La Izquierda debate
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América Latina: notas para entender qué significa, hoy, "izquierda"
Raquel Gutiérrez Aguilar
Hay ocasiones cuando las ideas y los conceptos básicos que nos permiten
volver inteligible la realidad parecen no tener la agudeza necesaria como para
brindarnos una comprensión cabal de lo que sucede. Hay momentos históricos en
los que no es fácil distinguir entre los distintos proyectos sociales y
políticos defendidos por uno u otro grupo partidario y/o social. Según percibo,
la noción de "izquierda" está actualmente entrampada en cierta opacidad. ¿Es de
izquierda un movimiento social que derroca a uno o varios presidentes, como en
Bolivia en el 2003, en Argentina a fines del 2001, en Ecuador en el año 2000, y
no se propone tomar el poder? ¿Es de izquierda una propuesta política partidaria
que nos propone contemporizar los intereses de ciertas fracciones del capital
nacional, negociar los niveles de saqueo transnacional y atender en alguna
medida necesidades básicas de la población?
En las siguientes líneas presentaré algunas notas esquemáticas para bosquejar un
mapa que, espero, nos permita orientarnos en el panorama político y social de
América Latina hoy. Siendo un tema tan amplio, tendré que manejarlo en un nivel
bastante alto de abstracción lo cual, espero que no sea una debilidad demasiado
grande.
Lo que el neoliberalismo ha hecho de y con los pueblos, de y con la riqueza
social, de y con los derechos colectivos
Un primer elemento consiste en visualizar con claridad algunos rasgos de ese
fenómeno al que llamamos "neoliberalismo" o "globalización neoliberal", y que a
veces, esconde más que aclara. La intención de precisar lo que entendemos por
neoliberalismo, está en que sólo así sabremos qué esperar de la lucha por
"derrotar al neoliberalismo", que es a fin de cuentas aquello en lo que
cualquier izquierda que se respete debiera concentrarse.
Más allá de la apertura de los mercados de bienes y capitales, de los múltiples
mecanismos de supuesto "adelgazamiento del Estado" y "reformas estructurales",
de reformas fiscales y monetarias y de la construcción paulatina de un entramado
legal - nacional e internacional- que busca la preservación del orden imperante;
hay cuando menos tres elementos abstractos que permiten entender la lógica
interna de la contemporánea ofensiva general del capital contra el trabajo que
toma el nombre de neoliberalismo:
i) Por un lado, el neoliberalismo ha sido una ofensiva política y económica en
toda la línea contra la población trabajadora de todos los países de América
Latina. Con el neoliberalismo se ha establecido una nueva forma de "uso de la
fuerza de trabajo" basada en su más radical depreciación, en su ampliación bajo
modalidades anómalas e informales, en formas intensas de sobre-explotación que
combinan maneras que parecían ya superadas de elevación de la plusvalía
absoluta, con nuevos mecanismos de elevación de la plusvalía relativa. Es decir,
el neoliberalismo se despliega en una sistemática y permanente pelea por imponer
condiciones inadmisibles para el uso de la fuerza de trabajo y es, en este
sentido, una continua acción de sometimiento de la capacidad de trabajo.
ii) El neoliberalismo ha consistido, también, en una gigantesca acción de
despojo, de acaparamiento y monopolización de la riqueza social acumulada por
generaciones. La ola de privatizaciones de empresas estratégicas de petróleo,
energía eléctrica y agua anteriormente públicas, de la seguridad social y los
fondos de pensiones, de la tierra y los servicios en todos los países de América
Latina, con sus variantes locales de "capitalización", "apertura de mercados" o
directamente entrega al capital transnacional, es la forma como se ha llevado a
cabo el saqueo.
iii) Además, el neoliberalismo ha ido de la mano con el desmantelamiento de las
estructuras sociales que garantizaban la posibilidad de ejercicio de
determinados derechos colectivos anteriormente reglamentados y que habilitaban
ciertas formas de participación política, a través de los cuales no sólo se
garantizaban algún nivel de participación social en el conjunto de la riqueza
social sino que también, jugaban un papel en la posibilidad de los distintos
segmentos sociales de influir en las políticas nacionales. A través de una
sistemática destrucción del tejido social, el neoliberalismo ha buscado
convertir a la sociedad en un conjunto controlable de ciudadanos aislados,
manipulables e impotentes, concordantes con los planteamientos básicos de la
democracia liberal formal. Tal destrucción e impotenciación ha ido paralela a
innumerables esfuerzos de contención legal de la protesta, de limitación de los
derechos de participación política -por la vía de la partidización de la
sociedad- y de criminalización de la lucha social que pueden rastrearse en las
distintas leyes de "seguridad" y reformas políticas promulgadas en casi todos
nuestros países en los últimos 10 años.
