Perú

por Salomón Lerner.

Discurso del Presidente de la CVR en la inauguración de la exposición fotográfica Yuyanapaq.

Señoras y señores, queridos amigos:.

Dentro de muy pocas semanas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentará su informe final al país. Lo vamos a hacer con la misma convicción con que asumimos nuestro mandato; es decir, con la plena seguridad de que sin verdad, sin justicia y sin grandes transformaciones estatales y sociales que conduzcan a la reconciliación, la democracia distará de ser esa realidad genuina que todos los peruanos se merecen.
Hace dos años recibimos una misión grande y compleja: investigar numerosos hechos de violencia cometidos en muchos casos con una crueldad inaudita en nuestra historia, y exponer a toda la Nación el resultado de nuestros estudios. Hoy queremos afirmar de la manera más enfática que la Comisión va a cumplir esa misión de manera ineludible porque ese es su deber legal y, sobre todo, porque tiene un compromiso que honrar ante cientos de miles, ante millones de peruanos que reclaman la recuperación de la justicia y de la decencia en nuestro país.
En las últimas semanas se oyen muchas conjeturas y propuestas respecto del destino del informe final de la Comisión. Hay quienes aseguran que no es momento oportuno para exponer la verdad, concediendo, sin darse cuenta de ello, que en efecto existe una verdad que sacar a la luz. Otros afirman que el destino adecuado para esa verdad, la contenida en nuestro informe, es el quedar archivada en alguna gaveta porque, se alega, ni siquiera en democracia la ciudadanía tiene derecho a conocer los asuntos que le conciernen.
Nosotros sostenemos que ninguna de esas posturas es aceptable para un país que, una vez más, procura consolidar el Estado de Derecho y brindar a sus ciudadanos la posibilidad de una vida digna y honorable. Por ello, queremos que sepan, amigos, que este 28 de agosto la Comisión de la Verdad y Reconciliación hará de conocimiento público su informe final y que no habrá amenaza directa o disimulada, que no habrá campaña de descrédito ni intento de soborno que sea capaz de desviarnos del cumplimiento de la tarea para la que fuimos convocados: decir a todos nuestros compatriotas, sin exageraciones pero también sin subterfugios, la verdad sobre lo ocurrido durante esas dos décadas de horror que transcurrieron entre los años 1980 y 2000.
En rigor, la Comisión inicia hoy, con esta exposición, el proceso ya indetenible de entrega de su informe final a la Nación. Al inaugurar esta muestra de documentos gráficos de la violencia, presentamos al país, para su conocimiento y para su reflexión, los rostros del sufrimiento y la prueba visible de las injusticias cometidas en nuestro país. Y al mismo tiempo realizamos un último gesto de dignificación pública de las víctimas, similar en su espíritu, si bien diferente en su forma, al que iniciamos con nuestras audiencias públicas.
El comisionado Carlos Iván Degregori ha explicado ya el sentido que esta presentación de imágenes tiene para la Comisión de la Verdad.
Deseo insistir brevemente en la extraordinaria vigencia de estas fotografías.

