 Perú
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12 de julio del 2003
Perú: crisis, corrupción y futura explosión social
Extradiciones en una República bananera
Luis Arce Borja
Rebelión
Los hechos como preámbulo. El día 4 de julio, fue detenido en España Adolfo Olachea. Lo acusan de ser uno de "embajadores de Sendero Luminoso" en Europa. Una supuesta orden de extradición (interpuesta por el gobierno peruano), fue lo que hizo actuar a la policía española. En términos de la legalidad internacional, es evidente que el gobierno español se ha prestado a una maniobra sucia orquestada por un gobierno de una República bananera, donde las leyes y los derechos de los ciudadanos son inexistentes. Ningún país medianamente civilizado puede tomar en serio las absurdas acusaciones que el gobierno formula contra Olachea. Si él vive 40 años en el extranjero, y de ellos más de 25 en Inglaterra, ¿cómo aparece participando en acciones armadas desde 1980?.¿ Y si él desde Londres (sobre la base de las leyes de este país) expresa sus puntos de vista políticos, contrarios naturalmente a los corruptos gobiernos del Perú, ¿por qué tiene que ser sancionado por el gobierno peruano y no por el de Inglaterra?
La causa de la detención ilegal de Olachea, no hay que buscarla en la aplicación de tal o cual ley, sino en el propósito político que se esconde detrás de esta medida que el gobierno de Toledo en complicidad con regímenes de extrema derecha, pretende presentarla como una "acción antiterrorista" en el extranjero. Por esta razón entregamos un breve análisis que descubre la infamia de las extradiciones y su vinculación con la "senderización" del país.
En Perú cada hecho político o es una caricatura del pasado o un grosero montaje político. Sus clases dirigentes en profunda crisis y descomposición, gobiernan como si estarían administrando un circo donde años tras años se repiten los mismos espectáculos sin modificar para nada el libreto. El parlamento es una institución sin ninguna independencia respecto al poder central. Su actividad es propia de ociosos y sirve solo para refrendar la pésima administración del Estado. Una de sus actividades es, a través de las "comisiones investigadoras", encubrir la corrupción en altas instancias del gobierno. Sus componentes, tránsfugas, fujimoristas, ex fujimoristas, no tienen ninguna calidad intelectual ni moral. El poder judicial, sigue siendo un antro de corrupción, donde los jueces y magistrados se compran al peso (por kilos). No hay sanciones para criminales y mafiosos que se enriquecieron en el gobierno anterior. Después de más de dos años no existe ninguna acusación concreta contra Fujimori ni contra Montesinos. Los partidos políticos son a duras penas organizaciones caricaturescas alejadas completamente de las masas y manejados por caudillos y personajes ambiciosos que actúan en la política del país como verdaderos bandidos. Así por ejemplo, Alan García Pérez (ex presidente y líder del Apra), acusado del asesinato de cientos de prisioneros de guerra y voluminosos hechos de corrupción se perfila ahora como el candidato para reemplazar a Toledo. El mismo Vladimiro Montesinos, desde su prisión dorada, sigue manejando su red mafiosa en el ejército, el poder judicial y en los medios de comunicación.
La mayor parte de la prensa escrita, la televisión, y las emisoras radiales, están hundidas en el pantano de la mediocridad, y su sobreviviencia transcurre en un terreno en el que no existe la más mínima regla ética y moral del periodismo. Se alquilaron al fujimorismo y ahora hacen lo mismo con el régimen de Toledo.
En este cuadro de surrealismo político y de crisis sin salida el gobierno de Toledo acaba de desempolvar un antiguo montaje publicitario sobre una supuesta extradición de los "embajadores de Sendero Luminoso" en el extranjero, que como se conoce fue inventado en 1992 por la mafia de Fujimori y Montesinos. ¿Por qué el gobierno recurre a esta vieja treta policial que fracasó durante el fujimorismo?. La alharaca oficial en torno a las extradiciones, encaja perfecto, no en verdaderas posibilidades que tiene el gobierno de hacer efectivas algunas extradiciones, sino al propósito de militarizar aún más el país, y entregar completamente la dirección del Estado a las Fuerzas Armadas. El elemento esencial de la militarización es "senderizar la sociedad", cuyo objetivo es preparar las condiciones materiales para una represión sin límites de la población civil.
Expliquemos este razonamiento de otra manera. El problema principal del régimen de Toledo, es enfrentar el desarrollo de una situación incontrolable de explosión social espontánea en todo el país, cuyas consecuencias pueden ser diversas, pero todas peligrosas para el Estado y las clases que lo dirigen. Un adelanto de esta calamitosa y candente situación, han sido las huelgas y grandes movilizaciones de trabajadores en meses pasados (profesores, campesinos, mineros, otros que lucharon al margen de sus dirigentes). Esta explosión en perspectivas es el reflejo de la bancarrota del Estado y del grupo que ahora se encuentra en el gobierno. Alejandro Toledo, desde los primeros meses de su gestión gubernamental (2001) cayó en el desprestigio y se envolvió en mentiras, falsedades y hechos de corrupción. No ha cumplido ninguno de sus ofrecimientos electorales , dijo que gobernaría para los pobres y que acabaría con la corrupción, pero el hambre y la miseria de los peruanos se ha multiplicado cada día, y la corrupción no ha dejado de crecer. La propia Eliane Karp, "primera dama" , se ha visto envuelta en escándalos de corrupción política. Ya desde el inicio de este gobierno se descubrió que recibía 10 mil dólares mensuales del banco que lavaba el dinero sucio de Fujimori y Montesinos. (Banco Wiese). Recientemente, ha resbalado en otro hecho escandaloso . Renunció a la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), y firmó un contrato de trabajo por 6 mil dólares al mes con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Toledo, simple continuador del fujimorismo y de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha colapsado como gobierno, y su caída hace peligrar los intereses de los grupos de poder y de las potencias mundiales. El gobierno de "todas las sangres", como se autodenominó demagógicamente, ha resultado peor que los regímenes anteriores. Este dramático panorama, agravado al máximo en estos dos últimos años, ha llevado a que la aceptación de Toledo haya caído a niveles desastrosos. Diversas encuestadoras de Lima han señalado que sólo un 10% de los peruanos aceptan el gobierno actual.
