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Uruguay: Por acción o por omisión todos y cada uno son responsables
(Reflexiones sobre el tema militar)
Andrés Capelán
Comcosur
En el día de ayer, la Comisión de Defensa Nacional del Senado
solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la ampliación de los antecedentes de
"dos o tres" oficiales de la Armada para los que el Poder Ejecutivo solicitó
venia para ascenderlos a Capitanes de Navío. Al parecer, existen algunas "dudas"
sobre su actuación en tiempos de dictadura.
El presidente de la comisión, el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, se negó
a dar los nombres de los marinos, y enfatizó que no se trata de un
"cuestionamiento" de los designados, sino de "un pedido de ampliación de
información". "No voy a hacer comentarios sobre la ampliación de información que
estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo porque nos hemos comprometido a mantener
la reserva a los efectos de no manosear el nombre de ningún oficial",
explicó el senador del Movimiento de Participación Popular.
Al ser preguntado sobre la designación del capitán de navío Ernesto Serrón como
integrante de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Fernández
Huidobro se manifestó desconocer la situación, ya que esa "fue una designación
directa que no necesita venia" y dijo desconocer "por completo el caso".
Serrón fue Jefe de la Inteligencia Naval hacia 1980, sustituyendo en el cargo al
capitán Juan Craigdallie. Los dos están denunciados como represores por el
marino Daniel Rey Piuma, quien ese año desertó de la marina y denunció
internacionalmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en el arma,
en la que fungía como perito dactiloscópico, fotógrafo, y falsificador de
documentos.
En 2003, el presidente Jorge Batlle designó a Craigdallie como agregado naval
adjunto en la embajada uruguaya en Buenos Aires, y delegado ante el Coordinador
del Area Marítima del Atlántico Sur (Camas), el organismo del Mercosur
responsable del control del tránsito marítimo en la región. Ello provocó una
dura protesta del gobierno de Néstor Kirchner, quien no aceptó la designación.
Ahora, el presidente Tabaré Vázquez designa a su sucesor en la dirección de
inteligencia naval como integrante del organismo binacional que regula lo
referente al río Uruguay, y el gobierno argentino ha pedido nuevamente
explicaciones, aunque mucho más discretamente que entonces.
Consultado por la prensa, Rey Piuma (quien vive en Holanda y está amenazado de
muerte por sus denunciados) confirmó la pasada semana que Serrón "estaba
vinculado a tareas directas de represión y de tortura". Explicó que "antes de
que entrara en la Dirección de Inteligencia de Prefectura, era Jefe del S2 de
Punta del Este; todos los S2 de todo el país, sea del Ejército, la Marina, la
Aviación, estaban encargados de tareas de represión, de detención y de torturas
de gente que estaba vinculada a la resistencia.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno uruguayo seguía insistiendo en que
no hay motivos para cambiar la designación de Serrón porque no existe ninguna
denuncia concreta contra él. Sin embargo, aún en el caso de que no hubiera
empuñado una picana eléctrica en su vida ni hubiera ordenado nunca torturar a
alguien: Serrón estaba ahí, Serrón sabía, Serrón escuchaba, Serrón veía, y nunca
dijo nada. Lo mismo se aplica a todos y cada uno de quienes integraron las
Fuerzas Armadas durante la dictadura: los que no violaron los derechos humanos
fueron cómplices de los que sí lo hicieron. Ninguno salió impoluto de la
barbarie porque el silencio también es delito.
Eso sólo debería bastar para que este gobierno respetuoso de los derechos
humanos evitara al menos designarlos en cargos de importancia. Sería también
lógico que no los continuara ascendiendo como si nada hubiera pasado salvo que
alguien les haya visto la cara mientras lo torturaban; y nadie podría criticar
al presidente Vázquez si decidiera "descabezar" los mandos como lo hizo el
presidente Kirchner no bien asumió el gobierno. Hasta ayer, estos militares que
vienen desde la época del oprobio podían extorsionar al gobierno y al pueblo
uruguayos con los cuerpos de los detenidos desaparecidos torturados por ellos
hasta la muerte (que escondieron durante 30 años como sangriento botín de
guerra). Ahora ya no hay excusas para hacer lo que se debe.