Hay cosas que sólo nos pueden pasar a las mujeres. Menstruar, gestar, parir... Y también abortar. La valoración de ese hecho corre por cuenta de la medicina, el derecho y la teología, entre otras actividades en cuyo desarrollo las mujeres casi no hemos participado hasta la segunda mitad del siglo XX. ¿Se puede obligar a una mujer, jurídica o moralmente, a la abnegación, el heroísmo y el sacrificio? La cultura de los derechos humanos debiera ser también la de la equidad de género, aunque sólo en 1993 (en Viena) Naciones Unidas haya hecho explícito que "los derechos de las mujeres son derechos humanos", y sólo en 1994 (en El Cairo) se haya considerado la sexualidad y la reproducción tomando como eje los derechos de las mujeres y no las políticas de población. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, núcleo de este cambio de paradigma hacia la equidad, es el único tratado de derechos humanos incorporado a nuestra Constitución, cuyo protocolo facultativo no ha sido firmado por los sucesivos gobiernos de Argentina.
No es extraño, pues, que en las instituciones prevalezcan ideologías y estilos paternalistas, que tutelando a las mujeres violenten su autonomía. La incorporación femenina a los altos estamentos institucionales es entonces no sólo una exigencia elemental de justicia distributiva, sino un requerimiento imprescindible del carácter genuinamente humano y no patriarcal de aquellas instituciones.
Sería bueno que el acceso de mujeres a las instituciones se hiciera sin suscitar violencia, y a veces es así : cuando no se ponen en riesgo los poderes instituidos. Pero muchas veces los intereses y perspectivas que las mujeres llevamos a las instituciones producen cambios críticos. La discusión sobre el aborto es en ese sentido emblemática. Si repasamos en los últimos 10 años los momentos en que la agenda pública incorpora ese debate, podemos oír debajo el ruido de los viejos engranajes del poder hegemónico: en 1994, cuando por primera vez participan mujeres en la Convención Constituyente por aplicación de la "ley de cupo"; en ocasión del debate de las leyes de salud sexual y reproductiva (legislación que avanza a partir de la presencia de mujeres legisladoras); en la campaña presidencial en la que una inmanejable candidata mujer ascendía preocupantemente en la intención de voto; y en ocasión de nominar por primera vez en un gobierno democrático una candidata mujer para la Corte Suprema de Justicia.
A las mujeres nos importa discutir sobre el aborto, aunque sea con este oportunismo demoledor. Discutir su criminalización en el cuerpo de las mujeres, que es un mensaje de impunidad para quienes omiten desde el Estado las garantías necesarias para la protección de la vida —sobre todo en lo que hace a derechos económicos, sociales y culturales—. Mantener penalizado el aborto no impide que se realice, como bien lo grita la cifra oculta de nuestro país, pero constituye una formidable amenaza que conduce a la clandestinidad. El hecho de que casi nunca sea realmente penado muestra la inequívoca voluntad de control que alimenta su criminalización.
Sin maternidad forzada
El derecho constitucional a la vida, en general, desde el momento de la concepción, implica que el Estado debe protección y amparo desde el inicio de la vida misma. Pero no implica que deba penalizar siempre el aborto, ya que no hay una prevalencia apriorística de este derecho respecto de los demás derechos fundamentales con los que puede colisionar. La humanidad de una vida no es un mero hecho biológico, se construye con otras humanidades. Las mujeres somos las principales productoras de ese valor agregado, y no puede exigirse que para ello renunciemos a nuestra dignidad humana.
Nadie haría una campaña "a favor del aborto", pero somos muchas las personas que consideramos justa su despenalización. Que una mujer esté dispuesta a correr riesgo de muerte para interrumpir en la clandestinidad un embarazo no deseado mide el sufrimiento insoportable de la maternidad forzada. La decisión de abortar es un obvio conflicto entre dos males, en el que las mujeres realizan un gesto desesperado en defensa de su vida y de su integridad como personas. No aceptan inmolarse, y eso escandaliza. Si aún en el caso de una violación, una mujer decide en el marco de sus convicciones continuar el embarazo, está protegida por su derecho a la intimidad y su libertad religiosa. Pero no se la puede obligar, ni jurídica ni moralmente, a la abnegación, el heroísmo y el sacrificio.
* Diana Maffia. Doctora en Filosofía, Instituto interdisciplinario de estudios de Género (UBA)
