Ecologistas en Acción
Rebelión

Ecologistas en Acción ha presentado denuncia ante el SEPRONA y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra Río Narcea Recursos S.A. (filial de Rio Narcea Golmines) por la extracción ilegal de aguas supuestamente para uso industrial de la Cuenca del Guadalquivir sin contar con autorización
En la finca de Aguablanca, en término municipal de Monesterio (Badajoz) dicha empresa u otra subcontratada por ella ha construido una balsa de aproximadamente 1000 millones de litros, según sus cálculos, con una cuenca de captación muy pequeña.
Desde el pasado verano esta balsa se ha ido llenando paulatinamente siendo, muy escasa el agua de esta que pueda proceder de la lluvia directa en la misma. Miembros de esta Asociación dicen haber encontrado al menos dos puntos de captación de aguas: uno al sur del muro de la balsa directamente de la rivera del Cala y otro directamente del Pantano del Romeral. Encontrándose tuberías y sistemas para el bombeo de agua mediante los cuales se han extraído millones de litros para el llenado de la citada balsa desde entonces, y que supuestamente se pretenden emplear para uso industrial.
Los ecologistas recuerdan, que de acuerdo al plan hidrológico nacional y plan de cuenca del Guadalquivir, esta cuenca es deficitaria y que son necesarios permisos para dichos aprovechamientos que se concederían, en su caso, por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de los que la empresa presuntamente carece.
Además denuncian que las citadas balsas y la extracción no se encontraban incluidas en la declaración de impacto y proyecto autorizado de esta actividad a cuyos planos Ecologistas en Acción tuvo acceso, por lo que serían supuestamente ilegales.
Han solicitado que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para proceder a iniciar el o los procedimientos sancionadores contra los responsables de la infracción, y que como denunciantes se les comuniquen las actuaciones emprendidas con motivo de esta denuncia.
Para Ecologistas en Acción esta es una más del cúmulo de ilegalidades que ha cometido esta multinacional que muestra una asombrosa falta de respeto a la legislación y que parece contar con la pasividad, lentitud o complicidad de las administraciones y organismos encargados de hacer cumplir la ley, aplicando una política de hechos consumados que los ecologistas consideran intolerable en un estado de derecho. Critican especialmente a la Junta de Extremadura que ha apoyado ciegamente desde el principio este proyecto, haciendo caso omiso a las denuncias que se han presentado y sin comunicar como es preceptivo las resoluciones de los expedientes sancionadores al denunciante.