"La verdadera libertad no vendrá de la toma del poder por parte de algunos, sino del poder que todos tendrán algún día de oponerse a los abusos de la autoridad.
La libertad personal llegará inculcando a las multitudes la convicción de que tienen la posibilidad de controlar el ejercicio de la autoridad y hacerse respetar" Mahatma Gandhi
Por Hugo Alberto de Pedro
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En muy pocos días los aires de fin de año llegarán y con ellos el recuerdo del 19 y 20 de diciembre del 2001, fecha que marcó un hito en la historia nacional por la movilización espontánea del pueblo argentino y su resistencia no sólo al siniestro presidencial Decreto Nš 1678 (19-12-2001) estableciendo un injustificado Estado de Sitio sino también por la serie de atropellos y mentiras que venía realizando el gobierno de la Alianza.
La protesta de vastos sectores de la sociedad, que para entonces venían creciendo en todo el país, tuvo en esos momentos un impulso de mucha importancia que permitió aumentar en cantidad y calidad la organización de los ciudadanos en múltiples formas de movimientos sociales que hoy también siguen exteriorizando el malestar general que existe y el espíritu de unión de muchos, para no solo hacer frente a la crisis sino también para buscar un cambio en la forma de participación (desocupados, piqueteros, obreros defendiendo las fuentes de trabajo, asambleas, deudores, acorralados, estudiantes, etc)
No han sido pocos los amagues realizados -a partir del aumento descontrolado del dólar y por lo tanto la caída vertiginosa del ingreso de la población- por las empresas de servicios de luz y de gas para aumentar sus tarifas que se encuentran dentro de un marco legal de regulación conforme a las manoseadas, por los diferentes gobiernos, reglamentaciones y resoluciones que en muchos casos han cambiado el lamentable espíritu privatizador del menemato en beneficio de las empresas concesionarias. Desde los pliegos varias veces cambiados de José Dromi (Ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem) para ajustarlos a las conveniencias de los futuros calzados oferentes, y de ahí en adelante han sido muchos los manejos realizados para otorgar mayores beneficios de todo tipo a los inversores en esas empresas. Me consta que aún ni incansables reuniones de legisladores pueden desentrañar el estado actual del marco legal y menos aún las telarañas tejidas para hacer aún más beneficioso el negocio a costa tanto del Estado Argentino como de sus ciudadanos.
Las presiones ejercidas buscaban ajustes que superaban el 50% mientras tanto presionaban con amenazas sobre el deterioro de la calidad de los servicios y la incapacidad de realizar nuevas inversiones. Todas estas extorsiones han contado en todo momento con la ayuda exterior por parte del F.M.I. y de los gobiernos de los países de donde provienen tan "célebres" prestadores de servicios, y que se han convertido en la práctica diaria de las "relaciones carnales" permanentes a la hora de condicionar cualquier negociación de las autoridades económicas argentinas que de una u otra forma también responden a los mismos intereses.
La resistencia verificada en las fracasadas audiencias públicas, los dictámenes de los defensores del pueblo, las acciones de las entidades de consumidores y hasta de la siempre dudosa justicia argentina marcaron una determinación por negar cualquier cambio tarifario durante todo este tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley de Emergencia Económica Nš 25.561 (06-01-2002) que establecía su congelamiento dejando sin efecto cualquier ajuste por divisas extranjeras o cualquier método indexatorio.
Si la situación, nunca pensada ni deseada por los argentinos, de extrema pobreza y pérdida de trabajos y empresas ha llevado a miles a irse del país en busca de nuevos horizontes que garanticen su vida y la de sus familiares y tantos otros que ven morir a sus hijos de hambre nos debe hacer pensar que si las empresas privatizadas no están dispuestas a mantener el precio de sus servicios también inexorablemente se tendrán que ir. Sencillamente porque esto es la República Argentina y no una sucursal de la economía neoliberal de la dependencia y la humillación de los pueblos pobres, mal que les pese a unos pocos con un inmenso poder para hacer y deshacer lo que quieran.
El gobierno transitorio encabezado por Eduardo Duhalde utilizará el detestable mecanismo del Decreto de Necesidad y Urgencia (recordemos que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional establece que los mismos se podrán dictar cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios...) para cumplir con las exigencias de las empresas prestadoras de servicios que actúan como representantes locales de los "intereses económicos coloniales" desde la macabra política de privatizaciones "puesta" en la agenda política de la dependencia primero por la Unión Cívica Radical -U.C.R.- siendo presidente Raúl Alfonsín de la mano de Rodolfo Terragno e "impuesta" por el Partido Justicialista -P.J.- por Carlos Menem llevadas adelante por José Dromi y Domingo Cavallo.
