Latinoamérica

Héctor Zavala y Carlos López
Rebelión

Recientemente, según el diario español El País, la justicia internacional ha condenado en España al militar argentino A. Scilingo, a una pena de 640 años, por crímenes contra la humanidad, detenciones ilegales y torturas en virtud del proceso iniciado por el juez español Baltazar Garzón.
En los próximos meses, la justicia francesa dará curso a un juicio, sin su presencia, al dictador Pinochet con probable condena por la desaparición de cinco ciudadanos franceses en Chile.
La justicia chilena, paradojalmente, había decidido por intermedio de la Corte Suprema, cerrar todos los procesos por violaciones de Derechos Humanos, fijándoles un plazo perentorio de seis meses que expiraba el 25 de julio pasado. (Por su parte, el gobierno apoyó esta iniciativa enviando al Congreso una Ley de Empalme, que perseguía el mismo objetivo). Esta decisión, debido a presiones de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, por el momento fue suspendida pero no anulada.
La inquietud producida por esta decisión y por toda una serie de resoluciones contradictorias en este terreno es grande. Recientemente el Estado chileno reconoció que la tortura y la prisión política existieron durante los años negros de la dictadura militar. La Comisión de Detención y Tortura (Valech) creada por decreto gubernamental, habla precisamente de ello en un informe que fue dado a conocer en Chile a fines del año pasado y al mismo tiempo publicitado en el extranjero por el propio Presidente Lagos. Si bien algunos elementos del trabajo de esta Comisión han sido valorados positivamente, lo primordial del Informe, los 35000 testimonios directos donde se describen las torturas y sus autores, pasaron a los archivos secretos por 50 años.
O sea, en vez de ir a lo esencial: juzgar y sancionar a los autores de estos crímenes y ahora que éstos estaban identificados, se termina protegiéndolos de una manera vergonzosa con la Ley 19992, recientemente promulgada.

LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE LA DICTADURA
El 17 de septiembre de 1973, sólo seis días después del golpe de Estado, el Poder Judicial fue la primera institución del país que se apresuró en legitimar el gobierno impuesto a sangre y fuego por los militares; así como las medidas decretadas por éstos: cierre del Congreso, estado de sitio permanente, decretos ilegítimos, etc. Este Poder fue el único de los tres Poderes del Estado que continuó existiendo sin que fuera intervenido ni disuelto por los militares, lo que nos ahorra todo comentario. Enseguida, esta institution adoptó una vergonzosa actitud de sumisión y complacencia ante las graves violaciones de Derechos Humanos producidas como resultado de la feroz represión al movimiento social y a los partidos de izquierda.
Los informes establecidos por las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Detención y Tortura señalan, sin ambiguedades, que el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a estas violaciones, siendo este Poder el encargado de salvaguardar estos derechos, funciones establecidas por la Constitución y por la ley (artículo V del Código Civil).
Un ejemplo revelador de esta actitud, lo constituye el discurso pronunciado en Marzo de 1975, por el Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano: "...En cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar aquí que no existen paredones, ni cortinas de hierro y cualquiera afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria". Enseguida negó que existieran personas detenidas desaparecidas y finalmente respecto de la labor de las Cortes señaló: "La Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte Suprema por las apelaciones deducidas, han sido abrumadas en su trabajo con los numerosos recursos de amparo que se han interpuesto, so pretexto de las detenciones que ha decretado el poder ejecutivo. Eso ha traído perturbaciones en la administración de Justicia, quitando a los Tribunales Superiores, especialmente en Santiago, la oportunidad para ocuparse de asuntos urgentes de su competencia".
Los recursos de amparo (varias decenas de miles) fueron invariablemente rechazados y solamente a fines de la década de los años 80 excepcionalmente algunos de estos recursos fueron acogidos. Las arbitrarias sentencias de los tribunales militares en tiempo de guerra no fueron revisadas a causa de la interpretación que la Corte Suprema hizo del período inmediato al Golpe de Estado. El ejercicio de los tribunales militares sobre civiles predominó en el período dictatorial y lo grave, es que ello continúa hoy día : las largas condenas impuestas a los actuales presos políticos lo demuestran.