Así, estas son las cuestiones que considero centrales para entender el
significado de la ofensiva neoliberal: sorda guerra por imponer cierta forma de
uso de la fuerza de trabajo, acaparamiento y despojo de la riqueza social
acumulada y vaciamiento y anulación de la capacidad política de la sociedad.
Lo que la sociedad trabajadora está haciendo a partir de lo que han hecho con
y de ella
Tras el desconcierto y parálisis producidos a raíz de esta violenta ofensiva
neoliberal iniciada en los 80´s en todo el continente, alrededor del año 2000
podemos situar una especie de punto de inflexión histórico, marcado por la
reconstitución de cierta capacidad de respuesta social para movilizarse y
oponerse al régimen de inseguridad y empobrecimiento creciente que acarrearon
las políticas de "reforma estructural". Si el alzamiento zapatista de 1994 en
México, que coincidió con la entrada en vigor del TLCAN anunció tempranamente
con su estruendoso ¡Ya basta!, que la resistencia a los planes del
capital seguía presente; es más o menos en el 2000 cuando comienzan a brotar con
mayor fuerza múltiples acciones de lucha a lo largo de América Latina. El 10 de
enero de 2000 se iniciaron los bloqueos de caminos en torno a Cochabamba,
Bolivia, donde una subsidiaria de la trasnacional Bechtel acababa de apoderarse
del agua, tradicionalmente escasa en la región. Once días después, el 21 de
enero, 12,000 indígenas ecuatorianos rodeaban el Palacio de Justicia y el
edificio del Congreso en Quito, exigiendo la salida de la presidencia de Jamil
Mahuad, el nefasto presidente "dolarizador", sucesor de otro presidente, Bucaram,
también destituido unos años antes.
Esto fue el preludio de la Guerra del Agua en Bolivia, de la reactivación de la
insurgencia indígena aymara, de la expansión de la capacidad de acción de la
CONAIE y del Movimiento Nacional Pachakutik y del posterior levantamiento de
Arequipa que defendió la empresa municipal de electricidad de la voracidad del
capital. Igualmente en el 2000, los piqueteros se consolidaron en Salta y Jujuy
y comenzaron a aparecer en el Gran Buenos Aires. En Brasil, el MST ocupaba
nuevas haciendas y a través de él, como en muchas otras ocasiones, se
movilizaban miles de personas.
En los años siguientes, hemos presenciado la expansión de esta tendencia. En
Argentina, antes del estallido de diciembre de 2001, cuando un gigantesco motín
civil destituyó a varios presidentes y estableció claramente que la sociedad
argentina estaba dispuesta a poner límites al atraco transnacional de su
población, hubo más de 300 acciones colectivas de corte de ruta, implementadas
por esos anómalos y tumultuosos conglomerados humanos que son los piqueteros,
esa especie de sans- coulottes, de personajes híbridos, ex obreros ahora
pequeños comerciantes, en medio de redes familiares que se dedican a la
producción en pequeña escala de alguna mercancía sin futuro en el mundo global;
o jóvenes y mujeres lanzados al empobrecimiento más abyecto pero que aún así se
las ingenian para sacar, cada día, un poco de alimento con el cuál sobrevivir:
los nuevos pobres urbanos comenzaban, también, al igual que los indios
mexicanos, bolivianos y ecuatorianos, a rebelarse.
Y esto sucedía cuando otra oleada de malestar indígena sacudía Bolivia:
nuevamente los bloqueos aymaras en el 2002, nuevamente la insurgencia cocalera.
Y el MST, silencioso y tenaz, organizando y realizando sus ya incontables tomas
de tierra, pero más importante aún construyendo de a poco sitios donde se
pretende vivir, convivir y sobrevivir de manera diferente, digna y autónoma. Y
en México la movilización y tenacidad de los ejidatarios y pobladores de Atenco
echó a la basura el más grande proyecto económico del sexenio foxista: la
construcción del nuevo super- aeropuerto de la ciudad de México.
El 2003 hemos visto una inusitada aunque todavía no muy definida movilización en
Perú contra las políticas de Toledo y acudimos a la gigantesca acción de lucha
por la defensa del gas que el pueblo aymara y boliviano protagonizaron en
septiembre y octubre hasta hacer caer al emblemático presidente neoliberal,
Sánchez de Lozada.
