Santiago Tarín
La Vanguardia

Esta semana se va a celebrar el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que probablemente abordará el problema de la violencia doméstica. Una de las promesas electorales del ya presidente fue remitir con urgencia a las Cortes el proyecto de ley Integral contra la Violencia de Género, un fenómeno que, a pesar de las últimas modificaciones del Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal y la puesta en marcha de la orden de protección, parece no tener freno, pues sigue aumentando el número de mujeres asesinadas a manos de hombres. Y es que para terminar con una lacra social como ésta, a entender de los expertos, sólo la ley no basta: hay que cambiar los patrones sociales.

Las estadísticas ofrecen cifras preocupantes. En España, entre el 2001 y el 2003, murieron 168 mujeres a manos de su pareja, con un incremento de casi el 50 por ciento entre el inicio y el final del trienio, según un trabajo realizado por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, con sede en Valencia. Otro trabajo, este del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), describe que el año pasado perdieron la vida en España 103 personas en episodios de este tipo; 81 eran mujeres y 22 hombres, de los cuales 17 se suicidaron tras cometer la agresión.

Y la tendencia de este año parece que no va a invertirse, sino todo lo contrario. Además, se asiste a una mayor violencia en los ataques que sufren las mujeres. ¿Significa esto que la ley está fallando y es incapaz de frenar esta lacra? Montserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica, piensa que "no hay que perder la perspectiva. Hay que recordar que hay más de 6.000 órdenes de protección y entre ellas sólo en dos casos, lamentablemente, no se ha podido evitar la muerte. Es preocupante, pero lo que hay que saber es qué ha fallado en estos dos casos concretos". Para Comas, hay "una escalada de mujeres muertas, que va en paralelo al número de mujeres que se independizan, algo que una franja de hombres no acepta y acaba matando. Este es un momento álgido, pero creo que a partir de ahora irá bajando". En este sentido, la vocal aporta un dato importante: el 76% de las asesinadas durante el 2003 no había denunciado nada, con lo cual su caso era invisible para la justicia.

Los argumentos de Alicia Molina, psicóloga y directora del área de mujer del Centro Reina Sofía, son similares. "Se da un aumento en el caso de muertes, que es importante. Existen varias razones para ello, como la crisis de una ideología de corte machista, que está siendo sustituida por otra de corte igualitario: hay hombres que no quieren perder los privilegios que sienten que les arrebatan y pertenecían. Entonces la reacción es brutal."

La cuestión es diferente cuando se analiza la cuestión de los malos tratos, porque la opinión no es que se incrementan, sino que ahora "salen a la luz casos ocultos que se quedaban entre las paredes del hogar", comenta Molina. "Como no había ley, ni recursos, se aconsejaba aguantar y perdonar. Ahora la mujer tiene más independencia y planta cara. Hay una mayor visualización del problema".

Montserrat Comas aporta su visión: "Ahora es un momento trascendente. Muchas más mujeres denuncian lo que antes soportaban en silencio. Antes, las víctimas desconfiaban de los poderes públicos, pero en el 2003 hubo más de 50.000 denuncias de actos violentos, el doble que en el 2001. Estos hechos se conocen más, porque este tipo de violencia ha existido siempre".

El problema aflora y esto también lleva consigo agobios para los juzgados, que reciben a diario solicitudes de órdenes de protección, "un instrumento jurídico muy potente que puede dar lugar a manipulaciones", tal como comentó un juez de instrucción de Barcelona. Porque es cierto que era necesario actuar legalmente, pero también que muchos magistrados explican que se está produciendo una cierta perversión del sistema. Esto es así porque, con la ley en la mano, se puede echar de casa a alguien en horas y obligarle a pasar una pensión de forma inmediata durante un mes, lo que provoca que se hayan producido casos de búsqueda de una especie de divorcio penal mediante esta medida, mucho más rápido y expeditivo que el civil.

El dilema se plantea, según comentaron varios jueces, cuando no hay datos objetivos para tomar una decisión. Si existen malos tratos, habrá un parte de lesiones, pero la dificultad estriba en cuando se trata de la palabra de un cónyuge contra la del otro. La medida entonces es muy dura de adoptar y se fundamenta en cuestiones "muy sutiles", como las percepciones que recibe el juez. Y no son pocos los casos en que se presenta la denuncia para retirarla a las pocas horas. "Era para darle un escarmiento", es un argumento que han oído varios jueces. Pero ante la duda, muchas veces se opta por la orden de protección con medidas de alejamiento, porque, afirmaron varios magistrados, existe mucha presión social. Si se deniega, se publica enseguida y el Consejo actúa inmediatamente, coartando la libertad de actuación.

Otro problema que se produce en los juzgados es, en ocasiones, la extrema debilidad psicológica de las víctimas, con relaciones de dependencia enfermizas respecto de su agresor. De esta manera, se produce que una víctima denuncia, pide una orden de protección, se concede el alejamiento y son ellas mismas quienes vuelven a llamar a su agresor para encontrarse con él, violando aquella disposición que ellas mismas habían exigido.

Son varios los jueces que opinan que son válidas las modificaciones legales, pero el problema es que el papel lo aguanta todo y no se tienen los medios necesarios para desarrollarlas. Para Montserrat Comas, "el problema es que desde el Ministerio del Interior no se ha sabido qué número de policías se ha destinado a la importante tarea de control y seguimiento de órdenes de protección y cumplimiento". De todas formas, Comas añade que "hay que insistir en que el problema reside en los patrones culturales machistas, que están muy enraizados en nuestra sociedad y que se fundamentan en la relación de dominio e inferioridad de la mujer. La solución es la educación".

Alicia Molina cree que "no es sólo un problema de legislación, sino también de los recursos para ponerla en práctica. Si no hay policías, de nada sirven las órdenes. Los hombres que cometen agresiones han aprendido a pensar de determinada manera y no será fácil cambiar la situación porque la violencia les ha reportado beneficios".

La violencia doméstica no es sólo un problema legal: también es cultural y social. Tal como explicaba un juez de instrucción, la cuestión es que "las mujeres soportan que las dejen por otra, pero los hombres no. Nos faltan dos generaciones".