Entre guiños y sonrisas a la audiencia, la abanderada presidencial que aparece con la mayor opción en las encuestas prometió subir los impuestos, garantizó a las Fuerzas Armadas que seguirán teniendo el presupuesto más alto de América Latina y, de paso, justificó sin que se lo pidieran el proceso privatizador emprendido por la dictadura militar respecto de las empresas estratégicas del Estado.
Razones hay de sobra para señalar que el primer encuentro televisado entre las abanderadas presidenciales de la Concertación, realizado el 27 de agosto en Concepción, nada tuvo semejante a un debate. El formato del foro negociado entre ambos comandos impedía réplicas y emplazamientos de una a otra, y tampoco obligaba a las candidatas a responder lo que específicamente se les estaba preguntando. A ello hay que añadir que, más allá de las inclinaciones políticas de cada cual, los comentarios desarrollados por Soledad Alvear y Michelle Bachelet fueron de una pobreza intelectual sólo comparable a la que ha exhibido Joaquín Lavín en su versión ³apolítica². La primera, recordando cada cinco minutos que tiene esposo e hijos y que su infancia estuvo marcada por el Mundial de Fútbol de 1962; la segunda, haciendo gala de ³un estilo propio, mío, como soy yo², y explicando a la prensa que eligió un vestido oscuro para no verse tan gorda.
Sin embargo, entre la ambigüedad de las respuestas, los intentos de coquetería ensayada y los torpedos, fue Bachelet, la postulante a La Moneda que encabeza las encuestas, quien deslizó el mayor número de anuncios concretos, dejando que su contendora decé se explayase sobre su llamada ³agenda valórica², católica, apostólica y romana. Faltaban sólo cuatro días para el Primero de Mayo, pero ni siquiera el calendario fue obstáculo para que la carta presidencial del bloque PS-PPD-PRSD emprendiera una dura arremetida en contra de las más modestas y sentidas aspiraciones de los trabajadores.
Requerida respecto de medidas específicas para terminar con la profunda desigualdad en los ingresos evidenciada durante la administración de Ricardo Lagos, y si se sentía cómplice de esa iniquidad por haber integrado el gabinete, la secretaria de Estado dio una respuesta que no resiste el menor análisis: ³La verdad es que creo que no me siento cómplice, y no me siento cómplice porque como ministra de Salud yo trabajé fuertemente y tuve logros concretos para, a través de políticas sociales, como era una salud primaria más cercana a la gente, con mucho más extensión médica, con más medicamentos en que aumentábamos enormemente las prestaciones a la gente que pudo tener una salud de mejor calidad aun cuando falta mucho por avanzar, trabajamos fuertemente para que desde el punto de vista de la salud la situación de las personas con menos ingreso fuera mejor². Acto seguido, Bachelet amenazó con elevar los impuestos, no a los ricos, sino a todos: ³Efectivamente, yo creo que si uno quiere como país tener niños cuyo futuro no dependa de los ingresos de los padres, si uno quiere como país tener adultos mayores que tengan pensiones dignas, que su vejez sea lo que corresponde a una calidad de vida básica fundamental, son personas que han construido este país, probablemente si nosotros somos lo más eficientes en el gasto público, logramos disminuir la evasión de impuestos, seguimos creciendo económicamente, logramos cualquier mejora de eficiencia, no nos va alcanzar para tomar ese tipo de medidas, y en ese caso efectivamente yo voy hacer un diálogo social con todos los actores involucrados para mirar la necesidad de elevar los impuestos².
La advertencia no sólo causaba estupor en el mundo sindical, sino que contradecía también la ley vigente, en virtud de la cual el Impuesto al Valor Agregado (IVA) debía reducirse del 19% al 18% a partir del año 2007.
