Latinoamérica

Walter Pernas
Brecha

El jurista paraguayo Alberto Almada denunció ante el Poder Ejecutivo que algunos diplomáticos uruguayos coordinaron acciones represivas en su país durante los años de la dictadura, y entregó documentación que, según dijo, involucra a tales funcionarios.
Uno de esos documentos, a los que accedió BRECHA, es una carta fechada el 24 de noviembre de 1982, destinada al jefe de Policía de Asunción del Paraguay, general Francisco A Brítez y firmada por el entonces primer secretario del cónsul de Uruguay, Gonzalo Casás Leguizamón.
En la misiva el diplomático uruguayo pide "cooperación para obtener información sobre la situación del ciudadano uruguayo Carlos Ernesto de la Iglesia Medina". Y continúa: "Al agradecer la proverbial gentileza que lo caracteriza aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración".
Ante el requerimiento de BRECHA, fuentes vinculadas a la comitiva paraguaya indicaron que "Casás es un funcionario que colaboró con el régimen militar" en el marco del Plan Cóndor. Casás es el actual cónsul de Uruguay en la ciudad de Rosario, Argentina. En los archivos de la cancillería figura que fue nombrado cónsul adjunto al Consulado General el 26 de febrero de 1980, cuando el embajador era el general Julio César Vadora, uno de los estandartes de la dictadura uruguaya.
La represión coordinada entre Uruguay y Paraguay se intensificó durante la gestión de Vadora, nombrado el 14 de marzo de 1978. Tres años después asumió como embajador Hugo Márquez, y Casás permaneció como diplomático: accedió al cargo de cónsul de Asunción.
Por otra parte, las fuentes paraguayas indicaron que durante los años setenta la jefa de la sección consular de la embajada uruguaya en Paraguay, Lylián Camps, también favoreció las acciones represivas entre ambos países. Camps fue nombrada en 1974.
Luego de que en 1976 fuera asesinado el embajador Carlos Abdala, no se nombró sucesor hasta que en 1978 llegó Vadora, según los archivos de la cancillería. En ese período intermedio actuó un encargado de negocios llamado Mauricio Méndez Rivas.
En los próximos días, autoridades del gobierno pedirán explicaciones a Casás sobre su actuación en aquellos años cuando el Cóndor sobrevolaba Latinoamérica.
LISTAS
La información aportada por Almada determinará otra investigación: la Presidencia contrastará una lista en la que figuran cerca de 50 detenidos en Paraguay durante la década del 70 con la nómina de uruguayos desaparecidos (incluidos los casos denunciados y aún no corroborados) que confeccionó la Comisión para la Paz. Así se procura avanzar en las investigaciones por la violación de derechos humanos en el marco del Plan Cóndor.
El jurista brindó la documentación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados y ésta la entregó a las autoridades del gobierno.
Almada dijo que halló el documento de las detenciones a principios de este mes, cuando buscaba información en los archivos paraguayos que reúnen más 5 mil volúmenes de información.
Casi todos los nombres de la lista coinciden con personas que no figuran en la nómina de desaparecidos reunida por Familiares de Detenidos Desaparecidos, según pudo saber BRECHA. No obstante, es prematuro indicar que las personas detenidas por las fuerzas paraguayas son efectivamente desaparecidos. Es probable –dijeron las fuentes– que muchos hayan sido detenidos y luego liberados. La confirmación de eventuales nuevos casos de desaparecidos se realizará tras una minuciosa investigación oficial y de las organizaciones de derechos humanos.
Otro de los documentos hallados por Almada en los archivos del terror es un pedido del Estado Mayor General de las fuerzas armadas paraguayas a la policía de ese país.
"Tengo el agrado de dirigirme al señor jefe de Policía de la capital, con el objeto de solicitar los antecedentes o lugares de residencia de los nombrados más abajo, sobre quienes pesa captura por parte del Ejército de Uruguay", señala la misiva fechada el 3 de junio de 1977.
Entre los requeridos figura el dirigente sindical de ute y militante comunista Óscar Tassino Asteazu, quien resultara detenido casi dos meses después, el 19 de julio de 1977, en Montevideo. Tassino fue trasladado al establecimiento La Tablada, torturado, y desaparecido desde esos días.
Según la información reunida por la Comisión para la Paz, los restos de Tassino fueron sepultados en el Batallón 14, y luego desenterrados durante la Operación Zanahoria, en procura de eliminar pruebas de los asesinatos.
Sin embargo, no todos los de esa lista están muertos o desaparecidos. Luis Diego Sobrino Berardi (hermano de Guillermo Sobrino, desaparecido) fue buscado en Paraguay por las fuerzas del Cóndor, pero no lo encontraron. Hoy vive en Suecia donde se refugió junto a su familia al verse perseguido, según pudo corroborar BRECHA. Otros de los que figuran en la lista de requeridos no integran la nómina de desaparecidos, pero tampooco –por ahora– se pudo establecer su paradero.
DESAPARECIDOS
Otro de los documentos que aportó Almada es una copia del interrogatorio al que fue sometido en 1977 el militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Gustavo Insaurralde Melgar, quien figura como desaparecido en Paraguay.
Insaurralde estuvo preso en Uruguay por cuestiones gremiales y políticas en 1967 y en 1970. Fue expulsado de Uruguay en 1971 y pidió refugio al gobierno de Salvador Allende. Estuvo en Chile hasta el golpe de Estado de 1973. De allí viajó a Argentina donde participó de la creación del PVP. En 1976 logró escapar de la arremedida represiva coordinada entre Uruguay y Argentina. Su esposa, embarazada, logró refugiarse en Suecia. Él fue detenido en Paraguay mientras intentaba comprar documentos de identidad falsos, junto a otro uruguayo, Nelson Santana Scotto.
El coronel Carlos Calcagno fue el militar enviado por el Ejército uruguayo para actuar en el caso. Calcagno fue uno de los que interrogó bajo torturas a Insaurralde durante los días 5, 6 y 7 de abril de 1977. Por ello, Almada solicitó al juez paraguayo Gustavo Santander que solicite la extradición de Calcagno, situación a estudio del magistrado.
"Según los Archivos del Terror, Asunción, 16 de mayo de 1977, documento firmado por el comisario Alberto Buenaventura Cantero, Gustavo Edison Insaurralde Melgar y Nelson Rodolfo Santana Scotto (uruguayos), y José Nell, Alejandro José Logoluso y Dora Marta Landi (argentinos) viajaron con destino a Buenos Aires en un avión birreactor de la Armada argentina, con matrícula 5-7-30-0653 pilotado por el capitán de corbeta José Abdala (...)", señala el pedido de Almada a la sede penal paraguaya.
En el libro A todos ellos, editado por Familiares de Detenidos Desaparecidos, figura un testimonio de P P, quien dijo haber visto a Insaurralde en el centro de detención El Atlético. Señaló que el 26 de mayo de 1977 vio a un uruguayo que había sido detenido en Paraguay a punto de viajar a Suecia, donde lo esperaba su mujer embarazada.
Una carta enviada el 5 de octubre de 1977 por el arzobispo de Asunción, Ismael Rolón, a María del Carmen, la esposa de Insaurralde, sostiene que el detenido fue trasladado de "Argentina a Montevideo, él solo. Esto sucedió en mayo de este año 1977", según el documento en poder de BRECHA. Este elemento refuerza la posibilidad de otro vuelo de la muerte.