CONTEXTO 2003. "Los 30 años del golpe militar"
Para comprender la gravedad de la reciente actuación de este Poder es indispensable situar las cosas en su contexto:
a.- En el plano político la Unión Democrática Independiente (UDI), expresión más pinochetista de la Derecha chilena, se otorgó el lujo (en marzo 2003) de sobrepasar y desafiar al propio gobierno de la Concertación, al denunciar la trágica situación de miseria en que se encontraban los familiares de Detenidos Desaparecidos. El colmo del cinismo y del oportunismo político: pues al mismo tiempo que denuncian, ahora, la situación de "los olvidados" proponen con gran arrogancia mejorar la condición de estas familias aumentando el monto de las indemnizaciones. Pero la audacia, con mucho cálculo político, va aún más lejos al proponer una política de Derechos Humanos "más progresista" que la que practica la Concertación desde 1990. La UDI propuso hacer un listado general de todas las víctimas e indemnizarlas para, así, no hablar "nunca más" de este tema.
b.- En el plano militar y tomando el marco de celebraciones de los 30 años del golpe, las fuerzas armadas por intermedio del general Cheyre, jefe del ejército, hicieron una declaración pública en la que por primera vez reconocen que los uniformados chilenos habían violado los Derechos Humanos. Cheyre hace su mea-culpa, argumentando como causa la existencia del contexto de guerra fría que vivió nuestro país y el mundo. El sonoro y mediático "nunca más", naturalmente fue aplaudido por el gobierno, la clase política y la Iglesia. Pero esta frase tenía una condición: nunca más un nuevo 4 de septiembre de 1970, nunca más un nuevo Allende...En esta euforia colectiva, Cheyre se queja del frecuente desfile de militares (activos y retirados) ante los jueces que intentan procesos por violaciones de Derechos Humanos.
c.- Por el lado de la Iglesia chilena, el acento es puesto ahora en la reconciliación para mirar el futuro y cerrar las heridas.
d.- En este escenario donde se reconoció la existencia de detenidos desaparecidos, de la prisión política, de torturas, de exilio forzado, surgieron además mea-culpa de dirigentes políticos de la Concertación, situando en un mismo plano los partidos pinochetistas de la Derecha y los partidos de Izquierda de la Unidad Popular. La conclusión se resumía en la frase "todos culpables": en el fondo se estaba implementando un verdadero revisionismo de la historia. Una serie de proyectos fueron presentados al Gobierno para resolver la situación de Derechos Humanos. Ello se concretizó en la tramitación de un proyecto global en el Parlamento donde hasta hoy se encuentra estancado.
e.- En este mismo marco, el gobierno creó la Comisión de Detención Política y Tortura, donde no estuvieron representadas las víctimas y con un plazo reducido de trabajo para recoger los testimonios. El informe elaborado por esta Comisión también hace mención de la abdicación por parte del Poder Judicial de sus funciones durante este período.
Sin embargo, pese a esa toma de conciencia, casi general, respecto a las violaciones de Derechos Humanos el Poder Judicial se muestra sordo, mudo y no manifiesta ningún remordimiento.

LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE LA TRANSICION
En todas las ocasiones en que algunas instituciones del Estado han reconocido en parte sus responsabilidades en las violaciones de Derechos Humanos, la Corte Suprema ha claramente evitado hacerlo y sus voceros han entregado explicaciones que no están a la altura de la investidura que ellos representan. El hecho que el actual Presidente de esta Corte, Marcos Libedinsky, argumente que "en dictadura no es posible ejercer la justicia" constituye un mal precedente para las futuras generaciones, pues este tipo de actitud ha servido únicamente para consagrar la impunidad y fomentar la pasividad y resignación frente al miedo y terror heredados de la dictadura. No son éstos los valores de libertad, coraje, dignidad, solidaridad, integridad y honestidad que nos han legado nuestros antepasados.
Las resoluciones de los Tribunales, contradictorias en varias ocasiones, contrastan enormemente con los pasos dados en este sentido, aunque insuficientes, por otros Poderes del Estado. El balance de ello se puede sintetizar en el sobreseimiento de Pinochet en tres oportunidades: en los casos "Caravana de la Muerte" y "Plan Cóndor" argumentando "demencia senil" del dictador y en el rechazo del desafuero del dictador en el "Caso Prats" invocando "cosa juzgada". En concreto, Pinochet hasta aquí no ha sido juzgado, a pesar del compromiso que adquirió el Gobierno de la Concertación frente a la comunidad internacional que sería juzgado en Chile, cuando lo sustrajo a los tribunales ingleses.
La reducción de los plazos impuestos a los jueces especiales en el trabajo de Derechos Humanos, ya ha sido ejercida anteriormente por la Corte Suprema.
Otra resolución importante, fue la sanción impuesta recientemente al Juez Daniel Urrutia quien en un informe académico planteó que esta Corte debería hacer un mea culpa por las omisiones que cometió este Poder durante la dictadura. También impusieron una sanción disciplinaria a seis jueces de la Asociación Nacional de Magistrados, quienes criticaron la resolución de la Corte Suprema de fijar un plazo de seis meses para cerrar los procesos por violaciones de Derechos Humanos.
Gracias a las iniciativas de protesta realizadas, tanto a nivel nacional como internacional, la alta Corte fue obligada a SUSPENDER su decisión de fijar plazos a los procesos. La opción para suprimirla no contó con los votos necesarios para ello. Se pronunciaron en contra de este plazo perentorio: la Agrupación Nacional de Magistrados, la Fundación de Acción Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), las organizaciones de Derechos humanos en Chile, Amnesty International y Human Rights Watch, así como, la Democacia Cristiana (partido de la actual coalición gobernante). Al mismo tiempo las causas fueron reafectadas, de tal manera, que se teme que este reajuste contribuya igualmente el cierre de ellas. Además, la Corte Suprema no aceptó la petición de aumentar la designación de jueces especiales y exclusivos que habían hecho las organizaciones de Derechos Humanos.
Concerniendo la Reforma Procesal Penal en curso, es necesario destacar las resoluciones contradictorias emanadas de los juicios contra los comuneros mapuches acusados de infracciones a las "leyes especiales" creadas por la dictadura. Ello está generando un serio descrédito en la implementación de esta reforma.
Un cuestionamiento al Estado de Derecho acaba de surgir luego del rechazo, por el Gobierno de Suiza y la Corte Federal de Buenos Aires en Argentina, de las demandas chilenas de extradición de los resistentes Patricio Ortiz y Sergio Apablaza. Este rechazo está basado en la inexistencia de las condiciones para un debido proceso en Chile.

