Perú

Cristiano Morsolin es un periodista italiano fundador del 'Observatorio Independiente sobre la área Andina' SELVAS (www.selvas.org), operador de redes internacionales. Trabaja en Lima en la cooperación internacional y colabora con la Agencia de prensa de los movimientos populares de Latinoamérica ADITAL.
Después de dos anos de gobierno del Presidente Alejandro Toledo, la sociedad civil y los movimientos populares siguen vigilando la democracia en el Perú, en el respeto de los derechos humanos y en el ejercicio de la ciudadanía activa, un compromiso difícil después de una década de dictadura fujimorista.
Diferentes eventos impactaron la agenda nacional.
'PARA NO OLVIDAR...' Acto Público por Memoria, Verdad y Justicia - fue el evento realizado el 28 de julio en Lima donde artistas, intelectuales, creadores y diversas organizaciones sociales rindieron tributo a las víctimas de la violencia.
Cada 28 de julio los y las peruanas conmemoran el día de la independencia nacional. Discursos, homenajes, desfiles y demás rituales cívicos se organizan a lo largo y ancho del país para recordar los mitos fundadores de la nación. Sin embargo, en estos eventos oficiales, no se recuerda a quienes en nombre de la misma nación les ha sido negada la condición ciudadana, ocultando en el olvido las distintas formas de inequidad, violencia y exclusión de nuestra historia.
Frente a estas formas del olvido, al conmemorarse el tercer aniversario de la trágica muerte de los seis trabajadores del Banco de la Nación, diferentes organizaciones (como: Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), Colectivo por las Casas de la Memoria, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, Coordinadora Otro Mundo es Posible, Frente Amplio de Familiares y Víctimas de la Violencia Política, Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), Movimiento RAIZ , etc.) convocaron a la ciudadanía a participar en el Acto Conmemorativo que rindió tributo a las víctimas de la violencia política y el autoritarismo de las últimas dos décadas.
Fue difundido un comunicado de prensa donde se enfatizo' que 'en las ultimas décadas el Perú ha vivido una de las experiencias mas dolorosas de su historia republicana, nos referimos al fenómeno de la violencia política. En dicho periodo se exacerbaron conflictos de larga data y se desataron fuerzas siniestras que produjeron, ante nuestra perplejidad, escenas de muerte, dolor y desesperanza. La violencia se impuso sobre el conjunto de la sociedad peruana, afectando con mayor crudeza a las poblaciones mas pobres, excluidas y étnicamente diferenciadas.
(..) Ciertos lideres políticos, congresistas y personaje públicos han argumentado que las voces de las victimas de la violencia no hacen sino abrir heridas que alimentan el rencor entre los peruanos, que la justicia reparadora de la dignidad de las personas solo constituye un acto premeditado de venganza, y por ultimo, entre otros sorprendentes razonamientos, que el dolor de los sobrevivientes de la guerra es un hecho privado que nadie tiene derecho a mostrar a la luz publica. Prefieren el olvido y la impunidad a la memoria y la justicia.
Estos mismos personajes son quienes han iniciado una peligrosa campana de desprestigio contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación con el propósito de cuestionar la legitimidad de su trabajo y la trascendencia de su misión, manipulando, en forma irresponsable, las sensibilidades de una sociedad profundamente fragmentada y dividida.
Este evento no fue el único para convocar la ciudadanía a renovar el compromiso con la construcción de una nueva ética que mantenga vivo el recuerdo de los ausentes, a la espera de reconocimiento y justicia en la memoria colectiva de un Perú' que aspiramos mas solidario y justo.
También en el barrio urbano-marginal Vitarte de Lima, los jóvenes del grupo cultural 'Kaipacia' organizaron un festival de música, danza, expresión cultural bajo del lema 'No se puede sepultar la vida. no se puede sepultar el pueblo que busca justicia y libertad', con el apoyo de la Comunidad eclesial 'Santo Espirito' y de la ONG italiana ASPEm - Asociación Solidaridad Países Emergentes.
Significativa es la experiencia de las Casas de la Memoria (www.casasdelamemoria.org.pe) : 'se convierten las ruinas del Banco de la Nación, siniestrado por el Servicio de Inteligencia Nacional, en un espacio de simbolización pero también de aprendizaje: un lugar para la promoción del recuerdo activo de la historia y el emponderamiento ciudadano'
Campana de desprestigio en contra de la 'Comisión de la Verdad' CVR
Francisco Soberon, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH, sostiene que la gran mayoría de sectores que han levantado su voz contra la CVR cumplieron gestiones de gobierno durante las cuales se perpetraron graves y sistemáticas violaciones a los derechos ciudadanos.
'Por tanto, van a ser señaladas con responsabilidades éticas, políticas y hasta penales. Sin duda, los sectores fujimontesinistas encabezan la campana, pero además se han escuchado reacciones de miembros de Acción Popular y del APRA', añade Soberon.
'Por un nuevo pacto social entre peruanos y peruanas' - es el lema de la campana (promovida por Laura Vargas - Comisión Episcopal de Acción Social, Federico Arnillas - Conferencia Nacional de Desarrollo social, Irene Diaz - Conferencia de Religiosos del Perú, Rosa Mujica - IPEDEHP , Rosa Alayza - Instituto Bartolomeo de las Casas, Francisco Soberon - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH, etc.) que apoya la Comisión de la Verdad' a través de la recoleccion de centenares de firmas. En el documento se subraya que 'hace dos anos, al iniciarse la transición democrática y a instancias de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, fue creada la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Mas allá de los hechos que caracterizan el conflicto armado interno, hay causas profundas que debemos encarar seria y responsablemente, para eliminarlas y lograr así que el pasado no se repita. Por eso, es necesario que todos en el Perú' nos pongamos a trabajar, con solidaridad y decisión, para lograr un nuevo pacto social que lleve a una honda transformación de nuestra convivencia. Esa transformación deberá manifestarse en la participación democrática de la sociedad organizada, en la constante atención del Estado a la situación real de la población, en la subordinación de las Fuerzas Armadas y Policiales al poder civil, en el respeto a las diferentes culturas que existen en nuestro territorio, en la desarticulación de los grupos subversivos y en el reconocimiento efectivo y universal de todos los derechos, incluidos los derechos económicos y sociales.
Las agudas desigualdades que caracterizan al Perú deben reducirse resueltamente, con estrategias de desarrollo humano para combatir la pobreza y la exclusión. Esto incluye medidas que amplíen y den calidad a los procesos educativos, amplíen y mejoren la atención sanitaria y de salud, combatan frontalmente la corrupción para posibilitar la equitativa redistribución de la riqueza.
Se acerca ya el 28 de agosto en que la CVR presentara' el informe de su trabajo. Tenemos la firme confianza de que reflejara' la terrible realidad de lo ocurrido en esas décadas. Hacemos un urgente llamado a todos para vencer el miedo y la pasividad y para que dicho informe reciba el mas efectivo respaldo de los poderes del Estado, de los partidos políticos y de todos los ciudadanos y ciudadanas, a fin de que se procese con justicia y sin privilegios a todos los victimarios, y se cumpla con reparar a los que sufrieron y sufren, en carne propia, los efectos de las infame violaciones contra su dignidad personal y sus derechos.
El Perú' entero enfrenta un serio desafió para dar a las victimas del conflicto armado interno iniciado en 1980, el lugar que, como seres humanos y habitantes de nuestro país, les fue negado, sobre todo en esos anos sombríos. En efecto, las victimas del largo periodo de violencia, en su gran mayoría, pertenecieron o pertenecen aun, a los sectores mas pobres y menospreciados del Perú'. El trato inhumano que recibieron, al ser asesinados o desaparecidos, al quedar con la huellas de violaciones y humillaciones, al perder a sus familiares o ser despojados de sus pocos bienes al verse obligados a migrar a lugares desconocidos, hace que todos en el Perú' estamos en deuda con ellos.'
Rocio Valdeavellano - Red Jubileo 2000, a nombre de las asociaciones subscribí entes subraya que 'quienes suscribimos nos comprometemos a hacer todo lo que nosotros dependa para lograr en el Perú' una autentica reconciliación, es decir, una nueva forma mas humana de convivencia sin exclusiones, basada en la verdad, la justicia, la solidaridad y la paz'.
También el Presidente Toledo declaro' su apoyo a la Comisión de la Verdad durante su Mensaje a la nación por Fiestas Patrias del 28 de julio pasado, pero' sin aclarar algunas temáticas como por ejemplo la deuda externa que hipoteca el futuro de los peruanos.
En este sentido se destaca el proceso de la sociedad civil que esta organizando la Campana nacional
'EN EL PRESUPUESTO NACIONAL .PRIMERO LA DEUDA SOCIAL ' con la participación de CGTP - Federación de Campesinos del Cusco-CNA- Pastoral Ecuménica -Centro Proceso Social- Colectivo Manos Limpias- CEAS-CENCA-Alternativa-Instituto Bartolomé de las Casas-Unión Vecinal de Inquilinos - CEDAL- CAAP-ANC- Próvida- Movimiento de Ciudadanas del Cono Norte- Plataforma de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo- Forum Solidaridad- Grupo Género y Economía- Grupo Red de Economía Solidaria-Colectivo Resistencia Civil-Alfalit Peru- Manthoc- Campaña por una Vivienda Digna -Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ( Metropolitana y Nacional)- CONADES.
20 mil firmas exigen extradición de dictador Fujimori
En una masiva manifestación ante la Embajada de Japón en Lima, centenares de miembros de Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos, entregaron el 30 de julio un memorial con 20 mil 677 firmas donde se exige al gobierno y autoridades judiciales niponas, extraditar al prófugo ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), para que sea procesado en Lima por sus crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción.
Esta iniciativa de la sociedad civil forma parte de la campaña 'Fujimori Extraditable' que desarrolla la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH (www.dhperu.org), con el apoyo de otras organizaciones, como una forma de presionar a las autoridades niponas para que entreguen a Fujimori y que este sea juzgado por un sinnúmero de delitos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, y siete ONG francesas pidieron al Japón la extradición inmediata de Alberto Fujimori, quien se encuentra prófugo desde el 2000.