Así, resulta que si observamos todo este panorama, el balance no es malo: en
tres países de América Latina han caído presidentes que han pretendido aplicar
proyectos socialmente inadmisibles a partir de la decisión social de no soportar
más sus decisiones; en otros más sin llegar a crisis políticas tan extremas, se
han fondeado planes económicos de enorme importancia, en algunos más se han
llevado a cabo amplias acciones de recuperación de tierras y territorios. En
fin, a partir del 2000 presenciamos una nueva oleada de participación social, de
movilización política a través de movimientos sociales de muy diversas clases y
con creciente capacidad de intervención en el asunto público.
Sin entrar a describir los rasgos que caracterizan a estos llamados "nuevos
movimientos sociales", como su carácter territorial y su horizontalidad, su
flexibilidad y su distancia a los cánones clásicos e institucionales de la
política, pongo a consideración dos aspectos de su forma de acción política que
me parecen relevantes para el objetivo de este trabajo:
En primer lugar, los movimientos sociales en toda América Latina parecen ir
consolidando una gran capacidad de veto, es decir, si algo tienen en común las
acciones de movilización social desarrolladas desde Argentina hasta México,
pasando por Bolivia, Perú y Ecuador es que hombres y mujeres de las asociaciones
más diversas y de múltiples sectores sociales, logran enlazarse en un
determinado momento para expresar contundentes ¡NO´s! contra partes
significativas de los proyectos políticos y económicos de las elites
gobernantes: ¡no a la privatización del agua!, ¡no a la política de enajenación
del ahorro privado propuesta por De la Rua!, ¡No a la privatización de la
Empresa municipal de electricidad en Arequipa!, ¡No a la construcción del
aeropuerto en las tierras colectivas de Atenco, México!, ¡No a la venta del gas
en las condiciones impuestas por las transnacionales!
Así, un elemento común de todas estas luchas es su capacidad de vetar, de
impedir el desarrollo de específicos proyectos de las transnacionales
auspiciados por los distintos gobiernos locales. En cierto sentido, cada una de
estas irrupciones de lucha social es una reactualización del ¡Ya basta!
Zapatista de 1994. Todas ellas son acciones de movilización tumultuosa,
multitudinaria y contundente que expresa que la población no está dispuesta a
aceptar más la continuación de los planes neoliberales de saqueo y que tiene
capacidad de defender lo que sabe que colectivamente le pertenece.
En segundo lugar, un segundo rasgo que aparentemente comparten todos estos
movimientos, es la ausencia de un proyecto estructurado de un futuro distinto
más allá de la enérgica oposición a aspectos puntuales de los planes del
capital. En los casos de Argentina en 2001-2002 y de Bolivia en 2003 esto es
notable. La sociedad movilizada se dota de una finalidad específica, la consigue
aunque sea a medias a través de su tenaz y esforzada movilización y una vez
asentada su capacidad y presencia -tras "hacerse sentir" como expresaba la gente
de El Alto en octubre- la energía social parece nuevamente disiparse y la
cohesión de la multitud, a primera vista, se debilita.
Cabe aquí hacernos la pregunta de si este rasgo de las movilizaciones, percibido
como ausencia de un proyecto político más nítidamente visible, no es una mera
apariencia que brota de la falta de agudeza de nuestros propios esquemas de
intelección del acontecimiento real. Pienso que si entendemos la política sólo
como el conjunto articulado de múltiples acciones desplegadas con el fin de
hacerse cargo de la administración y el control del Estado, por cualquier vía,
electoral o no; entonces inmediatamente salta la consideración de tal elemento
como ausente de las ambiciones y perspectivas políticas puestas en marcha a
través de las movilizaciones en ciertos países como Bolivia, Argentina y el
zapatismo en México.
