Raúl A. Wiener

Si, como dicen ahora, el adelanto de elecciones y acortamiento de mandato esta fuera de la constitución, entonces, como alguna vez lo escribí en el "Liberación" de César Hildebrandt todo el proceso de transición postfujimorista es extra constitucional.

En ese momento pareció una reflexión puramente teórica y hasta una majadería. ¿A quién le iba a importar si el chino maldito salía de esta u otra forma? Y, la verdad, a mi tampoco me importaba por el hecho mismo. Pero lo que quería decir era que la Constitución de 1993, que nunca fue un marco político definitorio para el autoritarismo y la arbitrariedad de Fujimori, había terminado de liquidarse con el acomodo que le hicieron entre el segundo semestre del 2000 y el primero del 2001, precisamente para organizar una salida política no prevista en la Constitución.

Nadie se ha preocupado, hasta hoy, de declarar oficialmente la inconstitucionalidad de la segunda reelección de Fujimori (como no ha querido hacerse con los actos derivados del 5 de abril de 1992), y la historia ha sido escrita como si el discurso desde Palacio, el 15 de septiembre del 2000, cuando el re-reeleccionista recorta de motu propio no sólo el período de la presidencia a un año, sino que lo extiende a vicepresidentes y parlamentarios, sin pedirles su consentimiento y sin preguntarse si todo esto era posible, hubiese estado encajado en una sucesión institucional. Así, todos los cargos elegidos en la discutida elección de ese año tuvieron vigencia de 12 meses, y el encargado de terminar el plazo de la presidencia ante la fuga del titular, resultó siendo un inesperado Paniagua.

No voy a recordar aquí la historia del video Kuori; la mesa de la OEA; el regreso de Montesinos, la segunda fuga y la falsa persecución del ex asesor por los cerros; el viaje sin regreso a Benin y Tokio; la compleja transición organizada desde el Congreso, hasta encumbrar al presidente transitorio. Pero todo eso ocurrió en medio de una explosión del régimen cuyas raíces había sido la insurgencia popular contra Fujimori contra el fraude con su clímax de los Cuatro Suyos, y la subsiguientes quiebra del sistema de alianzas que había hecho viable el fujimorismo. La operación en que se metió la OEA y remató el Congreso de los tránsfugas y los re-tránsfugas, fue la de aparentar un curso ordenado de salida y una legalidad para las autoridades que iban emergiendo basada en estirar la normatividad fujimorista más allá de sus límites.

De haberse asumido la quiebra del sistema, la derivación obvia hubiera sido la inevitable instauración de un mecanismo provisional de gobierno y la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente, precisamente para dilucidar los nuevos pilares del poder en el país. No se quiso hacer así. Paniagua prefirió la inamovilidad de la supuesta transición y Toledo, con el mismo argumento, el continuismo cambalachero de Fujimori y Belaúnde-García. Y ése es el comienzo del nuevo fiasco y confusión que ahora vivimos.

En el Perú de hoy sólo hay dos caminos: o seguimos buscando fórmulas para durar y para mantener la gobernabilidad del día siguiente, a sabiendas que avanzamos hacia el abismo, y si es así no tiene nada de ilegal o inconstitucional aplicar a Toledo la solución que se usó para Fujimori. Razones sobran para eso. O vamos hacia una opción política de ruptura, con la participación de la sociedad que hoy hace de mera espectadora. Y esa opción es la de la derogatoria de la Constitución del 93 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente con plenos poderes, elegida por voto universal y distritos regionales, con representación calificada de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, que nos diga como organizar el país y el Estado, y lo que deberíamos hacer con el actual gobierno y Congreso.

El problema no está en reconocer otra vez que nos equivocamos con Toledo, como antes lo hicimos con todos los otros presidentes, y como seguramente volveremos a equivocarnos cuando tengamos que escoger entre García, Flores, Paniagua, porque no hay como acertar con cualquiera de ellos. El problema es saber si todavía hay tiempo para una solución popular por la vía institucional que replantee el mapa político y construya alguna cohesión nacional.

Si no hay oportunidad para ello, o si tratamos de evitar un juicio social del sistema, nos estarán esperando crisis mayores. Allí están Venezuela, Argentina, Bolivia y otros países para recordárnoslo.