El Gobierno acosa a los sin tierra de Santa Cruz

El 30jun05 tres miembros de una misma familia, campesinos todos, fueron víctimas de una terrible inflamación de GAS, venteado por la empresa REPSOL YPF.

Dos murieron, el padre Emilio Ucieda y el hijo Mario Ucieda, mientras el hermano mayor, Edgar Ucieda, se encuentra en estado de shock en un hospital de Argentina.

Las víctimas prendieron un cigarrillo para ahuyentar a los mosquitos, cerca al pozo petrolero Surubi D, ubicado a 300 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, y el gas incendió toda la superficie y 50 metros en su alrededor.

Los técnicos de REPSOL han prometido que 'un equipo especializado en accidentes investiga las causas del accidente'.

Con el fin de hacer frente a estas prácticas y hacer una denuncia a nivel nacional e internacional, el 22jul05 , una comisión interinstitucional de la sociedad civil de Cochabamba realizó una inspección al Pozo Surubi D, la cual constató que, siendo el venteo de gas una actividad ilegal que pone en riesgo la población, Repsol no sólo ventea (ya que se verificó que la emisión de gas continúa), sino que lo hace al exterior del espacio perimetral resguardado, por lo tanto, el trágico desenlace, sólo era cuestión de tiempo.

Hasta el momento Repsol sólo se ha responsabilizado de los gastos del entierro de las dos víctimas, pero se niega a costear la pensión de viudedad de la esposa y madre de los fallecidos, la cual ha quedado a cargo de un hijo con retraso mental y otro que aún permanece hospitalizado en Argentina con quemaduras graves y en estado de shock, a raíz del accidente.

600 familias del Movimiento sin Tierra son acosadas por el Gobierno.

"Las seiscientas Familias Sin Tierra, desalojadas de la comunidad Pueblos Unidos (ex fundo los Yuquises), el pasado 25 de mayo, con promesas del gobierno de dotación de tierras fiscales y garantías para la recolección de nuestras cosechas, nos vimos obligados a vivir bajo el puente de la localidad Chané Independencia alrededor de dos meses, a la intemperie, por el incumplimiento de las promesas de las autoridades...

Después de 14 días de marcha soportando las inclemencias del tiempo, sobre todo el frío... [V]emos con preocupación cómo en respuesta a una acción pacífica, cada día se incrementa la represión del Estado y aumenta el pie de fuerza militar: más de 150 efectivos fuertemente armados han ingresado en la zona, para impedir la recuperación de nuestras cosechas de productos alimenticios que sirven para nuestra subsistencia. Varios de nuestros compañeros han sido injustamente encarcelados, y otros 16 se encuentran con orden de apremio."

El Gobierno no da solución a 600 familias sin tierra desalojadas

Las seiscientas Familias Sin Tierra, desalojadas de la comunidad Pueblos Unidos (ex fundo los Yuquises), el pasado 25 de mayo, con promesas del gobierno de dotación de tierras fiscales y garantías para la recolección de nuestras cosechas, y nos vimos obligados a vivir bajo el puente de la localidad Chané Independencia alrededor de dos meses a la intemperie por el incumplimiento de las promesas de las autoridades. El día lunes 4 de julio empezamos una marcha pacífica de retorno hasta donde fue nuestra comunidad, en vista, de que las autoridades faltaron a sus compromisos, el objetivo es ingresar hasta el ex fundo para recoger las cosechas de arroz y otros productos, y permanecer en el lugar haciendo vigilia hasta conseguir la dotación de 20.000 hectáreas de tierras, que se encuentran a 7 kilómetros más adentro del asentamiento inicial, predios que comprometió el gobierno al momento de efectuar el desalojo.

Después de 14 días de marcha soportando las inclemencias del tiempo sobre todo el frío, nos hemos visto en la necesidad de hacer un cuarto intermedio en la zona del Carmen porque no tenemos las condiciones climáticas, alimenticias y sanitarias, las autoridades no sólo incumplen sus promesas, si no que, continúan burlándose de nuestra miseria humana en la que estamos viviendo (hambre, frío, enfermedades, etc.) cerrándonos todos los canales de diálogo y negociación con las instancias decisorias a nivel nacional, regional y local.