Ningún gobernante del mundo, salvo una dictadura (militar o civil como hay tantas en América Latina) puede permanecer en el poder con tan miserable aceptación de los ciudadanos. En estos casos, y así lo pronostican los analistas del gobierno americano y la propia realidad de otros países (Argentina, Haití, etc.), puede ocurrir grandes explosiones sociales espontáneas difíciles de controlar . ¿Cómo controlar esta explosión?.
Existen dos opciones clásicas para detener este tipo de conflicto social. Una se refiere a que los gobernantes hagan algunas concesiones económicas, sociales, incluso políticas con los pobres (amortiguar la crisis y un cargamontón de demagogia). Es decir que los patrones resuelven mínimamente las causas materiales del descontento social, cuya consecuencia directa es la extrema agudización de la lucha de clases. Otra se refiere a no resolver nada (dejar que siga creciendo el hambre y la miseria), y optar por una salida estrictamente represiva y militar. Toledo, hundido en una crisis espantosa, echará mano a la segunda opción (reprimir), y es en este marco de acontecimientos donde encaja la "senderización del país", que ya está tomando cuerpo mediante el montaje policial de "acciones subversivas", "guerrilleros que secuestran obreros", y por qué no algunas extradiciones.
Qué es la "senderización". Esto equivale con toda simpleza regresar a las décadas del 80 y 90, donde los estrategas militares del Estado dividieron el país en dos grandes grupos. Uno, capitaneado por los gobernantes, que se presentaban como grandes jefes militares en lucha contra los que ellos denominaban terrorismo. Se declaraban defensores de la "democracia" y de las libertades. Este frente estaba compuesto por lo que se conoce "fuerzas vivas de la civilidad" (curas, militares, dirigentes políticos, intelectuales, periodistas, dirigentes sindicales, algunos funcionarios de ONG, empresarios, etc.). Otro, encabezado por el Partido Comunista del Perú (PCP), además de simpatizantes de las clases populares, de los medios intelectuales y del movimiento sindical. Este grupo era presentado como "terrorista", enemigo de la democracia , criminales, ligados al narcotráfico, etc. Esta forma simple de dividir la sociedad peruana en dos grandes grupos, sirvió en lo fundamental para crear terror en la población mediante la represión y el crimen. Cualquier persona, ya sea del campo o de los sectores urbanos, que expresaba su oposición al gobierno o las autoridades locales, era con toda simpleza catalogado de "senderista", y ello equivalía a ser apresado, o asesinado inmediatamente. El método de "senderizar" la opinión política de los ciudadanos costó, entre 1980 y el año 2000, más de 15 mil asesinatos a manos de las fuerzas militares y policiales, y por lo menos 5 mil secuestros y desaparecidos. A esto hay que contar cientos de personas que hasta hoy permanecen en las prisiones del país a consecuencia de haber sido acusados falsamente de "senderistas".
A través de la "senderización" también se logran varios propósitos de carácter estratégico para el Estado. Primero, al militarizarse el país, las Fuerzas Armadas actualmente desprestigiadas y bastante debilitadas por su corrupción interna y su rol estelar durante el fujimorismo, retoman el control absoluto del Estado y de la política del país. El hecho de que los militares vuelvan a ser personajes principales en la lucha contra el "terrorismo", los ubica en el pedestal de las preferencias (no del pueblo naturalmente, pero si de la fauna política) desde donde fácilmente pueden encubrir los crímenes y genocidios, que cometieron durante más de 20 años (1980-2003). Un adelanto de esto, ya lo entrega la llamada "Comisión de la verdad y Reconciliación" (creada por Toledo) que junto con exculpar a las Fuerzas Armadas de sus abominables crímenes y genocidios, acusa a "Sendero Luminoso de ser el principal perpetrador de asesinatos durante el conflicto armado". Segundo, en el aspecto de la política del país, la "senderización" contribuye a reflotar momentáneamente el gobierno de Toledo, que como se conoce comenzó a irse a pique desde el mismo mes que pisó el palacio presidencial. El truco de "luchar contra la amenaza senderista", une a militares, partidos políticos y toda esa lacra que se hace llamar "fuerzas vivas de la civilidad". Toledo, momentáneamente rompe su aislamiento y se pone al frente de la gran cruzada antiterrorista. Tercero, la "senderización", sirve también para liquidar a los dirigentes sindicales y populares, que desde diferentes posiciones y alternativas políticas, se oponen a la costra burocrática y traidora que controlan las organizaciones populares. Esto ya se vio durante la huelga de profesores, cuando los dirigentes nacionales del Sutep (vinculados al gobierno) y militantes de Patria Roja acusaron a sus opositores de "senderistas infiltrados".
Bruselas, 10 de julio 2003
