Hugo Alberto de Pedro

"La biblioteca es destinada a la ilustración universal,
más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia"
José de San Martín

Por Hugo Alberto de Pedro

Para que se entienda desde las primeras líneas de éste artículo quiero no solo dejar en claro mi indignación sino también denunciar la "inmoralidad" del proyecto, de sus autores, de quienes lo apoyan y los que pretenden llevarlo a la práctica.
El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, senador Alejandro Hugo Corvatta, pretende hacer obligatorio para los menores adolescentes de 15 y 16 años que no ingresen al "Polimodal" que lo hagan a los "cuarteles militares" para recibir capacitación laboral y un programa de deportes. Mediante el pago por cada chico pobre de 150 pesos al Ejercito se quiere "meterlos en los cuarteles" al terminar la Educación General Básica (EGB). Créase o no.
Si alguien encuentra en ésta idea ideologías fascistas del tipo de las implantadas por Hitler, Mussolini, Franco o Stalin, seguramente estará en el juicio acertado, y más preocupante es aún si cuenta con la aprobación del gobernador –Felipe Solá- y del Director de Cultura y Educación bonaerense –Mario Oporto-.
Éstos "civiles autoritarios" se manifiestan en sus declaraciones así:
Felipe Solá: "Las fuerzas armadas tienen infraestructura que en gran medida está ociosa y pensamos en esos pibes sin contención familiar", "Es una sana idea", "Es una medida que sería nacional, no provincial", "El tema salió a la luz demasiado prematuramente. Todavía no está cerrado".
Alejando Corvatta: "Los chicos más marginales y con problemas de conducta, a quienes se apunta con esto, se van a negar a hacerlo y a mi criterio son los más necesitados", "El régimen sería un internado con francos los fines de semana y toda la capacitación estaría en manos de militares. Las fuerzas armadas están capacitadas para hacerlo", "Todos tienen derecho a reivindicarse" (ante una pregunta de lo que significa el Ejercito a partir de las dictaduras), "Podrán hacer aportes si no nos desviamos mucho, porque sin un régimen estricto es difícil llevar esto adelante".
Mario Oporto: "Se trata de una iniciativa excelente que comenzó a trabajar el gobernador Felipe Solá para aquellos chicos que lo necesiten", "Se brindará todo el apoyo pedagógico para que este proyecto se pueda desarrollar y que sea un lugar de contención social, de aprendizaje y desarrollo físico y fundamentalmente de aprendizaje de oficios".
Voceros provinciales: "Todavía es una idea que se conversó sólo con sectores intermedios del Ejercito que no la ven mal, porque hay muchas unidades militares que están prácticamente paradas", " El Ejercito tiene una infraestructura muy amplia y con capacidad ociosa", "Aún no está cerrado, de hecho no hubo charlas ni con el Ministerio de Defensa ni con el Ejercito. Pero si se define será con el objetivo de que los chicos que no accedan al Polimodal tengan un lugar donde recrearse y aprender un oficio".
Estos perversos funcionarios son los mismos que han cancelado las becas estudiantiles, son los mismos que estuvieron en la ruta del actual canciller Carlos Ruckauf -quién en 1975 fue "compañero" en el camino de Pedro Arrighi, Oscar Ivanissevich, José López Rega, Lorenzo Miguel y muchos otros comprometidos con la Triple A-. El decreto 261/75 denominado "de aniquilamiento" llevaba su triste firma que daba vía libre a la represión interna. Ésta línea de acción de "mano dura" proclamada cuando era gobernador la debemos tener siempre muy presente, para evitar que nuestra memoria nos traicione ante el terrible problema que sufren nuestros hijos.
Los millones de pibes condenados a la pobreza y la exclusión en nuestro país tienen representantes no solamente "incapaces" sino "muy peligrosos", que andan sueltos gobernando y legislando por nuestras pampas. Recordemos que Felipe Solá fue durante ocho años Secretario de Estado del gobierno menemista y por lo tanto partícipe de la destrucción integral del país.
