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Sección Especial Bolivia

Boletín electrónico quincenal
del Centro de Documentación e Información Bolivia
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En este número:

NOTICIAS COMENTADAS:
1. MNR y MIR Firman acuerdo político para la formación de gobierno
2. En un semestre setenta muertos en accidente de carretera en Yungas
3. El sector Salud en conflicto permanente
4. Según el PNUD Bolivia se aplaza en desarrollo democrático
5. Aduana y empresarios discrepan en juicio sobre contrabando
6. Senado intenta garantizar impunidad de gobernantes

TEMA DE ANÁLISIS: La polémica nacional sobre el gas toca fondo
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1. MNR y MIR FIRMAN ACUERDO POLÍTICO PARA LA FORMACIÓN DE GOBIERNO.

LOS HECHOS.

Tras 25 días de incertidumbre el MIR de Jaime Paz Zamora (cuarto lugar en las elecciones) decidió apoyar al MNR (primer lugar) representado por su jefe y futuro presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. A ellos se suman UCS y ADN (con cinco parlamentarios cada una), de modo que el nuevo "Cogobierno de Responsabilidad Nacional" cuenta con 17 senadores y 71 diputados, en ambos casos mayoría absoluta pero en ningún caso dos tercios. El "Plan Bolivia" que firmaron los dos partidos grandes cuenta con 12 puntos relativos a creación de empleo, definición de políticas de hidrocarburos, mejoramiento de la capitalización, desarrollo rural, acceso a la educación, seguro universal de salud, vivienda social, lucha contra la corrupción, inclusión social y cultural, derechos de la mujer y promoción de las culturas locales. La oposición queda constituida por un bloque de izquierda popular (el MAS de Evo Morales, el MIP de Felipe Quispe y el ahora independiente Jerjes Justiniano) y por la bancada de la NFR que empieza a dar muestras de fragmentación.

COMENTARIO.

Por lo menos desde la oposición se califica este acuerdo como oportunista y sin contenido. De hecho sus doce puntos son formulaciones generales que no comprometen seriamente a ninguno de los dos partidos ni zanjan en absoluto las diferencias existentes entre sus respectivos programas. La convocatoria a Asamblea Constituyente (presentada por Paz Zamora como exigencia inclaudicable) se ha convertido en "reformar la Constitución". "El gas para los bolivianos" se ha convertido en "definir una política de estado" al respecto. Etcétera. El MIR, que en las dos últimas campañas electorales calificó a Sánchez de Lozada como "vendepatria" (y juraba recuperar los recursos naturales del país), ahora en busca de mantenerse en el poder se alió con el capitalizador. Y el MNR, que en las tres últimas campañas electorales fustigó duramente al MIR por su práctica corrupta (y puso la lucha contra la corrupción como la primera de sus propuestas) ahora en busca de mayoría se alía con el "corrupto". El único objetivo visible es el ejercicio del poder. La falta de coherencia programática puede resultar más grave que la falta de mayoría parlamentaria.

2. EN UN SEMESTRE SETENTA MUERTOS EN ACCIDENTES DE CARRETERA EN YUNGAS LOS HECHOS.

El último accidente de carretera producido en Sacramento Bajo, camino de Caranavi, por el desbarrancamiento de un autobús de la empresa "Veloz del Norte", eleva a 70 el número de personas fallecidas desde comienzos de este año, a las que hay que sumar más de 180 personas heridas. Según informes de Tránsito en todo el departamento de La Paz el número de accidentes en el primer semestre alcanza a 212, con 368 heridos y 94 muertos. No se ha proporcionado datos del conjunto del país.

COMENTARIO.

