Del 10 al 12 de diciembre se reunía en Ginebra la Cumbre de la ONU sobre la "Sociedad de la Información". El enfoque tecnocrático de la misma, preocupado sobre todo por la carrera tecnológica (que remedando el lema olímpico podría resumirse como "más rápido, más pesado -en bit-, más beneficios") tendría el contrapunto de las organizaciones sociales que enarbolan la bandera del derecho a la información, a darla y a recibirla, como un derecho humano fundamental, y de importancia creciente en el nuevo siglo y milenio.

En este marco, ha sido una buena noticia la asunción oficial por el gobierno de Brasil del apoyo al GPL (General Public License, Licencia Pública General), cláusula que debería ser de obligada inclusión en cualquier programa electoral o de gobierno progresista: se trata, como hemos comentado en otros artículos, de una Licencia que autoriza la libre reproducción y difusión de un programa informático, prohibiendo cualquier actuación orientada a dificultar dicha libre difusión. Se trata, en definitiva, de combatir decididamente la supeditación a los programas "propietarios", que exigen pagar por su uso a las multinacionales de la información.

En el ámbito internacional, ello es una condición necesaria para superar la llamada "brecha digital" entre quienes tienen y no tienen acceso a Internet y a las nuevas tecnologías. Condición necesaria aunque no suficiente, claro. Es imprescindible también la educación en su uso y la disponibilidad de redes telefónicas públicas que lleguen (por cable o por ondas) a todos los rincones del planeta.

Redes públicas, claro: las empresas capitalistas tienden a concentrar sus inversiones allí donde pueden obtener mayores beneficios inmediatos, que es donde hay más usuarios en condiciones de "comprar" sus servicios. Por ello, sería de risa si no fuera trágico que nos quieran vender la "liberalización" de las comunicaciones como una forma de aumentar la libertad de la ciudadanía: es, por el contrario, una forma de que quienes más tienen puedan disponer de más opciones, pero que quienes menos tienen puedan llegar a carecer de cualquier opción.

Por ello, las organizaciones públicas, los Estados, deben asumir sus responsabilidades para hacer llegar la disponibilidad tanto de infraestructuras como de programas a toda la ciudadanía. Y en el ámbito internacional es una responsabilidad que debe ser asumida por la ONU, única forma de evitar que en amplias zonas del planeta el derecho a la información brille por su ausencia.

Sólo por ese camino podrá construirse una verdadera "Sociedad de la Información", relegando al olvido el projecto capitalista-neoliberal del "Mercado de la Información", que hace agua por todas partes, "agujereado" por la piratería, los programas libres y, ahora, los gobiernos progresistas.

(NOTA: podéis acceder en http://alainet.org/publica/cmsi/ al interesante trabajo sobre estos temas "Se cayó el sistema. Enredos de la Sociedad de la Información")