Por suerte y quizás en la única acción correcta en la década de la mentira, la corrupción y la entrega, en 1994 se eliminó el Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes de 18 años. Medida ésta, que posibilitó que cientos de miles de ellos en éstos años no se vean forzados a malos tratos, falta de respeto, bailes infernales y degradantes, vejaciones y violaciones físicas, golpizas, estaqueos, humillaciones por doquier, robos, torturas y muerte. Cualquiera que haya realizado "la colimba" puede dar fe de estas afirmaciones, como el que ésto escribe que las vio y denunció durante el año 1978 en Campo de Mayo.
Permítanme decirles que luego de leer y releer cada una de las palabras de estas declaraciones-afirmaciones es muy difícil no considerarlas autoritarias, aunque por suerte nuestra Constitución, la reformada a la medida de Menem en contubernio con Alfonsín, incorporó la "Convención Sobre los Derechos del Niño" de 1989 que establece la prohibición de separar a los niños de sus padres y los ataques a su honra y reputación, el respeto a su libertad de pensamiento y conciencia, como también, que el Estado debe garantizar la asistencia apropiada a los padres para la crianza y educación de sus hijos. Nuestra memoria está aún muy fresca –o caliente según queramos comprenderla- y no permitirá ningún tipo de medida que violente la libertad y nos lleve nuevamente al pasado, el cual debemos sepultar todos los días.
Nuestro pueblo está alerta y movilizado como lo vemos a diario, y no lo permitirá de ninguna forma. Estableceremos piquetes y cortes de calles o rutas frente a los cuarteles para impedir el ingreso de nuestros hijos a ellos, si "estos locos" se atreven a imponer la normativa pensada y diseñada seguramente en trasnochadas reuniones con olor a reminiscencias del pasado poco feliz.
Como todos sabemos, debemos resistir, tenemos que desobedecer pacíficamente, nuestra responsabilidad está en frenarlos mientras diseñamos entre todos una sociedad muy distinta a la actual que carece de solidaridad, justicia, educación, salud, bienestar y progreso para todos.
Si Solá, Corvatta y Oporto se escaparon de una película de "Rambo" es problema de ellos, y nuestra responsabilidad está en luchar para devolverlos al celuloide, mientras nuestras voces convertidas ya en gritos deben llegar a sus oídos al decir bien fuerte "Que se vayan todos" porque no les alcanza con haber destruido las bases económicas de nuestra patria y la capacidad de desarrollo de nuestro pueblo sino que ahora también quieren educarlos para "sus fines" y no para que el día de mañana sean personas íntegras, inteligentes, capacitadas y democráticos ciudadanos. El "enseñar y educar" es un derecho constitucional y no militar, ésta es la cuestión de fondo.
Si éste proyecto prospera, lo cual deseo que no sea así, no nos lamentemos que nuestros homogeneizadores guardapolvos blancos cambien por el color "verde oliva", "camuflados" o en "camisas negras". Es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires la que establece en su artículo 35: "La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada con medidas preventivas".
Nuestra sociedad no debe permitir este debate que es temerario, inviable y de nulidad absoluta, desde los más elementales principios humanos, cívicos y democráticos. Debemos condenar enérgicamente la ideología que el mismo contiene y la perversidad de quienes lo proponen. Ellos sí que responden a principios autoritarios y son marginales, son los que deberían ser educados nuevamente con una formación laica, gratuita, obligatoria, libre y autónoma.
Los que tuvimos la oportunidad de obtener instrucción pública y hemos sido "alumnos bonaerenses" solamente veíamos, quizás, una vez al año en un acto escolar a un "Granadero" y pensábamos en San Martín y no en los Videla, Viola, Galtieri o Bignone –por solo nombrar a los generales del terror-, porque otra era nuestra Patria antes de ellos y de su Terrorismo de Estado.
La sociedad y el Estado tienen la obligación de contener, ayudar, educar y preparar a sus hijos para que sean mujeres y varones íntegros. Jamás pueden permitir el "encierro" de los adolescentes en campos militarizados porque es sencillamente el puntapié inicial para terminar en crímenes de lesa humanidad.
6 de octubre del 2002