JUEZ GUZMAN. SU RETIRO
Hace algunas semanas el Juez Guzmán renunció al Poder judicial. Su partida era ya una crónica anunciada pero ésta no era esperada tan pronto, sobre todo porque él concentraba una gran cantidad de procesos, contra militares responsables de violaciones de Derechos Humanos, que aún estaban en estado de trámite y sin fallos condenatorios.
Si bien es cierto, que este juez después de haber sido designado, por sorteo, para tratar las querellas contra el dictador, lo procesa e inicia la búsqueda de restos de Detenidos desaparecidos, termina su carrera profesional sin haber concluido su trabajo. El dictador Pinochet, aún no es condenado y en ninguno de sus 4 procesos emblemáticos Guzmán emitió fallo condenatorio, porque según sus propias declaraciones "yo no me siento en condición de ir al término de la condena. Para más imparcialidad, me parece preferible que sea otro magistrado que pronuncie la sentencia".
La partida del magistrado, lamentablemente, permitió que los procesos que tenía a su cargo fueran destinados a otro juez (Víctor Montiglio) conocido por su posición de rechazo a los desafueros de Pinochet y por ser adepto a la aplicación de la ley de amnistía favoreciendo a los militares. Este juez acaba de aplicarla, recientemente, absolviendo a la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) de las condenas que habían recibido por el secuestro de Diana Arón. Esto constituye un nuevo duro golpe a las víctimas y a quienes están luchando contra la impunidad.
Hoy el ex-juez Guzmán aparece para algunos como el juez que hizo caer a Pinochet. Creemos que se está cometiendo un serio error cronológico y una deformación de la Historia. Para quienes luchamos contra la impunidad, estimamos que los verdaderos responsables de la caída de Pinochet son el juez Garzón, el abogado Joan Garcés y la Unión Progresista de Fiscales de España. Los Familiares de Detenidos Desaparecidos y las víctimas en exilio en Europa, quienes presentaron las querellas contra Pinochet en el año 1996, lo que permitió más tarde la arrestación del dictador en Londres.
Los jueces que integraron la Corte Suprema en el período de las graves violaciones de Derechos Humanos fueron designados por los militares. Raras fueron las excepciones de aquellos que tuvieron una voz discordante frente a los atropellos cometidos por los militares y sus aliados civiles. Algunos fueron sancionados y por ende sus carreras profesionales interrumpidas. Hoy día es necesario ponerlos en el pedestal que se merecen y demostrarles el reconocimiento del país por sus actitudes dignas y valerosas en esos días sombríos: hablamos del Juez René García Villegas, Carlos Cerda y José Cánovas.
Los otros jueces, por largos años se obstinaron en negar la protección de los Derechos Humanos. Durante un largo período incluido el actual de la "transición", se eternizaron en sus puestos. Hoy, es el ex-juez Juan Guzmán quien calificó a tres magistrados de "fundamentalistas": Hernán Alvarez, Ricardo Gálvez y Jorge Rodríguez, señalándolos como quienes han influido en el hecho que la Corte Suprema no asuma su responsabilidad en el rol jugado durante la dictadura.