Siempre las sociedades necesitan de un elemento disparador de la acción civil y popular para establecer límites y cambiar rumbos, los argentinos han aprendido que ello es posible en la medida que se sale a la calle y se ocupan las plazas públicas -muchos hechos de la historia así lo señalan- para alzar la voz y expresar la contrariedad hacia las políticas establecidas por el poder. Que en nuestro caso al ser democrático es simplemente prestado solamente a un Presidente, un Vicepresidente, 72 Senadores y 257 diputados que desgraciadamente nuestra carta magna establece que como pueblo no podamos deliberar ni gobernar si no es a través de ellos sin entrar a considerar si son capaces, dignos, morales y patriotas.
El pretendido aumento de las tarifas debe, en consecuencia, convertirse en ese gatillo que dispare protestas, resistencias y desobediencias civiles que se hacen necesarias reactivar o establecer con mayor fuerza para detener a las políticas antinacionales que empecinadamente se siguen llevando adelante. Éste es el momento de las grandes decisiones populares porque la vieja política ha retomado nuevamente con todas sus furias el centro de la escena nacional y nos está prometiendo como candidatos a sus peores especimenes reaccionarios y vestidos con las mejores galas de la corrupción y las mafias que supieron desarrollar a su alrededor.
No debe la sociedad quedarse con la idea transmitida por los representantes de los intereses del exterior, o sea, nuestros gobernantes, de que el aumento es mínimo y no alcanzará a todos de la misma forma; porque aquí de lo que se trata es sencillamente que el ajuste no es legal y de permitirlo vendrán más y más ajustes porque de eso sí que conocen los que siempre toman decisiones a nuestras espaldas.
Solamente son capaces de ser útilmente serviles a los intereses foráneos y de las grandes corporaciones económicas-financieras que los patrocinan como a productos de la más baja calidad con una política comercial de enmascaramiento progresista y popular, para llevar adelante la aplicación de políticas de ajuste y exclusión social que conducen a todas las formas de deterioros conocidas y las aún desconocidas pero que seguramente están dentro de sus carpetas de trabajo.
Además, llama poderosamente la atención que en particular el servicio eléctrico, desde hace por lo menos quince días, está ocasionando cortes sin previo aviso en varias zonas del país no habiendo una justificación por parte de las autoridades de las empresas prestadoras del mismo.
Si el pueblo unido, desde La Quiaca hasta Ushuaia, dice "NO" con su participación activa al aumento de los servicios eléctricos y de gas encontrará así el envión necesario para lograr el próximo 19 y 20 de diciembre en forma mejor organizada decir "NO" a las trampas dispuestas por los políticos logrando acorralarlos, ahora a ellos, para exigir:
· Detener la realización de las venideras elecciones por tramposas hacia la voluntad popular.
· Satisfacer el reclamo unánime de "Que se vayan todos y que no quede ni uno solo" estableciendo la caducidad de la totalidad de los mandatos nacionales, provinciales y municipales.
· Obligarlos a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
· Dar un nuevo ordenamiento constitucional donde la justicia, salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, distribución equitativa del ingreso nacional, igualdad de posibilidades para todos, apoyo a las PyMEs y Cooperativas, condicionamiento constitucional tanto a la forma del endeudamiento como al pago de la deuda externa, presupuestos participativos, independencia nacional absoluta y dignidad nacional sean el eje de las políticas nacionales.
Solamente así se darán por terminadas décadas de opresión económica-financiera nacional e internacional, hegemonía política, violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población toda y esa forma de establecer a la corrupción institucionalizada y temerarias mafias como única forma de dirigir los destinos de la Nación.
Es posible realizarlo con el esfuerzo puesto en la lucha del conjunto de la sociedad y que vayan sabiendo los que usurparon nuestro futuro que les ha llegado el tiempo de irse.
El tema del ajuste de las tarifas es un excelente motivo y justificación más que oportuna para empezar a cambiar todo muy rápidamente, por lo tanto: No se debe permitir ningún aumento de tarifas.
22 de noviembre del 2002
Hugo Alberto de Pedro
