Latinoamérica

El presidente de Perú, Alejandro Toledo, anunció la puesta en marcha de un "plan de seguridad ciudadana" para contrarrestar las recientes movilizaciones campesinas contra empresas transnacionales mineras.
23 de agosto de 2005       Toledo afirmó que las protestas de las últimas semanas estuvieron motivadas por "razones políticas" y que no permitirá "interferencias a la inversión y a la generación de puestos de empleo".
Agregó que es necesario "poner mano dura al tema", y acusó a las organizaciones que participaron en las movilizaciones de impedir el desarrollo del país.
El Poder Ejecutivo presentó la semana pasada un proyecto de ley que prevé condenas de hasta seis años de prisión por portar objetos contundentes o bloquear rutas nacionales durante protestas.
Por su parte, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, principal impulsora de las movilizaciones, denunció la "constante persecución política" del gobierno peruano contra sus principales dirigentes.
Un comunicado emitido días atrás por la Confederación expresa que existe un plan nacional para "desestabilizar" a esa organización, y destaca que un fiscal provincial denunció a su presidente, Miguel Palacín Quispe, por considerarlo "autor intelectual" de las protestas.
"Nos llama la atención que el Ministerio Público actúe a favor de las empresas y no intervenga cuando se arremete contra los pueblos indígenas o se violan sus derechos", concluye el comunicado.
Las movilizaciones comenzaron este mes a raíz de un conflicto entre campesinos del departamento de Piura, al norte del país, y la empresa minera británica Majaz, a la que acusan de causar graves daños ambientales y perjudicar la agricultura.