No pretendemos hacer crónica roja, sino llamar la atención sobre la incapacidad e irresponsabilidad institucional de la Policía de Tránsito y de la Superintendencia de Transportes. Cierto que los caminos del país son malos y estrechos, y cuando llueve pueden ponerse intransitables; pero el problema fundamental que convierte un viaje por carretera en inminente peligro de muerte es la absoluta falta de control por parte de las autoridades responsables. Tránsito sirve para llevar estadísticas de accidentes, muertos y heridos, pero no para impedir esos accidentes, que debería ser su función central. Y por su parte la Superintendencia y el Ministerio correspondientes se han mostrado definitivamente incapaces de poner en su lugar a los empresarios de "flotas" de buses, que se dan el lujo de transportar personas en vehículos sin mantenimiento (que con frecuencia además van hacinados), conducidos por chóferes normalmente mal pagados, con mucha frecuencia cansados por las muchas horas diarias en carretera y en ocasiones incluso en estado de ebriedad. Y encima esas empresas son de las pocas que se dan el lujo de no pagar impuestos (al menos es imposible conseguir que entreguen factura al usuario). Y nos hablan de modernizar el estado.

3. EL SECTOR SALUD EN CONFLICTO PERMANENTE LOS HECHOS.

Todas las quincenas la prensa publica noticias relativas a paros y huelgas en los centros de salud del país. En este momento los trabajadores en salud se encuentran en huelga de hambre, y los médicos llevan 72 horas en paro nacional. Las movilizaciones suelen encontrar una solución, pero inmediatamente surgen otras. Las demandas van desde incrementos salariales y pagos de escalafón hasta cambios de autoridades, pasando por cargas horarias y devolución de aportes. Las consecuencias, permanentemente denunciadas en la misma prensa, son decenas de miles de pacientes que dejan de ser atendidos y también pérdidas cuantiosas de los hospitales que dejan de atender, y cobrar, al público. El ministro arguye que los médicos no se compadecen de la situación del país y pretenden incrementar sus salarios que ya son superiores a Bs 6 mil.

COMENTARIO.

Si esta vez recogemos una noticia que es parte de la rutina diaria del país es porque hemos tenido acceso a información alarmante y que deja en evidencia la falta de seriedad y solvencia de las autoridades. Resulta que ahora al personal médico y paramédico se lo ha dividido en dos categorías, los pagados con fondos del Tesoro (TGN) y los que son pagados con fondos del plan de "alivio a la pobreza" (HIPC). Estos últimos son de segunda categoría, tienen contratos eventuales, y se les paga tarde mal y nunca.
Sus huelgas resultan inútiles porque el personal pagado por el TGN no las secunda, y éstos no pueden hacerlo porque viven bajo el chantaje de ser "degradados" a la categoría HIPC. Se comprueba que el "alivio a la pobreza" sólo sirve para la propaganda oficial, pues en los hechos es un instrumento manejado a capricho de las autoridades.

4. SEGÚN EL PNUD BOLIVIA SE APLAZA EN DESARROLLO DEMOCRÁTICO LOS HECHOS.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de presentar su informe sobre 173 países, entre los cuales Bolivia ocupa el puesto 114. En un rango de 1 a 7 nuestro país tiene una puntuación de 3 en libertades civiles y un 1 en derechos políticos; igualmente obtiene calificaciones negativas en lo que se refiere a libertad de prensa, ejecución de leyes y eficacia gubernamental; y ocupa el primer lugar de América Latina en corrupción. Sólo tiene una calificación presentable en la reducción de la mortalidad infantil. En el conjunto de lo que es desarrollo humano sólo 3 países latinoamericanos están por debajo de Bolivia: Haití, Nicaragua y Guatemala.

COMENTARIO.

Se puede poner en tela de juicio los criterios desarrollistas con que el PNUD se aventura a calificar a 173 países. Pero en todo caso salta a la vista la contradicción de los discursos gubernamentales (por parte de mandatarios y funcionarios que en todo caso comparten los criterios del PNUD) con una realidad que se empeña en no avanzar, sino que en términos comparativos retrocede. Lo menos que pueden hacer los gobernantes y los políticos en general es preguntarse si el actual modelo económico y político no será inadecuado para que el país en su conjunto pueda avanzar hacia el "desarrollo humano y democrático". Incluso la disminución de la mortalidad infantil (que se basa en datos cuestionables, por cuanto sigue habiendo numerosas zonas donde la muerte de bebés y de niños chicos simplemente no se registra) puede llevarnos a la cruel pregunta de para qué se ha salvado de la muerte a miles de niños y niñas que enfrentarán una vida sin condiciones mínimas de nutrición, educación y ejercicio de derechos. Un tema de reflexión para todos.