Sin embargo, si entendemos por política de izquierda ante todo, la masiva
intervención colectiva en la definición de lo que ha de hacerse a nivel público;
si consideramos política la confrontación social que busca establecer nociones
distintas de lo que debe entenderse por bien común, entonces las luchas
de estos movimientos tienen un contenido altamente político y, más bien, es
posible que a través de algunos de sus rasgos constitutivos lo que estén
planteando sea un cambio de civilización: el "mandar obedeciendo" que se replica
explícitamente en Argentina y que de alguna manera se encuentra en la
movilización boliviana reciente, habla de una ruptura con un fundamental
principio liberal de la política que es la delegación de la soberanía colectiva
en un representante. Además, los esfuerzos para llevar a cabo la resistencia o
bien han tensado, politizado y conseguido la autonomía de ciertas estructuras
sociales anteriormente manipuladas clientelarmente por las elites, o bien han
empujado a la construcción y consolidación de nuevos organismos sociales para
habilitar la intervención política de los ciudadanos que funcionan de manera no
vertical, con casi ninguna jerarquía y donde se establecen formas de asociación
y participación flexibles y muy comprometidas. Todo esto insinúa una especie de
reconfiguración autónoma de la sociedad que fortalece y garantiza su capacidad
de intervención en el asunto público.
Así, sumando la capacidad de veto ya alcanzada y el reforzamiento de estas redes
sociales de participación y acción política, encontramos que quizá lo que vamos
presenciando es el despliegue de una estrategia política del movimiento social
que podemos denominar como de "cerco y construcción": se ponen cercos al poder,
físicos como en Bolivia o políticos como en Argentina, de tal manera que la
posibilidad social de vetar partes específicas de los planes neoliberales se
acrecienta y, al hacerlo, se construye capacidad social de intervenir en el
asunto público, de dotarse de fines, de hacer política.
Ahora bien, una y otra vez he insistido en que los nuevos movimientos sociales
vetan, impiden y obstaculizan a través de su movilización, puntos específicos de
los planes neoliberales en marcha. Sin embargo, una debilidad suya está en la
dificultad para lograr dotarse de nuevos fines políticos comunes y autónomos,
una vez conquistado el objetivo inicial de la movilización. En cierta medida,
esto sucedió en Argentina tras los levantamientos del 20 y 21 de diciembre: unos
meses después se llevaron a cabo elecciones donde compitieron las elites
partidarias y si bien Kirchner se ha visto empujado por los altísimos niveles de
indignación y desconfianza social, a renegociar las condiciones de la sumisión y
expoliación argentina frente al capital transnacional, todo esto marcha lenta y
confusamente y no toca los aspectos fundamentales del dominio neoliberal de la
sociedad argentina. En Bolivia sucede otro tanto: a casi siete meses de la huida
de Sánchez de Lozada, el movimiento social no consigue obligar a Mesa a cumplir
con el mandato que le dio cuando tomó posesión, si bien los planes de
exportación del gas tampoco logran avanzar.
En este escenario se contraponen dos presencias políticas claramente
diferenciadas. Por un lado, el ámbito de lo formal, con los institutos
electorales reformados y creíbles en casi todos los países, que impulsan la
contienda electoral como forma fundamental de participación política, y ahí
dentro, ciertas versiones partidarias de izquierda ciertamente descoloridas. Y,
por otro, los amplísimos espacios abiertos por las luchas sociales, que son
vigorosas por momentos, aunque también discontinuas en el tiempo y, sobre todo,
sostenidas por asociaciones flexibles y cambiantes que vetan proyectos, cercan
al poder y tendencialmente construyen formas de socialidad y de intervención
política distintas.
Ninguno de estos dos ámbitos parece tener propuestas políticas explícitas de por
donde avanzar. Por el lado de lo que podemos llamar "izquierda partidaria", ni
en México ni en Brasil donde tenemos expresiones nítidas de esta tendencia, en
un gobierno local y en el gobierno federal respectivamente, los partidos en
cuestión presentan proyectos donde se propongan caminos de superación del
neoliberalismo, entendido en sus múltiples significados de ofensiva global del
capital. Tanto el PRD mexicano como el PT en Brasil, van ajustándose a lo que
consideran "posible", intentando negociar límites y ambicionando quizá lo que se
podría entender como un "capitalismo regulado". Estos partidos, y aquí presento
una afirmación fuerte que someto a discusión, no tienen si quiera un programa
reformista: se limitan a negociar modalidades menos duras de vehiculización de
la política y los proyectos del capital transnacional.
Ahora bien, por el lado de lo que se viene llamando "izquierda social", y
específicamente, en el terreno de la política de los movimientos sociales que
han estado poniendo en jaque a distintos gobiernos latinoamericanos en los
últimos años, tras las explosiones recurrentes de furia contenida, tras la
acción de veto e impedimento de ciertos planes, la formulación de propuestas
estratégicas de superación del neoliberalismo parece avanzar con gran
dificultad, aunque no la acción práctica de construir desde la base relaciones
sociales y políticas distintas, potencialmente preñadas de vigorosas
posibilidades de transformación.
