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Luis Puig, de la Comisión de Derechos Humanos de la central de los trabajadores uruguayos (PIT-CNT) manifestó su preocupación ante "versiones que tienden a confundir, y afirman que se podría avanzar en la investigación sobre los desaparecidos a través de comunicaciones entre tupamaros y militares".
El dirigente sindical se refiere a la noticia que trascendió en el día de ayer que indica que el diputado tupamaro Luis Rosadilla se reunió el jueves con un militar que le entregó una carpeta conteniendo 36 folios con información sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura civil militar. Según informó el parlamentario al diario ULTIMAS NOTICIAS, dicha información será analizada por su organización en los próximos días. Rosadilla explicó que fue mandatado por el Movimiento de Liberación Nacional para hacer de nexo con los militares en este tema.
Por su parte, el también dirigente del MLN Julio Marenales, afirmó que su organización cuenta con información que indica que en los batallones 13 y 14 y en la chacra de Pando "no se van a encontrar restos" de desaparecidos.
Marenales "supone" que esa información ya llegó a manos del presidente Vázquez, y que en el futuro "se verá si se le da pelota o no" . Consultado en RADIO FUTURA sobre si creía que el Presidente había sido engañado por los militares, prefirió no responder, pero dijo crítpicamente que "hubo algunas movidas". En el mismo sentido se expresó Rosadilla, quien no descartó que los militares hayan montado una "operación de desinformación", porque "es lo que compete a su profesión".
Preguntado al respecto, el ex presidente Jorge Batlle dijo a su vez: "No creo que el Ejército como entidad haya engañado al gobierno actual. El comandante en jefe recibió la información de algunos oficiales retirados, y la pregunta que yo me hago es si los que le dieron la información sabían algo, porque en la Comisión para la Paz, el doctor Gonzalo Fernández y el doctor Carlos Ramela, hablaron con todos esos militares, en su momento", aseguró Batlle.
Para Luis Puig, "Plantear que las investigaciones las realicen las Fuerzas Armadas, y las lleven adelante con comandantes que participaron en el esquema represivo de la dictadura, no nos parece confiable". Claro, lo lógico hubiera sido que toda esta investigación estuviera en manos de la Justicia, que es la única estructura estatal capaz de garantizar la veracidad de sus actos. Su falta de recursos técnicos y humanos y la decisión del presidente Vázquez de llevar adelante las investigaciones mediante la aplicación del Artículo 4º de la Ley de Caducidad, lo impiden.
Cuando el 8 de agosto pasado Vázquez informó en conferencia de prensa que los mlitares habían indicado el lugar en el que "con un 99% de probabilidades" habían sido inhumados los restos de María Claudia García de Gelman, todos pensamos que los terroristas de Estado finalmente habían decidido romper su sádico silencio y entregar sus "trofeos de guerra". A más de un mes de ese día, la sensación es que todo sigue como antes. La estrategia del gobierno no está rindiendo los frutos que se esperaba.
Parecería que viene siendo hora de dejar actuar a la Justicia.