5. ADUANA Y EMPRESARIOS DISCREPAN EN JUICIO SOBRE CONTRABANDO LOS HECHOS.

Mientras la Aduana Nacional afirma que no existe contrabando que ingrese de Argentina en camiones o vehículos pesados, sino ingreso legal de productos argentinos a hombros de "bagalleros" o en bicicletas y triciclos, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente sostiene que "la Aduana ha perdido el control y no sabe nada, ni tiene idea de la cantidad de contrabando que entra diariamente al país". Según el diario La Prensa los contrabandistas y los acuerdos políticos arrinconaron al Control Operativo Aduanero. Desde Tarija informan que el cemento argentino entra a Bolivia a la mitad de precio que el cemento nacional, mientras la producción de leche disminuyó en dicho departamento en un 60 por ciento debido al contrabando.
Los empresarios exigen que el Gobierno entregue los 2,3 millones de dólares que la Aduana requiere para reforzar los controles fronterizos, pero Hacienda sólo ha aprobado 270.000.

COMENTARIO.

Estamos en un callejón sin salida, fruto de 17 años de "libre importación".
Esta medida del D.S. 21060 mató centenares de empresas industriales y obligó a migrar a muchos miles de campesinos (además de las decenas de millares de mineros); poco a poco la única salida de toda esa población suburbanizada fue el comercio informal, y éste se nutría en gran medida del contrabando. Las leyes de la sobrevivencia son más fuertes que las normas estatales, sobre todo cuando éstas se ven sistemáticamente corroídas por la corrupción. El resultado es la actual masa poblacional que vive del contrabando, y ante cuya presión, masiva y agresiva, el gobierno se ve obligado a hacer permanentes concesiones. Por otra parte un estado con las arcas empobrecidas (por la privatización de las empresas y los recursos nacionales) no está en condiciones de hacer fuertes inversiones en la modernización de la Aduana, lo que supone un círculo vicioso. Parece que la solución de este problema sólo puede venir como parte de un cambio sustancial del modelo.

6. SENADO INTENTA GARANTIZAR IMPUNIDAD DE GOBERNANTES LOS HECHOS.

Aprovechando el caos político de los días previos a la elección definitiva del nuevo mandatario, el día martes 23 de julio, el Senado aprobó en grande un nuevo Proyecto de Ley que establece la nulidad de los procesos contra los ex presidentes luego de 5 años de haber concluido su mandato. Con la aprobación de esta ley se dejaría sin efecto las leyes contrarias, como la de 31-10-1984, la de 23-12-1944 y todas las disposiciones sobre juicios de responsabilidades, que establecen que los mandatarios que incurran en actos de corrupción y actúen en contra de los intereses del estado serán sometidos a juicio de responsabilidades resarciendo daños civiles y penales. El presidente Quiroga está de viaje y llega el martes. Antes de su llegada -y preocupado por su futura reelección- requiere que el proyecto de Ley se apruebe en la Cámara Baja.

COMENTARIO.

La verda es que hasta la fecha ningún juicio prosperó por la falta de voluntad política en el Parlamento, dejando en absoluta impunidad actos dolosos de los gobernantes como ser el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada por los contratos de capitalización y por la masacre de Amayapampa y Kapasirka; el juicio de responsabilidades contra Jaime Paz por la privatización, con sobornos, de hoteles prefecturales que pertenecían al estado; varios juicios de responsabilidades contra Banzer, etc. Pero ahora al Senado no le basta la impunidad de facto y quiere convertirla en impunidad legal, algo doblemente grave en momentos en que el pacto de gobernabilidad entre MNR, MIR, UCS y ADN tiene el propósito de limpiar el camino para que los nuevos mandatarios nuevamente puedan cometer crímenes contra el pueblo boliviano, p.ej. con la firma de contratos lesivos al país. Esperemos que el lunes los diputados no conviertan la impunidad en ley.