Ellas, como es sabido, son imágenes instantáneas: el hecho, el gesto, la disposición de las cosas en ellas recogidos, ocupan en la cadena del tiempo apenas el segundo en que fueron capturadas. Y sin embargo, estas imágenes del dolor desafían la lógica del tiempo, que es el transcurrir y el desvanecerse, para conquistar más bien una permanencia que siempre nos intriga. Son, pues, una dilatación del tiempo, un pasado que se impone en nuestro presente para llamarnos la atención y, por qué no, para despertarnos.
Decir despertar no es una forma desacertada de designar el servicio que la Comisión de la Verdad pretende rendir a la sociedad peruana. Queremos removerla e inquietarla para que abra los ojos y comience a reconocerse a sí misma en los hechos que le tenemos que contar.
Por lo pronto, esta exposición constituye ya un gran retrato que oponemos al rostro indiferente de nuestro país para que se encuentre duplicado en él. Las fotografías que aquí hemos reunido, rostros de pesar, cuerpos y espíritus martirizados, imágenes de abuso y humillación, no son en absoluto retratos de otros, seres ajenos de los que cabe compadecerse por unos minutos antes de seguir nuestro camino. Ellos, en su diversidad, o precisamente debido a ella, expresan una realidad de nuestra Nación que ya no podemos ignorar por más tiempo y revelan la existencia del Perú, tal vez con más fidelidad, y de seguro con más urgencia, que aquellas imágenes rutinizadas de nuestro país, piezas de museo, portentos arqueológicos, misterios icónicos, que se entregan en los folletos turísticos y en las enciclopedias.
Hemos bautizado a esta exposición con una bella palabra quechua: yuyanapaq: para recordar; y no es inoportuno señalar que en ciertas comarcas del idioma español esa misma palabra se utiliza para designar el hecho de despertarse. Recordar y despertar son, ambas, formas de la lucidez, modos de reconocimiento de nuestras circunstancias pasadas y presentes, maneras en que ganamos dominio sobre nuestras vidas individuales y colectivas. Y es con esa intención que hacemos este llamado a la Nación: apelamos a su capacidad de comprender y de reflexionar, pero al mismo tiempo convocamos sus sentidos y sus emociones, su sensibilidad moral, en suma, con la esperanza de que se decida, de que nos decidamos todos, a mirar de frente las grandes verdades y nos emancipemos por fin de lo pequeño y accesorio, las bochornosas rencillas, los menudos cálculos de nuestra vida política, para hacernos cargo de lo sustantivo y esencial.
He afirmado que esta exposición de imágenes es, fundamentalmente, una continuación de las audiencias públicas que presentamos al país en meses pasados. Lo es, principalmente, porque ambas actividades tienen como centro la reivindicación de las víctimas. En efecto, si en las audiencias quisimos hacer llegar al país las palabras silenciadas del dolor, hoy queremos que él vea con detenimiento y con respeto esos rostros que antes no ha querido mirar. Confiamos en que la mayoría de los peruanos tendrá la valentía y la generosidad suficientes para hacerlo.
Resulta penoso, sin embargo, escuchar en estos días a más de un político cuestionar de manera prematura y atolondrada nuestro informe con el argumento de que él ha sido elaborado sobre la base de testimonios de dudosa credibilidad. Instamos a quien así piense a que visite esta exposición y vea aquí las evidencias de esa verdad que pretende desconocer o rebajar a simple opinión. Más allá del rigor científico con que hemos trabajado, que ha de ser suficiente para quien quiera entender y para quien juzgue nuestra labor de buena fe, estas imágenes ofrecen un testimonio que ni siquiera la persona más insensible y tozuda debería atreverse a ignorar.
Por desgracia, sospechamos que, incluso ante este llamado de la realidad, habrá quienes prefieran refugiarse en sus prejuicios y, en actitud dogmática, seguirán negando a sus compatriotas el reconocimiento de su humanidad para continuar considerándolos instrumentos para usar y desechar.
Digámoslo con franqueza: los peruanos no podemos seguir viviendo con mentiras o medias verdades si queremos construir de verdad una sociedad democrática. Este es el momento de tomar una posición clara y de asumir responsabilidades. El trabajo que la Comisión ha realizado, y que no es solamente el quehacer de doce personas, sino el de toda una sociedad, y nuestro mensaje, que en sí mismo es y expresa la verdad aportada por miles de ciudadanos de nuestra República, tendrá la suficiente fuerza para convocar a la inmensa mayoría de peruanos que desean justicia, paz, legalidad y equidad, y dejará en claro, a manera de una línea divisoria, quiénes son los pocos que, a pesar de todo, se atrincheran en su egoísmo y en su ignorancia, en su soberbia y en sus minúsculos intereses, para optar por el autoritarismo y por una sociedad que acepta la violencia de manera abierta o soterrada.
Esta exposición fotográfica, preámbulo de nuestro informe, comienza a brindar ya los elementos suficientes que hacen necesaria esa elección moral, la cual sólo puede ser el fruto de una reflexión sincera y valiente.
Queremos afirmarlo con voz rotunda, para que no haya pretextos para el malentendido: se equivoca quien piensa que en esta exposición, y en nuestro informe, brindaremos solamente un catálogo de los horrores que unos peruanos infligieron a otros peruanos. Tampoco tienen razón quienes afirman que él será una simple requisitoria de culpables. Es por supuesto indispensable que el informe final muestre esos crímenes y señale a esos responsables porque ello es parte de una compleja verdad largamente silenciada y hoy impostergable.
Pero más allá de eso, nuestro informe final expondrá el contexto histórico y social en el que ocurrieron los hechos, porque queremos hacerlos inteligibles a la población. Al mismo tiempo explicará de qué manera esos atropellos cometidos por las organizaciones subversivas y por agentes del Estado constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad que la justicia debe sancionar. Explicaremos además las secuelas de la violencia, es decir, la prolongación en el tiempo de los daños sufridos por las víctimas no únicamente en la dimensión material de sus vidas, sino también en su naturaleza espiritual. Y sobre todo señalaremos al país los caminos que debemos transitar para instaurar en nuestro país una justicia digna de ese nombre, sin la cual será imposible iniciar un proceso de verdadera reconciliación. Sobre ésta, nosotros sólo indicamos un camino. Hemos llegado tan lejos como nos ha sido posible. Y nuestro punto de llegada es el punto de partida para que las autoridades asuman y cumplan su responsabilidad. Otorgar a las víctimas reparaciones por los daños sufridos, abrir procesos judiciales a quienes hayan sido responsables de los crímenes cometidos, iniciar grandes reformas institucionales que remedien las grandes inequidades que sirvieron de telón de fondo a la tragedia, esas son tareas ineludibles para las autoridades del Estado y para todos quienes aspiren a desempeñar algún papel dirigente en el Perú de hoy.
Resultaría, en efecto, absurdo que alguien pretendiera ser una autoridad legítima, es decir, democrática, representativa, respetuosa de la ley, promotora del bien común, y al mismo tiempo desconociera estos deberes de la Nación o, peor aún, intentara mezquinar atención y credibilidad a la palabra expresada de buena fe por decenas de miles de peruanos de los estratos más humildes de nuestra sociedad.
Amigos: Estamos a punto de concluir nuestro trabajo, y es justo señalar que no siempre ha sido una tarea grata la que se nos encomendó. Si de un lado hemos encontrado la gran valentía y la dignidad de las víctimas y hemos sentido el apoyo generoso de numerosas organizaciones y personas como ustedes, de otro lado, en cumplimiento de nuestra misión, hemos conocido y visto de cerca, también, lo peor, lo más ruin que nuestra sociedad ha producido. Ese fue el encargo que se nos dio y que aceptamos libremente. Y esa es la misión que hemos cumplido con un trabajo denodado, y sobre todo, riguroso e imparcial, mediante un despliegue de esfuerzos que no hubiera sido posible sin la unidad de la Comisión en torno de sus objetivos de verdad y justicia, ni, por supuesto, sin el profesionalismo y el compromiso de nuestro equipo técnico, organizado y conducido por el secretario ejecutivo de la Comisión, profesional brillante y honesto y, más que eso, amigo a quien todos respetamos y apreciamos en el más alto grado.
A veces, mirando retrospectivamente, los comisionados y todos cuantos hemos bregado durante estos dos años en una misión dura e ingrata, nos sorprendemos de la unidad, de la cohesión con que hemos trabajado y seguimos trabajando. Y sin embargo, ello no es extraño: para quien tenga el corazón limpio y la mente despejada de prejuicios, la verdad nunca es divisoria, sino, al contrario, una poderosa fuerza unificadora. La verdad, la búsqueda de la verdad, la defensa de la verdad, nos ha unido, y sólo podemos desear que una experiencia semejante se reproduzca en todo el Perú.
Una sociedad en posesión de su verdadera historia es una sociedad más libre y unida.
Los miembros de la Comisión de la Verdad, al entregar al país estas imágenes, que son un retazo de su historia, expresamos nuestra esperanza de que éste sea un primer paso en ese camino de unidad y libertad, de justicia y de legalidad, que es el camino de la reconciliación. Y la presencia, la compañía y el apoyo permanente de ustedes, amigos, nos indican que esa es una esperanza bien fundada.
Muchas gracias.
Salomón Lerner Febres.
Presidente.
Comisión de la Verdad y Reconciliación.
________.

