La campaña desatada en diversos países de Europa en contra de las prestaciones sociales es la enésima repetición de un proceso continuo desde inicios de los años ochenta, orientado a transferir una parte sustancial del patrimonio acumulado en manos del sector público a manos del capital privado.
Esta moderna desamortización del común en beneficio de las clases pudientes, ya no terratenientes como en el siglo XIX sino capitalistas transnacionales y financieros, tiene la denominación técnica de "reacumulación originaria de capital"; al igual que en la acumulación originaria durante los siglos XVII y XVIII, el término hace referencia al proceso histórico de la concentración en manos privadas de una gran parte de la riqueza social (oro y hombres) conducente a la creación de las condiciones necesarias para lanzar un nuevo periodo histórico y social; en su momento, la revolución industrial burguesa, hoy la globalización. Las privatizaciones de los servicios públicos, la reconversión de los sistemas de pensiones contributivas (sociales) en sistema de reparto (privados) es el medio más importante para ampliar la esfera de la producción mercantil a costa de la producción social de bienes y servicios.
Ahora bien: una novedad importante del ciclo de privatizaciones a principios del siglo XXI es la aceptación e impulso del proceso por parte de sectores de la izquierda institucional que surgió precisamente para cubrir los espacios de radicalidad y cambio dejados abandonados hace tiempo por la izquierda socialdemócrata. El caso de Los Verdes alemanes, o de la confederación sinidcal CFDT en Francia son la expresión más clara de este proceso de abandono de cualquier atisbo de pensamiento alternativo. Incluso los que mantienen posiciones formales de oposición, como la izquierda comunista en Francia o los sindicatos un poco en todas partes, son incapaces de elaborar una alternativa que vaya más allá de la posición conservadora de mantener las cosas como estaban hasta ahora.
De la economía...
El proceso no deja de ser curioso: gentes por lo demás cultas y espabiladas, cuando se ponen a hablar de economía, no son capaces sino de repetir los dislates más difundidos del pensamiento único. Así, el ministro de asuntos exteriores alemán, Joschka Fischer, parece que dijo que pretender quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres iba en contra del crecimiento económico, pues son los ricos los que pueden invertir ("¿quién invertirá si no son los que tienen?").
Semejante argumento, a estas alturas de la película, tiene que ser algo más que un dislate. Cuando voces que nos llegan del otro lado del Atlántico como los premios Nobel nada sospechosos de izquierdismo ni de pro-europeismo, Franco Modigliani o Paul Samuelson, o incluso el candidato pero todavía joven Paul Krugman, insisten que el problema del crecimiento económico en Europa es de una demanda insuficiente, los políticos de turno en Europa insisten en el argumento reaganiano que provocó en su propio país una de las recesiones más severas de los últimos lustros: lo que habría que hacer, según estos políticos mal ilustrados, sería por lo tanto quitarle a los pobres para darle a los ricos, a fin de que estos inviertan para darle empleo a los pobres.
Para empezar, los ricos nunca invierten su dinero, sino el de los demás, que obtienen por medio de préstamos bancarios o en el mercado de capitales. Además, los ricos no invierten nunca porque se les dé más dinero - o se les reduzcan los impuestos, al fin la misma cosa- y tengan tanto que no sepan que hacer con él, sino solamente si están convencidos que sus inversiones les harán ganar más dinero todavía. Y la rentabilidad depende de dos cosas: los costes, y las ventas. Si las ventas caen, y para compensar se reducen los costes salariales y el empleo, el resultado será que las ventas caerán más deprisa de lo que se reducen los costes.
Parece mentira que estas verdades tan elementales, que al otro lado del Atlántico les lleva a insistir en la reducción de costes por la vía del coste financiero (bajadas de los tipos de interés) no sea copiada por los políticos que a la postre creen que el amigo americano nos lleva la delantera en casi todo... menos en las redes de protección social.
Pensar por otro lado que un sistema público de pensiones puede "quebrar" tiene la misma consistencia lógica que suponer que puede hacerlo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, o que puede quebrar la Dirección General de Parques y Jardines. Un sistema de pensiones basado en las contribuciones de los trabajadores de hoy para pagar las pensiones de los jubilados de hoy, no tiene porqué quebrar: si se requiere más dinero para pagar las pensiones, se puede obtener de las cotizaciones o de los impuestos... al fin, no es un problema de ingresos y gastos, sino un problema de distribución social de la renta.
La cuestión no es si puede quebrar el sistema público de pensiones, sino qué porcentaje de la renta nacional estamos dispuestos a transferir a los jubilados. Recordemos que hoy por hoy esta transferencia en España es aproximadamente de ochenta céntimos por cada diez euros de renta, cuando en los países más desarrollados de la UE alcanza un euro y medio por cada diez euros de renta.
Lo mismo vale para otras prestaciones sociales, como los ingresos por desempleo, ayudas familiares, etc. En todos los cuales España se sitúa a la cola de Europa en términos relativos y en prestaciones por habitante.
... a la política...
Hay otro elemento novedoso en las actuales circunstancias del proceso: el vacío dejado por la izquierda política es ocupado casi siempre por movimientos sociales. La reacción más significativa contra la aceptación del proceso privatizador por parte de Los Verdes viene del grupo ATTAC, una de las corrientes más activas del movimiento antiglobalizador (o alterglobalizador, como prefiere denominarse).