Vemos con preocupación como en respuesta a una acción pacífica, cada día se incrementa la represión del Estado y aumenta el pie de fuerza militar, más de 150 efectivos fuertemente armados han ingresado en la zona, para impedir la recuperación de nuestras cosechas de productos alimenticios que sirven para nuestra subsistencia. Varios de nuestros compañeros han sido injustamente encarcelados, y otros 16 se encuentran con orden de apremio.

Por otra parte el actual gobierno pretende llevar adelante una política de tierras, aplicando decretos completamente ilegales aprobados por el ex presidente Mesa, e impulsa la adopción de otros que cierra toda posibilidad de solución de nuestros problemas.

Ante la violación flagrante a nuestros derechos más elementales, la falta total voluntad de atender los problemas señalados y promover una política de tierras contraria a los postulados de la Reforma Agraria consagrada en la Constitución y las leyes hemos decidido exigir lo siguiente:

Demandamos al gobierno nacional la inmediata dotación de tierras a la comunidad pueblos Unidos del MST-SC. Así como garantizar a nuestras familias el derecho a una vida digna y a nuestros hijos mínimas condiciones de vivienda y bienestar.

La anulación de los procesos penales en contra de nuestros dirigente y miembros de la comunidad procesados por las autoridades judiciales, y la inmediata liberación de nuestros compañeros: Ponciano Sulka, Luis Alberto Aguilera, Ignacio Velarde, están sufriendo torturas físicas y sicológicas, en violación de los más elementales derechos humanos.

La otorgación de garantías para la recolección de nuestras cosechas, fruto de nuestro trabajo y esfuerzo y fuente de nuestro sustento.

El otorgamiento de la personalidad jurídica a la comunidad campesina Pueblos Unidos.

Del Ministerio de Defensa y de Gobierno, el retiro de las fuerzas policiales y militares que resguardan intereses de terratenientes y latifundistas MST-SC.

El retiro de las fuerzas militares que resguardan intereses de empresarios y terratenientes

El día 24 de julio tendremos un ampliado nacional del Movimiento Sin Tierra en la localidad de Chané, donde analizaremos nuestra problemática de la tierra y el territorio, además de la adopción de medidas radicales para ser atendidos.

Rogamos estar atentos a los próximos acontecimiento que pudieran generarse donde necesitaríamos de solidaridad.

Santa Cruz- Bolivia 22 de julio de 2005

Piden justicia por muertos de pozo Surubi D (Repsol-YPF).

En medio de una humilde casita campesina y el pozo petrolero Surubi D, a 300 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, hay un riachuelo, hoy testimonio silencioso de un crimen petrolero que ocurrió el 30 de junio de 2005.

Ahí se encuentran, colgados en los árboles, restos de carne y ropa de tres cuerpos de hombres de una misma familia, campesinos todos, víctimas de una terrible inflamación de GAS, venteado por la empresa REPSOL. Dos murieron, el padre Emilio Ucieda (45 años) y el hijo Mario Ucieda (13 años), mientras el hermano mayor Edgar Ucieda (18 años) se encuentra en estado de shock en un hospital de Argentina.

Según un escueto informe de la prensa fue un "accidente". Para la viuda y los pobladores del lugar fue un crimen. El pecado de las víctimas pescadores fue prender un cigarrillo para ahuyentar a los mosquitos, ahí cerca al pozo.

Ni el agua del riachuelo podía salvarles, ya que el gas había incendiado toda la superficie y 50 metros en su alrededor.

Miguel Cirbián, gerente de Relaciones Externas de la compañía REPSOL, en declaraciones a la prensa indicó que "el accidente se produjo fuera de las instalaciones de la empresa" y que "se trata de un hecho fortuito.

Sin embargo, el dirigente cocalero Luis Cutipa, responsabilizó a Repsol-YPF del accidente por no haber delimitado apropiadamente el área de operaciones de la empres y no colocar senales que adviertan el peligro.

Según Cutipa, "en el lugar del siniestro existía una fuga de gas la misma que no estaba siendo quemada, por lo que al primer foco de chispa se produjo la explosión".

En medio del dolor de la drásticamente reducida familia y las negociaciones acerca de unas humillantes indemnizaciones, los técnicos de REPSOL han prometido que "un equipo especializado en accidentes investiga las causas del accidente";.

Un crimen más que quedará en la impunidad y que fácilmente se podrá repetir en nuestro país paraíso de las transnacionales.