Tema de análisis:
LA POLÉMICA NACIONAL SOBRE EL GAS TOCA FONDO

La polémica pasó a las calles. Ya el 12 de julio se fundó la "Coordinadora de Defensa del Gas" con participación de 21 organizaciones con una multitudinaria marcha popular en La Paz, marcha que se reprodujo esta semana tanto en La Paz como en Cochabamba. El detonante de estas últimas fue la información publicada por el diario chileno "La Tercera" en el sentido de que ya hubiera un acuerdo secreto entre los gobiernos de Bolivia y Chile para la utilización de un puerto chileno (cosa que el gobierno boliviano niega rotundamente). En todo caso un acuerdo entre gobiernos sería insuficiente, ya que se requiere la ratificación por parte del Congreso Nacional por dos tercios de votos. Por tanto, aunque es evidente que el próximo presidente tiene la misma tendencia que el actual a firmar un contrato con Chile, la discusión en el Congreso no va a ser fácil y va a tener en cuenta las voces que emerjan de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Y en el conjunto de la sociedad civil la única voz que se eleva a favor de la utilización de un puerto chileno es la del movimiento cívico de Tarija (engañado por los cálculos de diferencia de precio "en boca de pozo", cf. boletín anterior).
Chile o Perú, un dilema falso Al principio los diversos sectores sociales del país se apasionaban por la disyuntiva entre un puerto chileno y uno peruano. Es evidente que a las transnacionales petroleras les interesa definitivamente el puerto chileno (ya que tienen enormes intereses en ese país), y por tanto a los gobernantes también (casualmente siempre muestran tendencias coincidentes con las de las transnacionales), mientras que Perú les resulta poco interesante por el famoso "riesgo país". La formulación más extrema y distorsionada fue la del canciller Gustavo Fernández cuando habló de recuperar "el componente económico de la cualidad marítima". La única voz oficialista disidente fue la del ex vicepresidente Julio Garret, que a esa fórmula la llama "claudicación" y que añade que el puerto de Mejillones (Chile) es inaceptable e inutilizable, por su lejanía de La Paz y por tanto sólo sería gasífero y no comercial. Pero el problema de fondo es otro.
Y lo novedoso de las últimas movilizaciones sociales es que dejan cada vez más a un lado la negativa a negociar con Chile (si es que no se obtiene a cambio algún tipo de soberanía costera) para concentrarse en el verdadero fondo de la cuestión, que es la conveniencia o no de vender el gas en las condiciones planteadas. Ya el señor Chakib Khelil, representante de la OPEP y ministro argelino de Energía, sostuvo que a Bolivia le resulta mucho más rentable la venta de gas a Brasil que a Norteamérica, pues el precio es claramente superior, no requiere del enorme volumen de inversiones que requiere la venta a Norteamérica, y es un mercado en permanente expansión.
Ésta es la cuestión que ahora se debate en el conjunto de la sociedad boliviana, y que debe tener en cuenta algunos elementos: "Podemos perder la oportunidad" Éste es el argumento del gobierno, de la empresa Sempra Energy y de algunos analistas que siguen lamentando que Bolivia no haya regalado su litio a la Lithium Corporation. Sin embargo el mercado del gas natural va en permanente ascenso (se ha triplicado en los últimos 30 años), pues emite 30 por ciento menos de CO2 y ahora es transportable con relativa facilidad.
Además es materia prima para la industria petroquímica, para la termoeléctrica y para la producción de hidrocarburos líquidos. No hay pues peligro de perder la oportunidad. "Nuestras reservas son interminables, no venderlas equivale a perderlas" Otro argumento falaz empleado por el propio presidente de la república. En ningún caso el volumen de reservas puede justificar que se malvendan, como los liberales malvendieron el estaño durante la segunda guerra mundial.
Pero además, para poder afirmar esto, los gobernantes presentan cálculos trucados, en los cuales suman las reservas "probadas" a las "probables" para poder mostrar que Bolivia tiene 52 TCF (el doble que Argentina), cuando en realidad sólo tiene 27 TCF de reservas probadas.