Tratándose de los tributos más regresivos del mundo para los sectores más humildes de la población, Bachelet fue llevada en otro momento de la transmisión a confirmar lo que acababa de señalar. ³Si uno quiere asumir esas tareas de tener a todos los niños en sala de cuna de cero a cuatro años, o en cuidado infantil, de manera que todas las mujeres de Chile puedan trabajar y, por lo tanto, aumentar el ingreso familiar; resolver, en parte, la distribución del ingreso; sacar a la gente de la pobreza y tener a los adultos mayores viviendo mejor, lo más probable es que haya que subir el impuesto, pero habrá que discutir qué impuesto y cómo se sube², manifestó, generando aun más inquietudes que certezas. En efecto, la fórmula de la candidata socialista para redistribuir el ingreso nada dice sobre incrementar el salario mínimo ni mucho menos implementar un reajuste real a la escala de sueldos, de modo de mejorar la capacidad de pago de las personas. No: la ³solución² de Bachelet es una operación matemática: que trabajen dos individuos por hogar, para que la suma de sus haberes satisfaga la canasta básica que hace 40 años en Chile se financiaba con una sola jornada laboral. Por supuesto, hay que reconocerlo, la iniciativa es estética, porque aparece bajo la forma de una supuesta reivindicación a favor de las mujeres, sobre cuya actual explotación la ex secretaria de Estado ni siquiera se pronunció.
Garantía a las FF.AA.
Invocado su paso por el ministerio de Defensa, a Bachelet también se le preguntó si iba a derogar la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos están destinados a la adquisición de material bélico y dan pie a que Chile sea el país de América Latina con mayor gasto militar. Según el informe del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, en el año 2002 el país destinó al menos 2.557 millones de dólares a las ramas castrenses, lo que representa el 3,9% del Producto Geográfico Bruto (PGB), sin incluir los US$ 233 millones que le asegura dicha ley. Aunque el propio director de Presupuestos, Mario Marcel, ha reconocido que el ítem militar representa más del 12% del total del gasto fiscal, la ex ministra, que parece seguir siéndolo, dijo en el debate que el monto apenas representa el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque no le advirtió a nadie que para llegar a ese número restó el enorme gasto destinado al pago previsional a los ex uniformados, que en cinco años más ascenderá a 800 mil millones de pesos anuales. Si bien señaló estar ³dispuesta a derogar la Ley del Cobre², inmediatamente agregó que había que ³cambiarla por presupuestos plurianuales y asegurar que la defensa del país tenga lo necesario². ¿Por qué no mejor asegurar presupuestos plurianuales para salud, educación y vivienda? La abanderada del ³progresismo² sostuvo que ³el tema no era derogación de la Ley del Cobre, como que esa plata se podía gastar en construir más casas, porque lo que estaba financiando era deuda de las Fuerzas Armas y entonces era como el sofá de don Otto que era cambiar de un bolsillo a otro². ¿A qué se refiere Bachelet cuando plantea que se está financiando la deuda de las FF.AA.? Lo que está diciendo es que con la Ley Reservada se paga la compra de cazabombarderos F-16, de submarinos Scorpene, de fragatas, de tanques.
Esa es la deuda que propone seguir pagando a través de una norma que apenas tendrá otro nombre. Momentos después, la ex ministra fue consultada respecto de si rebajaría el presupuesto militar para financiar programas sociales.
Aunque comenzó balbuceando que ³personalmente creo que mi prioridad va a ser necesariamente social, seguridad y desarrollo, desarrollo centralmente², terminó poniendo una lápida a tan emblemática reivindicación: ³Ahora, bajarlo (el gasto militar), está en 1,6% del PIB, difícil bajarlo más².
Pensiones y privatizaciones Pero la presidenciable fue aun más lejos a la hora de remarcar los privilegios que defenderá para los uniformados respecto de los civiles. Se le preguntó qué hará en relación con las pensiones de los trabajadores. Con una ambigüedad que más bien parecía anticipo, contestó que ³lo primero que voy a hacer, apenas asuma como Presidenta, es nombrar un consejo de la reforma previsional, porque es un tema extraordinariamente delicado². ¿Qué es lo que no quiso explicitar Bachelet como para recurrir al viejo expediente de las comisiones para todos los temas? Nada muy promisorio para los trabajadores, a juzgar por la forma en que volvió sobre este tema cuando se le pidió abordarlo a partir de la situación de los militares. Aludiendo al proyecto discutido el año pasado en el Congreso, sostuvo que ³efectivamente, yo nunca planteé que la reforma que se estaba haciendo a las Fuerzas Armadas era de fondo, porque si hacía una reforma a fondo se le producía un éxodo masivo de miembros de las Fuerzas Armadas antes de que esta ley empezara, y el Estado va tener que gastar una cantidad enorme en pagar esas pensiones; por lo tanto, el remedio era peor que la enfermedad, y por otro lado usted no le puede quitar a una persona que tiene una pensión los derechos adquiridos². Es decir, según ella, las prerrogativas instauradas por la dictadura a favor de los militares son derechos adquiridos que hay que defender, pero no la deuda histórica que mantiene el país con los trabajadores.