Con el fin de hacer frente a estas prácticas y hacer una denuncia a nivel nacional e internacional, el 22 de julio, una comisión interinstitucional de la sociedad civil de Cochabamba realizó una inspección al Pozo Surubi D donde murieron calcinados 2 personas en el incendio del 30 junio 2005.

En dicha visita hemos constatado las siguientes irregularidades:

• 1. El venteo de gas es una actividad ilegal que pone en riesgo la población. Repsol no sólo ventea (ya que se verificó que la emisión de gas continua) sino que lo hace al exterior del espacio perimetral resguardado, por lo tanto el trágico desenlace sólo era cuestión de tiempo.
• 2. De acuerdo a testimonios, Repsol actuó de una manera poco humanitaria con las victimas y sus familiares, amenazando con acusarlos de atentar contra la propia empresa, todo esto cuando sus vidas aún estaban en juego. El delito de la familia Ucieda es no abandonar su casa y sus tierras cuando se construyó el Pozo Surubí D a escasos 100 metros de la planchada.
• 3. Según los familiares de las víctimas, los afectados murieron dos días después del accidente en el hospital, este hecho sumado al trato recibido por los heridos durante el rescate y en el nosocomio (de acuerdo al informe de los familiares) hace suponer que podría haber negligencia para evitar gastos médico de por vida y una pensión de invalidez. Lamentablemente el dictamen forense no ha sido remitido a las autoridades correspondientes.
• 4. Hasta el momento Repsol sólo se ha responsabilizado con los gastos del entierro de las dos víctimas pero se niega a costear la pensión de viudez de la esposa y madre de los fallecidos, la cual ha quedado a cargo de un hijo con retraso mental y otro que aún permanece hospitalizado en Argentina con quemaduras graves y en estado de shock, a raiz del accidente.
• 5. Repsol no informó a nadie en el momento del accidente (familiares, comunidad, autoridades municipales, Prefectura) trasladando a los heridos a Santa Cruz sin dar posibilidad a que los familiares hablaran con las víctimas antes de morir. Cuando la señora Nicolasa Dorado (esposa y madre de los afectados) se trasladó a Santa Cruz, la empresa sólo costeó los gastos del primer día, por lo que ella tuvo que correr con la manutencion por cuenta propia, a partir de entonces.
• 6. Repsol negó el acceso de las Autoridades Ambientales Competentes a la planchada Surubi D, donde siguen emitiendo los gases que causaron el incendio.
• 7. La inspección se realizó 6 días despues del accidente y fue conformada por el Alcalde de EntreRios, la Federación Sindical Mamoré y Unidad de Hidrocarburos de la Prefectura de Cochabamba. El encargado del campo Ing.Osvaldo Rodas interfirió las investigaciones al no permitir el paso a las instalaciones. Sobreponiendo su la autoridad de Repsol a las autoridades bolivianas.
• 8. Existen antecedentes (Comunicado Prensa Gobierno Municipal Entre Rios Nnº01/2005, vertidos de Repsol en Paloma B) de impunidad ambiental en la zona. Tanto esta inspección, como la que realizó la Superintendencia de Hidrocarburos, no han precisado hasta la fecha en informe alguno, tampoco los Ministerios de Hidrocarburos ni los Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación han reportado conclusiones.
• 9. Por otra parte, cuestionamos la actitud de la prensa que ha minimizado el caso hasta silenciarlo mientras publicaban durante la semana posterior al accidente hasta 5 páginas a todo color de propaganda de Repsol en un formato que las hacía confundir con el propio cuerpo noticiario del diario (ver La Prensa, La Razón, El Diario, 12/07/2005).

Es por eso que las instituciones firmantes EXIGIMOS:

• 1. La inmediata cobertura de la pensión de viudez de Nicolasa Dorado por parte de Repsol-YPF responsable directa de las muertes de su esposo e hijo.
• 2. La publicación de los informes de la Prefectura de Cochabamba, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y de la Superintendencia de Hidrocarburos
• 3. La intervención inmediata del Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra Repsol-YPF para incriminiar responsables de las muertes de Emilio Ucieda y Mario Ucieda. Algo fácilmente evidenciable.
• 4. Iniciar un proceso legal para revertir el contrato del Bloque Chimoré al Estado Boliviano y una Auditoria Ambiental que corrobore las anomalias que esta provocando REPSOL en la zona.

Firman por la por la Comisión Interinstitucional la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Cochabamba (APDHC); el Comité de Defensa Ambiental de Cochabamba (CODAH) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)