"El negocio del siglo" Según el gobierno, Bolivia recibiría 300 millones de dólares anuales por la exportación de gas a Norteamérica (no más que la cantidad que producía YPFB antes de la "capitalización"), pero expertos poco sospechosos como Miranda Pacheco señalan que en realidad lo único que con seguridad se cobraría serían las regalías del 18 %, y por tanto los ingresos en ningún caso llegarían a la mitad de lo anunciado. Aquí se suman dos problemas, el primero es que en general Bolivia se ha convertido en el paraíso de las transnacionales petroleras al cobrar esas regalías miserables (mientras Venezuela, por ejemplo, cobra el 60 %). Según R. Maella (ejecutivo de Repsol), cada dólar que invierten las petroleras en Bolivia genera 10 dólares de ganancia. Por supuesto en esta generosa donación de nuestro país a las petroleras juegan un papel fundamental la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada y su decreto de reclasificación de campos petroleros (que reduce al 5 % los campos antiguos y produce una pérdida de 1.212 millones de dólares para el país). El segundo problema es el precio específico de esta transacción con Pacific LNG, que sitúa el precio del gas en 0,70 dólares el millar de pies3, prácticamente la mitad del precio que nos pagaba Argentina, y que ya está dando argumentos a Petrobras para rebajar el precio del gas que vendemos al Brasil.
Los verdaderos interesados El consorcio Pacific LNG está integrado por Repsol-YPF, British Gas y Panamerican Gas, que pretenden vender 36 millones de m3/día al mercado norteamericano (México y USA) y 6 millones a Chile. Esas mismas empresas son socias del bloque Caipependi (donde se encuentra el famoso pozo Margarita), y para ello están dispuestas a invertir de 5 a 7 mil millones de dólares hasta el 2005. A la vez están vinculadas con Sempra Energy (subsidiaria de Enron, que será la que use el gas barato boliviano para distribuir energía en Chile, México y California) e indirectamente con Gas Atacama, que ya tiene firmado un contrato con la Andean Silver (concesionaria del fabuloso yacimiento de plata de San Cristóbal) para la provisión de energía eléctrica chilena (con gas boliviano) a dicho complejo minero. Finalmente todos estos intereses, a través del poderoso grupo croata-chileno Luksic-Abaroa, están vinculados con auténticos centros de poder económico entre los que sobresalen la Barrick Gold (cuyo presidente es George Bush), el Banco Bilbao-Vizcaya e incluso negocios relacionados con Vladimiro Montesinos. Éste es el poder real con el que tienen que enfrentarse los intereses bolivianos y sus defensores. żY los verdaderos desposeídos? Miguel Castro, desde Tarija, nos hace llegar un artículo del que por falta de espacio sólo reproducimos lo siguiente: "En estos días, cuando todo el mundo, a lo largo y ancho del país, se siente con el legítimo derecho de opinar sobre la venta de gas al norte y se han desatado las pasiones más encendidas en torno a qué puerto es el más conveniente .
nadie se tomó la molestia de preguntarse de dónde saldrá ese gas y quiénes son los hombres y mujeres que habitan esas tierras que de manera tan inesperada se volvieron desmesuradamente codiciadas.
. Puerto Margarita no es un lugar más en la extensa geografía nacional, en estos días esta comunidad guaraní del Chaco tarijeño es a su manera el testimonio del modelo de explotación de los recursos naturales que ha primado en nuestro país a lo largo de toda su historia.
. Participar en las decisiones que afectan a los recursos de los territorios indígenas y ser parte de los beneficios generados por esa riqueza, exigir que se cumpla con las normas establecidas para evitar o por lo menos mitigar los impactos ambientales y de esa manera impedir que sus áreas tradicionales de pesca, caza y recolección sean irreversiblemente dañadas, son todos ellos derechos consagrados por normas nacionales e internacionales. De lo que se trata es que estas disposiciones se cumplan y las comunidades sean debidamente escuchadas en sus demandas, sólo de esa manera podremos hablar de dignidad nacional.
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Bolivia Press 2002, Nr. 12 (27 de julio del 2002) ISSN 1609-6703 Bolivi@Press .