Si tal ausencia de una propuesta política más general, tendencialmente
superadora del dominio neoliberal es cierta, tanto en los movimientos sociales
como en la llamada "izquierda partidaria", lo que busco en la tercera parte de
este trabajo es sugerir un criterio para, colectivamente, irle dando cuerpo a un
posible horizonte de deseo común que pueda dar contenido a una política
de izquierda.
La reapropiación social de la riqueza colectiva y de la vida como eje
principal de un programa de izquierda
6. El elemento común que se expresa en casi todas las movilizaciones
sociales en el continente, es que surgen de una pelea, de una conflagración por
la propiedad y destino de ciertos recursos básicos, ya enajenados o en disputa:
el agua en Cochabamba, la electricidad en Arequipa, los ahorros de los
ciudadanos y otros recursos públicos en Argentina, el gas en Bolivia entera, la
tierra y el destino de ésta en Atenco, México. Algunas de estas luchas son por
evitar un despojo -Cochabamba, Argentina, Atenco, Arequipa-; otras son por
impedir nuevas acciones de despojo que se sostienen en un saqueo anterior -Bolivia,
2003-.
Así, la propiedad de los recursos naturales o económicos está en el fondo de las
más importantes movilizaciones recientes; y si bien, no es todavía la propiedad
de los bienes saqueados lo que se ha puesto en entredicho a través de la lucha,
o al menos no explícitamente y más bien los diversos movimientos han tenido como
contenido la defensa de lo que todavía es, cuando menos, propiedad pública o
colectiva; pareciera estar apareciendo una tendencia, al menos en Bolivia, hacia
la disputa de la propiedad de los recursos naturales -que fue enajenada
anteriormente.
En Bolivia actualmente, a partir de la crítica de la Ley de Hidrocarburos, es
decir, de la ley que permitió el ingreso de las transnacionales al sector
energético y que afianzó la entrega de tales recursos al capital extranjero, se
comienza a bosquejar y a discutir la necesidad de la reapropiación social del
petróleo y el gas; igual que se luchó por la reapropiación del agua en el 2000.
La idea de re-apropiación social de los recursos saqueados, como horizonte
movilizador tiene enorme fuerza pues alude a los criterios básicos de lo que es
moralmente admisible: no es moralmente admisible que en la explotación de un
recurso natural como el gas, al pueblo boliviano sólo le corresponda el 18% del
rendimiento, mientras que las transnacionales acaparan el 82% restante en forma
de ganancia. Esto en el caso concreto de Bolivia, pero la idea de re-apropiación
de la riqueza social puede sintetizar también la lucha de los obreros argentinos
que ocupan fábricas, de los trabajadores mexicanos de la energía que impugnan la
modalidad específicamente local de privatización de este sector industrial, etc.
Además, por expresarlo de alguna manera, la lucha por la re-apropiación
colectiva de la riqueza social es una "consigna flexible", es decir, no
necesariamente se compromete con un programa de re-nacionalización aunque puede
incluirlo; puede amparar un terreno previo de disputa de las condiciones del
saqueo -impuestos a las transnacionales, modalidades de participación de capital
extranjero, etc.- y puede también llegar a adquirir un contenido de mayor
radicalidad como la "transformación social de la empresa recuperada" como se
planteó para el Servicio Municipal de Agua (SEMAPA) en Cochabamba tras la guerra
del Agua. De lo que se trata a partir de reflejar las múltiples luchas locales
en el espejo de la pelea general por la re-apropiación social de la riqueza y de
la vida, es de diagramarnos colectivamente una idea fuerza que nos permita
reconocernos y distinguirnos entre luchadores de izquierda.
Un partido que no explica a sus militantes y a la población en general, los
pasos que ha de dar para re-apropiar para usufructo público la riqueza social,
que no se propone claramente la re-apropiación de derechos colectivos
desmantelados o amenazados, es decir, que no se compromete con la reapropiación
de la decisión sobre las condiciones de uso de la fuerza de trabajo,
sencillamente no es de izquierda. Y aquí vale la pena una observación crítica
sobre la política en México: las movilizaciones obreras más grandes del último
periodo, aquellas en defensa del sector eléctrico nacionalizado, expresan su
límite en la medida en la que no se proponen explícitamente la recuperación, la
reapropiación de lo que ya ha sido expropiado por las transnacionales en
términos de contratos de servicios múltiples ya firmados y de plantas de
generación de energía ya entregadas. Y este límite lo encarnan, lastimosamente,
tanto los parlamentarios del PRD como los compañeros del SME.