De: Analia Averbuj <analia12001@yahoo.com.ar>.
México D.F. Viernes 29 de agosto de 2003 .
Campesinos quechuas, 75% de las víctimas, revela el informe de la comisión .
Más de 69 mil muertos en dos décadas de guerra interna en Perú, dice la CVR .
Al descubierto un doble escándalo: "el del asesinato y el de la indolencia", señala el documento .
XIMENA ORTUZAR ENVIADA .
(La Jornada).
Lima,29 de agosto. "Hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional".
Así comenzó Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), su discurso en la ceremonia oficial de entrega del informe final acerca de la guerra interna del país entre 1960 y 2000. "Las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos", continuó, y fijó la cifra de víctimas fatales en más de 69 mil.
Ante el presidente Alejandro Toledo, sus ministros, autoridades de los poderes Legislativo y Judicial y miembros del cuerpo diplomático, Lerner lamentó que ante tal dimensión de la tragedia no haya habido "justicia, ni resarcimiento ni sanción. Peor aún, tampoco ha existido siquiera la memoria de lo vivido, lo que nos conduce a creer que estamos todavía en un país en que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello".
La abrumadora verdad, mucho más atroz que la más atroz de las predicciones: "Los peruanos solíamos decir en las peores previsiones que la violencia había dejado 35 mil vidas perdidas. ¡Qué cabe decir de nuestra comunidad política ahora que sabemos que faltaban 35 mil más de nuestros hermanos sin que nadie los echara de menos!" .