CONCLUSIÓN
Han pasado más de treinta años del golpe militar y con sus actuaciones la Justicia chilena se empecina en marginarse de la evolución de la sociedad y de los avances de la justicia internacional en el contexto actual.
Al parecer todo debe venir del exterior para que la justicia chilena acepte intervenir. Es la detención de Pinochet en Londres lo que permite procesarlo posteriormente en Chile. Es el descubrimiento de cuentas secretas del dictador en el Banco norteamericano Riggs lo que obliga, a la justicia chilena y otros estamentos del Estado, a iniciarle un proceso por fraude financiero.
En general, la impunidad que cubre las violaciones de Derechos Humanos en el país continúa y se refuerza. La ley de auto-amnistía de los militares está todavía vigente y los testimonios entregados por los ex-prisioneros políticos son archivados por ley durante 50 años, caso único en el mundo de la intervención del Estado para legitimar en un grado mayor la impunidad. Sin embargo, a pesar de este contexto adverso, las organizaciones de Derechos Humanos, los abogados y las víctimas continúan sus iniciativas para terminar con la impunidad. Prueba de ello, son las recientes movilizaciones en torno a las demandas de un nuevo plazo para recoger las declaraciones de ex-prisioneros, al reconocimiento de los prisioneros menores de edad de la dictadura y a la denuncia del silencio impuesto a nuestros testimonios.
Las recientes resoluciones de la Justicia contribuyen igualmente a este fin. El cuarto intento de desafuero al dictador será examinado por la Corte Suprema, con un resultado incierto vista la resolución de sobreseimiento del año 2002. Las peticiones de desafuero a los personeros civiles de la dictadura han sido rechazadas señalando el camino que tomarán las otras peticiones que vendrán. Recientemente, el 4 de agosto, la Corte Suprema determinó aplicar la prescripción en un caso de secuestro calificado y no reconoció la vigencia de los Convenios de Ginebra durante los primeros años de la dictadura, contradiciendo así una de sus propias resoluciones pronunciada anteriormente en un caso similar. Este tipo de sentencias, que cambian según la sala o la composición de ésta o según la Corte, está creando una peligrosa situación donde finalmente no hay ley, lo que señala la urgente necesidad de una norma general que sea válida para todos los casos.
El pacto político de los militares y civiles del primer gobierno de la Concertación se mantiene en pie y aparte de prolongar la interminable transición, impide de hecho la resolución de los problemas de Derechos Humanos. Ante esta situación de denegación de justicia el recurso a los Tribunales internacionales se hace necesario.
Esta obstinación chilena en negar la realidad, la verdad y la justicia contrasta con los avances en la lucha contra la impunidad en otros países, como es el caso de Argentina donde la voluntad política llevó a la Corte Suprema a ratificar la abolición de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia debida" y el caso de España en que se procesa y condena a criminales argentinos por sus exacciones cometidas tres décadas atrás.
Fue en París, en 1789, que los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional reconocieron y declararon por primera vez los Derechos del Hombre como derechos naturales, inalienables y sagrados. Estos continúan a ser reconocidos como tales, hoy día y ello está claramente demostrado por las palabras del Presidente francés Jacques Chirac en su discurso en la Plaza de los Derechos Humanos en París el 24 de abril pasado, en la conmemoración del Holocausto del pueblo judío : "En el umbral de este nuevo milenario y para que la Historia no se repita, la Comunidad Internacional tiene el deber de velar por el respeto de los Derechos Humanos y de los valores universales. En cualquier parte del mundo, los autores de crímenes contra la humanidad deben saber que serán perseguidos, juzgados y condenados sin descanso".
El Estado chileno no puede seguir ignorando la importancia que los Derechos Humanos adquieren hoy día; así como, los pasos para juzgar y condenar los responsables de violaciones de estos Derechos. Chile no puede seguir siendo el paraíso de impunidad para aquellos criminales que el presidente Chirac hace mención. Es imperativo, entonces, que el Estado chileno firme y respete todos los convenios internacionales que protegen la sociedad y los individuos de las tentativas de violación de sus Derechos fundamentales.
Héctor Zavala - Carlos López
Ex-prisioneros políticos de la dictadura militar
París, agosto de 2005