La lucha por re-apropiarse de la riqueza social, en sus múltiples formas, hoy
acaparada por el capital transnacional, es sin duda una pelea llena de
obstáculos y de dificultades. El neoliberalismo, en este sentido, es un sistema
cerrado de afianzamiento de la propiedad privada: los convenios internacionales,
los tratados comerciales, las leyes de protección a la inversión son auténticos
candados del capital extranjero para protegerse de la eventualidad de que los
pueblos se propongan recuperar lo que ha sido rematado.
En Bolivia hay ya una experiencia, aunque pequeña: el agua de Cochabamba,
recuperada para el municipio en la Guerra del Agua del 2000, había sido ya
entregada a la transnacional Bechtel unos meses antes. Hoy, Bolivia como estado
enfrenta una multimillonaria demanda en tribunales internacionales por
"ganancias no devengadas", que presentaron los ejecutivos de dicho consorcio.
Además, en los años 2001 y 2002 se hicieron amplios esfuerzos por empujar la
transformación social de la empresa "recuperada", que dejaron más preguntas
pendientes que éxitos concretos acerca de cómo emprender este camino.
Pese a todo, y sobre todo viendo ahora la aguda crisis energética que está
surgiendo en los países más australes de América, considero que la consigna de
re-apropiación de los recursos públicos enajenados por el neoliberalismo está en
el centro de la posibilidad de que articulemos, desde el movimiento social, y
también desde la izquierda partidaria, un nuevo proyecto de izquierda, hoy.
Si la izquierda partidaria continúa simplemente ambicionando la ocupación del
aparato del Estado por sí misma, sin tomar posición contundente sobre lo que es
necesario hacer para viabilizar algún tipo de posibilidad de ampliar el
bienestar social hoy sometido completamente a la lógica de la ganancia, sus
propuestas seguirán sonando huecas al conjunto de la población y sus
organizaciones se verán atrapadas en la más sucia corrupción.
Si los movimientos sociales esforzados y contundentes en sus batallas de
resistencia cada vez más frecuentes y duras no comienzan a pasar a la ofensiva,
afianzando el tejido social que han reconstruido en las acciones de resistencia,
corren el riesgo de verse subordinados por los tiempos políticos del Estado y de
la democracia formal y por la dispersión que siempre amenaza las acciones
colectivas.
La estrategia de cerco y construcción que, considero, nos permite entender el
conjunto de acciones que, como una gigantesca coreografía de la lucha, van
desplegando los pueblos de América Latina, necesita un nuevo acorde que imprima
un nuevo ritmo: la reapropiación de la riqueza enajenada, la recuperación social
de los recursos públicos, de los derechos colectivos y políticos, bajo diversas
modalidades, de muy diferentes maneras, puede actualmente servirnos de criterio
para entender el contenido de la lucha de izquierda y avanzar en el cerco, que
necesariamente tendremos que poner entre toda la población sencilla y
trabajadora de nuestros países.
Necesitamos, considero, salir de la paradoja de la "cercanía al poder" expresada
con claridad por el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, cuando explicaba la
ruptura de la alianza política que esta organización hizo con el presidente
Gutiérrez: "nunca hemos sido más débiles que cuando estuvimos en el gobierno". Y
en este asunto de la cercanía con el poder, si los movimientos sociales no
tienen una serie de ideas estratégicas básicas de por donde avanzar, su
acercamiento al poder, sus alianzas con otros partidos o incluso la formación de
"instrumentos políticos" desprendidos de y controlados por los propios
movimientos como se ha ensayado en Ecuador y en Bolivia, no darán los frutos
esperados.
Necesitamos pues, colectivamente discutir ¿qué significa "terminar con el
neoliberalismo"? Y responder a esta pregunta de la manera más concreta posible.
Hacernos tal interrogante es equivalente a preguntarnos, ¿qué queremos como
sociedad? Ese mundo que sabemos que es posible porque estamos dispuestas/os a
construirlo... ¿cómo creemos que tendrá que ser? Y como comenzamos a hacerlo
hoy, en lo pequeño, en lo local, en la convivencia diaria; pero también en la
lucha general por recuperar lo que ha sido producido por nosotros, por nuestro
trabajo y que hoy, controlan y disfrutan sólo unos cuantos.
Ciudad de México-La Habana, abril-mayo de 2004
Ponencia presentada en el Foro sobre izquierda en América Latina, sábado 8 de
mayo, Ciudad de México.