Impunidad y dignidad, incompatibles .

"Nos ha tocado rescatar y apilar, uno sobre otro, año por año, los nombres de decenas de miles de peruanos que estuvieron, que deberían estar y que ya no están. En Perú no es posible seguir hablando de errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en esos crímenes", dijo Lerner. Y puntualizó: "El informe expone un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrrofe humanitaria y no lo hicieron".
Confirmó Lerner que 75 por ciento de las víctimas fueron campesinos quechuas, comunidades campesinas aniquiladas o etnias completas sometidas a la esclavitud y al desplazamiento bajo amenazas de muerte.
Las pruebas e indicios que apuntan a responsables de graves crímenes de lesa humanidad quedarán ahora en manos de la justicia penal "para que actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, pero con energía y sin vacilaciones." Y precisó: "No se trató de actos aislados atribuibles a individuos perversos que transgredían las normas de sus organizaciones", explicando que los casi 17 mil testimonios recibidos demuestran categóricamente la perpetración masiva de crímenes en muchas ocasiones coordinados o previstos por las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto.
Por un lado, Sendero Luminoso, culpable de "la aniquilación de colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas, que estuvo sistemáticamente previsto en su estrategia. El cautiverio de poblaciones indefensos, el maltrato sistemático, el asesinato cruel como forma de poner ejemplos e infundir temor, confirmaron para esta organización una metodología del terror puesta en práctica al servicio de un objetivo: la conquista del poder".
Por otro lado, los agentes del Estado, "cuyo deber era defender la vida y la integridad de la población con las armas y la ley. Por desgracia, los encargados de esa misión no entendieron en ocasiones su deber. A la vista de las normas del derecho internacional que regula la vida civilizada de las naciones y las normas de la guerra justa, comprobamos que agentes de las fuerzas armadas y policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y existen fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, matanzas, torturas, violencia y otros crímenes igualmente condenables, conforman, por su carácter recurrente y por su amplia difusión, un patrón sistemático de violación de derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer y subsanar".
Nada fue casual. Todo está documentado. "Hay responsabilidades concretas que establecer y señalar," dice el informe.
Tajante, asentó: "Tanta muerte y sufrimiento no se pueden producir y acumular por el solo accionar mecánico de los miembros de una organización o institución. Se necesita como complemento la complicidad, la anuencia o al menos la ceguerra voluntaria de quienes tuvieron autoridad y por tanto facultades para evitarlo. La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes y graves explicaciones que dar a Perú.
"Hemos realizado una reconstrucción fidedigna de esta historia y hemos llegado al convecimiento de que ésta no habría sido tan terrible sin la indiferencia, la pasividad y la incapacidad de quienes ocuparon los más altos cargos públicos." Es hora, concluyó Lerner, de corregir esas graves fallas: "El país y el Estado no pueden permitir la impunidad. En una nación democrática la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles".