Javier Diez Canseco

La República .

Las últimas semanas evidencian un gobierno que -más allá de promesas- es incapaz de encontrar el punto de quiebre y el rumbo firme requerido. Pasado un mes del mensaje de la PCM, Beatriz Merino, no se ven medidas concretas que la población sienta le benefician y el gobierno parece paralizado ante una operación demoledora dirigida a desgastarlo en forma terminal. Ello ocurre a las puertas de la presentación del decisivo informe de la Comisión de la Verdad y del inicio de los juicios centrales contra Montesinos y la corrupción. En este marco, las encuestas evidencian un desgaste del gabinete Merino y una población que resiente las promesas incumplidas.
El gobierno de AlejandroToledo -tras un breve respiro debido al cambio de gabinete- ha vuelto a caer en su nivel de aprobación. Pero lo más notorio es la caída en la aprobación a la gestión de la premier. La responsabilidad central de este desgaste recae sobre el presidente, miembros del Gabinete y la bancada parlamentaria oficialista, que obstaculizan y entrampan las reformas prometidas, mientras la campaña desestabilizadora camina a todo vapor. El gobierno debe reaccionar y asumir lo que podría ser su última oportunidad de llevar a cabo reformas radicales y reales que comiencen a atender las demandas sociales y hagan viable un país más equitativo y justo.
Su fracaso será el de la transición democrática y afectará a todos los peruanos.
Para que el punto de quiebre se materialice, debe haber un profundo cambio en la política económica. Y para ello, hay 3 temas centrales y prioritarios: la reforma tributaria, el tratamiento de la deuda externa y los abusos de los grandes monopolios. Ello permitiría atender urgentes demandas sociales y oxigenar la semiasfixiada transición democrática.
Una reforma tributaria real debe preservar y defender -a toda costa- el principio recogido por la primera ministra en su mensaje inaugural: Que pague más el que más tiene. Ya los grandes grupos de poder económico están haciendo campaña por una falsa reforma tributaria, en la que los pobres soporten la carga -con nuevas alzas como la reciente del IGV-, mientras los poderosos mantienen sus exoneraciones y privilegios tributarios. El gobierno debe rechazar firmemente cualquier compadrazgo económico, y llevar a cabo una reforma tributaria que termine con exoneraciones al Impuesto a la Renta (a las ganancias) y que acabe con el manejo económico informal y no registrado de importantes movimientos, evadiendo impuestos.
En el tema de la deuda externa, el país sabe que ésta se lleva cerca del 25% del Presupuesto Nacional, lo que hace que el servicio de la deuda estrangule nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo. El Ejecutivo debe asumir seriamente la renegociación de la deuda, buscando reducir el servicio de la misma y dilatar los periodos de pago, planteando a los acreedores reducciones, canje de deuda por inversión social e impulsando la formación de un Tribunal Arbitral Internacional que resuelva diferendos y establezca condiciones de pago más realistas y humanas.
Toledo no puede seguir obviando el tema de los abusos y excesos de los grandes monopolios y empresas privatizadas de servicios públicos que hacen lo que quieren con los consumidores. El gobierno tiene que corregir las arbitrariedades en las tarifas de los servicios públicos; reformar el sistema de cobros abusivos -por administración y seguros- de las AFP, que ni siquiera garantizan una rentabilidad a los aportantes. Debe ir a renegociar los convenios de estabilidad tributaria y sancionar a las empresas que se hayan beneficiado indebidamente. Debe impulsar una nueva Ley de Canon y emplazar a las grandes mineras, para que las regiones reciban una compensación justa por la extracción de sus recursos. Debe, por sobre todo, defender al Estado ante presiones y chantajes, tales como las recientes amenazas de retiro de inversiones de las empresas eléctricas, acotadas por la SUNAT por cientos de millones no pagados al Fisco.
Tras todas estas medidas, está el tema clave del destino de los fondos obtenidos. No podemos aceptar que el incremento de los recursos del Estado se dilapide -como en el pasado- en prebendas a amigos, parientes y partidarios, frivolidades o demagogias. El Perú exige máxima transparencia y responsabilidad para que el producto de la reforma tributaria y lo que se libere del servicio de la deuda se destine al gasto social prioritario: la emergencia educativa, la salud, la atención a personas con discapacidades y la infraestructura nacional.
El gobierno debe tener claro que -frente a la ofensiva mediática y política desestabilizadora, a las puertas del informe de la CVR y del inicio de los juicios anticorrupción- no puede permitirse el lujo de posponer medidas o proponer reformas a medias. Urge adoptar acciones que signifiquen realmente un punto de quiebre. Hacer lo contrario sería dar curso a una profunda crisis política y nada sería más conveniente para los enemigos de la democracia, quienes desde las alcantarillas celebran el desencanto popular, soñando con la impunidad y el retorno de su fetiche japonés.
(*) Congresista de Partido Democrático Descentralista.