La situación es un tanto paradójica: una de las características definitorias de los movimientos sociales es su ubicación en el terreno de la influencia política, y no tanto en el de la intervención directa en la representación institucional de intereses. Sin embargo, al mismo tiempo que en el último lustro se ha producido una verdadera eclosión de movimientos y organizaciones sociales críticas con la realidad del capitalismo neoliberal, este acentúa su influencia y dominio sobre el pensamiento económico y normativo social en general, hasta el punto de suprimir cualquier voz discordante del espacio público, sin aparentes desgarros en el tejido social.
Hoy se acepta en círculos de izquierda, sindicales o políticos, tópicos que no resisten ningún análisis crítico mínimamente serio, como por ejemplo, que los aumentos salariales provocan inflación, que la moderación salarial influye directamente en el nivel de precios, que el mercado asigna siempre mejor los recursos que la iniciativa pública, que el sistema público de pensiones puede quebrar, que la globalización es inevitable, que en Estados Unidos hay menos desempleo que en Europa, que la formación es la clave para encontrar un puesto de trabajo, o para conservarlo, o que los ricos invierten más si se les distribuye parte de la renta de los pobres, cuando todas estas cuestiones solamente son verdad en determinadas condiciones o desde un perspectiva particular, cuando no radicalmente falsas.
Hay una "sensación" de que todo este rollo forma parte de una fenomenal confabulación para crear un pensamiento mágico entre las mayorías sociales que facilite el acatamiento al sistema dominante de desigualdad jerárquica. Pero los sectores que así lo perciben no logran articularse en forma de "pensamiento práctico", cuya expresión más acabada es la del partido político, y se expresan a través de movimientos sociales para-políticos (sindicatos minoritarios, grupos antiglobalización, medios de comunicación alternativos, grupos y tendencias musicales, etc.)
...pasando por lo social
¿De donde procede entonces el interés de los partidos políticos de la izquierda en aplicar la nueva dosis de receta neoliberal a la enferma economía europea, en lugar de promover una ampliación del espacio alternativo? En los años más recientes el grado de sofisticación e influencia de los grupos de presión vinculados a las multinacionales no han dejado de aumentar. Actualmente, el número de empleados de multinacionales dedicados en Bruselas a influir en las decisiones de la Comisión europea supera incluso al de funcionarios al servicio de ésta.
Grupos como el European Roundtable of Industrialists, el Comité Europeo de la Cámara de Comercio Americana o el CEPS (Center for European Policy Studies) dedican importantes esfuerzos a influir en la orientación de las políticas comunitarias y a colocar a sus agentes en puestos clave de la misma. Es conocido que Direcciones Generales como las de comercio exterior y la de competencia están cooptadas por las multinacionales. Sus directores generales proceden y regresan al final de su mandato a altos cargos en compañías multinacionales o a consultoras de empresa de elevada facturación. La vida de dichas direcciones transcurre en el más riguroso de los mutismos, ajenas a la transparencia y apertura al debate público que debe presidir toda institución democrática.
En cada país, son numerosas las fundaciones que con fondos privados y públicos se dedican a la propaganda de la ideología neoliberal y a la cooptación de intelectuales y personas influyentes en la opinión pública (periodistas, políticos, académicos).
Fundación Empresa y Sociedad (IBM), Fundación para la Modernización de España (GlaxoSmithKline), Fundación Juan March e incluso organismos públicos como el Instituto de Estudios Económicos o el Banco de España se dedican a propagar el credo liberal, enfocando sus actividades fundamentalmente hacia los medios de comunicación y académicos.
Esta amplia red es la respuesta al diagnóstico que hicieran a principios de los años setenta la comisión Trilateral y la Fundación Rockefeller, relativo al "exceso de democracia", que derivaría de una "dependencia" elevada de la clase política respecto a una opinión pública no controlada por los agentes empresariales.
La capacidad de interlocución con los partidos políticos de estos grupos de interés es muy elevada, y el acceso a sus líderes es con frecuencia superior a las bases partidarias o las organizaciones sociales afines. Y la experiencia muestra que la atención prestada a los grupos de presión empresariales y a su ideología, sobre todo en el plano ideológico y estratégico, y no tanto en el de las actuaciones prácticas o el de la corrupción político-clientelar, es directamente proporcional al impacto del político o la organización en los medios de comunicación. Gracias, obviamente, al control por parte de las grandes corporaciones empresariales de casi todos los medios de comunicación de masas.
Y como los canales de relación directa de los partidos con la sociedad son tan limitados, el impacto en los medios de comunicación coincide con la incidencia en la valoración de la opinión pública de tal o cual político, de tal o cual organización.
Opinión pública y alternativas de sociedad
La formación de la opinión pública se convierte así en el objetivo de la actuación partidaria, que tan solo se canaliza a través de la "influencia", es decir, de la colusión con los grupos de interés.
Romper con este círculo requiere sin duda un gran esfuerzo y una planificación a largo plazo de estrategias de formación e información. Pero también se necesita una acumulación de fuerzas que identifique con claridad la influencia en la vida política de los grupos corporativos como el nudo principal del montaje neoliberal. Y que denuncie y se oponga con determinación al creciente control de la vida social (la ciencia, la educación, las artes, el deporte, la alimentación, la información, el ocio) por parte de las grandes empresas.
Opiniones
