacionales que rigen en los países de la Comunidad Europea. Por ejemplo, el turbio juez Juan del Olmo Gálvez de la Audiencia Nacional de España, aprovechó tramposamente un error del acusado (Olachea) para aplicar la "extradición simplificada" que en términos simples significa que el detenido acepta voluntariamente (sin juicio alguno) la extradición para "ponerse a derecho" en el país que lo acusa.

Posteriormente, este juez, rechazó ilegalmente el cambió de opinión de Olachea y su pedido de ser sometido a un juicio (así lo estipulan las leyes) en los tribunales españoles en torno a los supuestos delitos que se le adjudican falsamente. El juez Olmo Gálvez, recibió suficiente sustentación legal y descriptiva sobre este caso, que en el caso de haberse manejado con legalidad las leyes, se hubiera denegado cualquier pretensión del gobierno peruano de extraditar a Olachea. En efecto, los abogados de Olachea abundaron en pruebas y demostraron que las acusaciones contra Olachea en torno a ser un "miembro de la cúpula de Sendero Luminoso" y un "activo" propagandista de la lucha armada en Perú, eran invensiones de un gobierno que está muy lejos de respetar las leyes y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Este juez, que puso por delante su combinación con el corrupto gobierno del Perú, ha violado incluso normas jurídicas que rigen en los países de la Comunidad Europea. Así por ejemplo cerró los ojos y paso por alto la decisión de la Corte Europea para los Derechos Humanos (Cour Europeenne des Droits de L' homme, Conseil de l'Europe Strasbourg), que exigió a este juez dejar sin efecto la extradición de Olachea. En efecto, este Tribunal preciso que de acuerdo al artículo 39 de la Convención Europea, la extradición no podía aplicarse hasta que esta instancia de justicia europea analizara detenidamente el caso, y ver si las acusaciones correspondían a hechos verdaderos o simplemente eran cargos falsos y traficados.

No tenemos ninguna dudas en afirmar que este juez, que hace parte de una administración gubernamental de extrema derecha, actúo no de acuerdo a la ley sino más bien al margen de ella. Y de esto da cuenta la misma prensa peruana (diario El Comercio, 20 de julio 2003) que señala sin ningún rubor que la rapidez de esta extradición se debió a la "ejemplar decisión" del juez Juan del Olmo, y al trabajo combinado de la embajada peruana y del ministerio de justicia de España. Así del trabajo en pared de esta trilologia se concretizó la extradición ilegal de Adolfo Olachea que resulta a toda vista una víctima descarada de una administración que cada vez más niega el estado de derecho en el mismo seno de la Comunidad Europea.

Bruselas, 7 de agosto 2003