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"La derecha española y el sector más reaccionario del aparato judicial del estado se sirven como ariete de la llamada Asociación de Victimas del Terrorismo, que fue la que presentó la denuncia, y que, bajo el falso manto de una mera entidad asistencial y alejada de intereses políticos, esconde un grupo de clara ideología ultraderechista y que defiende unos objetivos políticos muy claramente definidos. El principal de sus objetivos, en estos momentos, es poner todas las trabas posibles, hasta hacerla imposible, para una salida negociada, justa y pacífica de la cuestión vasca."

Comunicado de Corriente Roja

Ante la imputación por integración en banda armada de varios miembros de EHAK y las desproporcionadas medidas cautelares, cien mil euros de fianza a cada uno y retirada de pasaporte, impuestas por el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, Corriente Roja manifiesta:

Estos hechos se inscriben en una campaña de persecución política que tiene por objeto cercenar y silenciar cualquier tipo de expresión política de la izquierda abertzale, o lo que es lo mismo, de una parte muy significativa del pueblo vasco. Solo la garantía de la participación política de todos los sectores puede ser pilar sobre el que se funde el necesario proceso de paz en Euskal Herria.

Debemos denunciar como la derecha española y el sector más reaccionario del aparato judicial del estado se sirven como ariete de la llamada Asociación de Victimas del Terrorismo, que fue la que presentó la denuncia, y que, bajo el falso manto de una mera entidad asistencial y alejada de intereses políticos, esconde un grupo de clara ideología ultraderechista y que defiende unos objetivos políticos muy claramente definidos. El principal de sus objetivos, en estos momentos, es poner todas las trabas posibles, hasta hacerla imposible, para una salida negociada, justa y pacífica de la cuestión vasca.

Se continúa agitando la consigna, falsa y mezquina, de "todo es ETA". Es esta una estrategia que tiene como fin acabar con las innumerables asociaciones y grupos diversos y plurales, que desde la resistencia popular se han ido tejiendo poco a poco en Euskal Herria de un modo autónomo, y que suponen algo tan "peligroso" para los aparatos estatal y autonómico como el intento de construir una sociedad alternativa desde sectores populares.

Como siempre es la Audiencia Nacional, heredera directa del franquista Tribunal de Orden Público, la que ha dado curso al caso. Desde Corriente Roja siempre hemos manifestado y seguimos manifestando, nuestra oposición más rotunda a la existencia de tribunales y leyes de excepción. Este tipo de tribunales y de legislaciones son por principio injustas ya que rompen el principio de igualdad ante la ley desde el momento que, ante hechos iguales y cometidos en el mismo territorio de un estado, se proponen castigos muy distintos dependiendo de si se aplica la ley de excepción o la legislación ordinaria.

Resulta muy descriptivo y aleccionador sobre la clase de justicia y el sistema supuestamente democrático en el que vivimos comparar el trato recibido en dos casos muy recientes; Mientras que varios jóvenes vascos, imputados en el llamado juicio contra la kale borroka, y a los que como hechos probados lo máximo que se les podía atribuir era la destrucción de mobiliario urbano, permanecían cuatro años en prisión preventiva, un ciudadano español moría en un Cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar y los guardias, que son funcionarios públicos y por ello doblemente responsables, implicados en los hechos, ni siquiera pasaban una noche en el calabozo.

No podemos olvidar la responsabilidad del gobierno Zapatero. Si realmente se está por impulsar una salida negociada y en la que se escuchen todas las voces, no es posible que esto se haga en un marco de persecución política y de amenaza permanente. No basta con las declaraciones de intenciones o con el talante mientras se mantiene y se aplica una ley injusta y antidemocrática como es la Ley de Partidos. A treinta años de la muerte del dictador seguimos sufriendo las consecuencias de la traición de las direcciones de la izquierda de nuestro país con el abandono del programa de la "ruptura democrática". La depuración de los aparatos represivos, policiales y judiciales, nunca se llevó a cabo, al contrario, se perpetuó a los mismos en el poder. Nunca es tarde para abordar una tarea tan necesaria.

Corriente Roja quiere manifestar su indignación por lo desmesurado por las medidas judiciales adoptadas por el juez Grande-Marlaska, su solidaridad con los injustamente imputados y afirmar que seguirá defendiendo en todos los foros la necesidad de garantizar el ejercicio de la soberanía del pueblo vasco para la salida negociada, pacífica y democrática que anhelamos para Euskal Herria.