Contribuye, igualmente al deterioro de la vigencia de los DD.HH. en el departamento los intereses de los EE.UU sobre el petróleo, no sólo con la entrega de 98 millones de dólares para la brigada XVIII, sino en el envío de "Fuerzas especiales que se encargarán de entrenar soldados colombianos en tácticas contrainsurgentes. Se trata de un programa propuesto por la administración Bush a comienzos de este año que busca dotar y entrenar a la brigada 17, con sede en Arauca, para defender en oleoducto Caño Limón-Coveñas, de los ataques de los grupos irregulares que operan en la zona"

Agrava aún más este panorama la total impunidad con la cual actúan los victimarios. A pesar de las denuncias públicas, entregadas a los organismos de control y judiciales, tanto a nivel regional como nacional y de las pruebas contundentes con que se acompañan, no existen condenas para sus autores intelectuales ni materiales.

Las Organizaciones Sociales, tras muchos años de lucha y reivindicaciones logran articularse un torno al PLAN ALTERNATIVO DE EQUILIBRIO REGIONAL, estudiado, diseñado y aprobado por las comunidades de acuerdo a las condiciones, costumbres y realidades de la región, de manera democrática, participativa y representativa de todas las expresiones sociales presentes den la región.

El movimiento social araucano, debido al gran acumulado organizativo, viene sufriendo una gran persecución y estigmatización, siendo señalados por el gobierno regional y nacional, de apoyar a la insurgencia armada.

El manejo sesgado de la información por parte de los mass media, favorece la criminalización de la protesta social, la generalizada militarización del departamento, la persecución judicial y acciones de exterminio en contra del movimiento social en su conjunto.
Durante la vigencia de las medidas de excepción y hasta la fecha, aún cuándo la corte declaró las "Zonas de Rehabilitación y Cosolidación" inconstitucionales, se esta persiguiendo a dirigentes cívicos, sindicales, campesinos, estudiantes, etc.

Desde noviembre pasado permanecen encarceladas 43 personas tras la detención arbitraria de más de 2000 personas en Saravena, los asesinatos a nombre de paramilitares, encubiertos por la fuerza pública han sido continuos, así como las amenazas y hostigamiento continuo a la población.

La última acción de la fuerza pública en su empeño de criminalizar al movimiento social araucano tuvo lugar el 21 de agosto de 2003, en el municipio de Saravena, cuando desde las cuatro de la mañana fueron realizados operativos combinados del DAS, CTI, Ejército Nacional y Fiscalía. El resultado: más de 31 personas detenidas-reconocidos líderes y dirigentes de organizaciones sociales y sindicales del departamento, de los cuales 18 han sido trasladados a Bogotá, y 13 a Arauca acusados de los delitos de Rebelión, Terrorismo y delitos conexos.
Resulta significativo que las personas detenidas comparten características similares, por cuanto todos ellos pertenecen a organizaciones sociales del departamento y se les reconoce como líderes en sus respectivos sectores. Además con anterioridad muchos de ellos habían sido requeridos o detenidos por autoridades militares o policiales y posteriormente dejados en libertad con explicaciones confusas. Es aún más significativo este hecho cuando actualmente son los sectores sociales y no gubernamentales de derechos humanos los más atacados por el gobierno nacional, debido a su papel crítico frente a los abusos autoritarios realizados bajo la ideología de la Seguridad Democrática.

También que estos operativos se desarrollen con posterioridad al anuncio del presidente de la República Dr. Álvaro Uribe Vélez a todos los altos mandos de las Fuerzas Militares, de obtener resultados en la lucha contrainsurgente.

Al igual que ocurran estas detenciones masivas contra dirigentes, en Arauca que es departamento estratégico para los fines del gobierno actual, al haber sido declarado con anterioridad "zona de rehabilitación", donde permanecen soldados norteamericanos (200) cuidando la estructura petrolera de la multinacional Oxy y construyendo una base militar norteamericana a la cual ambos gobiernos han destinado 98 millones de dólares cuyo objetivo principal es controlar más de cerca el proceso venezolano y garantizar el expolio de los recursos de esta región.

Y que casualidad que justo con semejante operativo que hay sobre la ciudad hoy 30 de Agosto de 2003, ha aparecido la ciudad (solo en el centro) llena de pintadas de los paramilitares, aterrorizando aun mas a la población civil, el proceso que se sigue aquí es el mismo que el resto del país y que las distintas organizaciones de toda la republica de Colombia vienen denunciando a la comunidad nacional e internacional que el terrorismo en Colombia es una estrategia de estado.