Por último, la ex titular de Salud y de Defensa enfrentó a regañadientes, después de una pregunta y una contrapregunta que la invitaba a no eludir el tema, si revisaría y revertiría la privatización del agua a través de un plebiscito vinculante, tal como hizo hace un tiempo la ciudadanía uruguaya.
³Tendría que evaluar. Yo soy una persona seria, no soy demagoga y no voy a hacer ninguna promesa demagógica², respondió, justo antes de lanzar un comentario que implicaba, a ojos del empresariado, un claro respaldo al proceso privatizador emprendido por el régimen militar en áreas estratégicas: ³Tendría que evaluar qué significa, si estamos en condiciones de asumir y hacernos cargo del agua, como de otras tareas, porque una de las razones (por las) que se privatizó, se hicieron concesiones, era para poder definir los gastos fiscales en lo que la gente realmente necesitaba, en más salud, más educación, más vivienda². Con estas palabras justificó Bachelet la enajenación de bienes públicos que en su primer programa de gobierno la Concertación había prometido revisar. Con estos dichos expresó, mucho más claramente que cuando renegó del pensamiento marxista y del papel de la lucha armada en el retorno a la democracia, que no es el gremialismo sino el sindicalismo el que debe temer el traspaso a las urnas en diciembre de la tendencia que ahora registran las encuestas.
Las candidatas y los derechos humanos Al ser consultada sobre asuntos relativos a los derechos humanos, ambas presidenciables dejaron claro que cualquiera sea la que triunfe en la carrera por La Moneda perpetuará el doble estándar cultivado en la materia por los gobiernos de la Concertación.
Cuando la candidata de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, fue consultada en su calidad de ex ministra de Justicia respecto de si asistiría como Jefe de Estado a los funerales de Augusto Pinochet, sorprendió hasta al más moderado de sus seguidores oficialistas al contestar que, en ese caso, ³habría que hacer lo que corresponde hacer como Presidenta de la República²..
Advertida de su ³error² por el propio periodista Amaro Gómez-Pablos, quien le hizo ver que, entonces, para ella el protocolo era más importante que los principios, la ya complicada candidata relativizó el beneficio concedido al dictador comentando que ³mis principios son siempre por encima de cualquier protocolo. Si las responsabilidades de Estado indican que él eventualmenteS uno tiene que presumir la inocencia..., eventualmente fuese liberado de causa (sic), cosa que es bastante difícil, la hipótesis que usted plantea de tener un funeral con los términos que usted indica, dado como se están dando las cosas es prácticamente inviable².
En cambio, y sin que se lo preguntaran, Alvear no dudó en pedir tiempo para justificar la vergonzosa condena a Cuba en la ONU que ella patrocinó en los últimos años desde la Cancillería, argumentando que ³hay dos principios en nuestra política interna y en nuestra política exterior que deben estar siempre presentes. Ellos son el respeto siempre de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y la búsqueda de la democracia².
Más escueta, aunque específicamente requerida sobre el eventual voto suyo respecto de La Habana, Bachelet jugó a la ambigüedad cómplice, planteando que ³si yo soy Presidenta voy a evaluar la situación, porque aquí no hay una respuesta blanco y negro, abstracta, ahistórica. En el momento determinado se valorarán los antecedentes y se definen y, por lo tanto, si hay violaciones podré tomar una decisión; por eso mismo, esa misma actitud voy a tener con todos los países del mundo, desde Mónaco hasta Estados Unidos².
Con diplomacia, pues, la abanderada socialista indicó que seguiría aplicando la fórmula Frei-Lagos de condenar a Cuba casi siempre.
Fuente: El Siglo (Chile)