En un documento hecho público el pasado 24 de julio precisan que la extradición de Fujimori constituiría un avance importante en la lucha contra la impunidad en el Perú y, de modo más amplio, en el mundo.
Las asociaciones que rubrican el documento son la FIDH, la sección francesa de Amnistía Internacional, la Asociación Católica por la Abolición de la Tortura, la Liga Francesa de Derechos Humanos, Pax Christi, el Comité Episcopal Francia-América Latina, Socorro Católico-Cáritas y Tierra de los Hombres.
El comunicado oficial del Gobierno del Peru sobre la solicitud de extradición del ex presidente Alberto Fujimori se encuentra en la pagina web: http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/fuji2.html
Las presiones de ONG ecologistas frente al BID por el proyecto Camisea
El Banco Interamericano de Desarrollo BID aplazo' hasta el 6 de agosto la decisión, anteriormente planteada por el 31 de julio, de aprobar un préstamo de 75 millones de dólares para el proyecto del gas de Camisea.
El aplazamiento se debe a las presiones ejercitadas por grupos ambientalistas peruanos opuestos a la construcción del gasoducto que afecta directamente a varia etnias locales, zona de reserva y áreas de protección ecológica.
Durante los últimos meses varios representantes de ONGs internacionales han estado en constante comunicación con el BID sobre las preocupaciones de sus organizaciones y las de los grupos indígenas afectados por el proyecto de gas de Camisea en el Perú.
Se esta organizando una campana internacional de presión en la cual se destaca Nadia Martinez - Sustainable Energy and Economy Network (SEEN) Institute for Policy Studies de Washington USA (www.seen.org), Yvonne Yanez - Red internacional OILWATCH (www.oilwatch.org.ec), Luca Manes y Antonio Tricarico de la ONG italiana 'Campagna per la riforma della Banca Mondiale' de Roma (www.crbm.org).
Un informe del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos por la empresa consultora URS destaca un número de temas importantes sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto de gas de Camisea que no han sido tratados ni en el Documento del Proyecto, ni en el Informe de Impactos Sociales y Ambientales del BID.
El Directorio del BID tiene la responsabilidad de rechazar el financiamiento para el proyecto de gas de Camisea por sus impactos ambientales y por las ramificaciones que tendrá sobre la vida de los pueblos indígenas que habitan en la zona del proyecto. Además, el BID estaría estableciendo un precedente peligroso al apoyar un proyecto que se encuentra en sus etapas finales de construcción y cuyo diseño inicial ni desarrollo el BID ha tenido la oportunidad de influenciar.
Antecedentes
El proyecto de gas de Camisea es uno de los proyectos actuales más destructivos en el mundo. El gas se extraerá de la Amazonía peruana, de una zona de extrema biodiversidad e importancia en términos de conservación, además de ser territorio indígena. Varios de los grupos indígenas que viven en la zona del proyecto permanecen en estado de aislamiento voluntario, y por lo tanto su vulnerabilidad a las intervenciones foráneas es grave, ya que carecen de las defensas contra enfermedades comunes como la gripe o malestares gastrointestinales, para lo cual no existe inmunización adecuada. Aunque se estableció una reserva para su protección, la mayoría de los pozos de extracción están ubicados dentro de dicha reserva, por lo que a lo largo de los cuarenta años de vida que tiene programado el proyecto, se causará impactos irreparables para la sobré vivencia de los que viven dentro o cerca de la reserva.
Además de sus impactos sociales, el proyecto de gas de Camisea ha causado daños irreversibles al medio ambiente. La erosión masiva, la sedimentación y la perdida de la biodiversidad ya se han presenciado durante la construcción. Y entre los impactos a largo plazo esta el acceso a una región previamente protegida por barreras naturales, además que amenaza una de las reservas marinas de mayor importancia para la región latinoamericana. La reserva marina en la bahía de Paracas se encuentra bajo la protección de la convención de Ramsar sobre los humedales de importancia internacional.
Conclusiones
La lucha por rescatar una verdadera DEMOCRACIA es un camino muy largo que necesita el apoyo y el compromiso de todos los peruanos y las peruanas.
El 1 de agosto salió un informe especial de la última revista del mayor diario económico británico: El caso Montesinos, la relación del ex jefe del SIN con la agencia de espionaje de EEUU CIA ha merecido la carátula, el editorial y el reportaje central de la revista del 'Financial Times'.
La atención de los medios de comunicación se han concentrado en este acontecimiento, pero' necesita el apoyo constante de la comunidad internacional.
La lucha por la justicia sigue adelante gracias a la militancia de muchos defensores de los derechos humanos, integrantes de organizaciones populares, militantes ecologistas que defienden la Madre Tierra- Pachamama, ciudadanos comprometidos por la paz y la ciudadanía sin exclusión.
'No se puede sepultar la vida. no se puede sepultar el pueblo que busca justicia y libertad' cantan los jóvenes del grupo cultural 'Kaipacia': esta es la dirección por un cambio desde abajo por Otro Perú posible.