Monopolio farmacéutico en Chile

Publicado en Punto Final

• Cuando Pinochet implantó el modelo neoliberal había 2 mil farmacias independientes y al término de la dictadura quedaban 1.660. Hoy quedan sólo 500, de las cuales 300 están quebradas, porque deben más de lo que tienen.

A pasos de la estación del Metro Las Rejas, en la vereda sur de la Alameda, se encuentra la Farmacia Pudahuel. Es mediodía y existe bastante movimiento en el pequeño local. Los cuatro dependientes atienden al público con una familiaridad fuera de lo común. Existe una relación que trasciende el vínculo comercial: la farmacia abrió sus puertas hace 35 años y varias generaciones de vecinos han sido atendidas allí. Es la última botica del barrio, que libra un desigual combate contra el monopolio de las grandes cadenas farmacéuticas, que controlan el 96 por ciento del mercado nacional. Herida de muerte, como las demás farmacias independientes, que aún sobreviven en el país, se niega a cerrar sus puertas y a desaparecer.

"Si todavía existimos, es gracias a la lealtad de nuestros vecinos", señala Raúl Álvarez Vásquez, dueño de Farmacia Pudahuel y presidente de la Unión de Dueños de Farmacias de Chile (Unfach). "La gente reconoce y agradece la honestidad con que siempre hemos trabajado". Recuerda que en el período de la Unidad Popular, a diferencia de otros comerciantes, nunca especularon ni cobraron más por los medicamentos que escaseaban. "Hoy esos vecinos prefieren comprar en nuestro local y no en la Salco Brandt que instalaron al frente, que además vende más caro", asegura.

No obstante, la situación es muy difícil para un gremio que entró en crisis en plena dictadura militar. La aplicación del modelo neoliberal significó el comienzo del fin para las farmacias independientes y el nacimiento de los primeros consorcios del rubro. Pese a que en Unfach, se opusieron tenazmente a este proceso, según cuenta Raúl Álvarez, no pudieron evitar que desaparecieran 340 boticas en dictadura. Sin embargo, nunca imaginaron que lo peor vendría en democracia. "Entre 1990 y 2005, desaparecieron 1.160 farmacias independientes y 300 se encuentran en quiebra", denuncia.

La desilución es grande, pero asegura que no bajarán los brazos. Como otros pequeños productores del país, que han enfrentado la misma situación lucharán hasta el final. "Lo que está en juego es nuestro derecho a trabajar y en lo personal no estoy dispuesto a cerrar mi farmacia. No puedo dejar en la calle a las personas que trabajan conmigo hace tantos años", sentencia Raúl Álvarez, quien además es fotógrafo profesional, pintor y poeta.

"Antes de 1924, cuando irrumpe la industria, el Químico farmacéutico era una especie de altar de la salud, un confesionario del pueblo. La gente le transmitía sus dolencias: era el médico de cabecera que ejecutaba la medicina de ‘choque’. La relación entre el médico y el farmacéutico era muy estrecha. El primero prescribía y el segundo producía el medicamento, en la misma farmacia. La fabricación del medicamento era una ciencia y un arte, que dominaba el farmacéutico. En aquellos años, las autoridades del pueblo eran el alcalde, el boticario, el cura y el policía".

"Le arrebató su quehacer y comenzó la fabricación masiva de medicamentos. Se incorporaron al proceso productivo una mayor investigación científica, nuevas formas farmacéuticas y controles de calidad estrictos. Las farmacias no estaban en condiciones de ser industrias y cumplir con los requisitos de calidad que cada día son más exigentes. Con ello, se desperfiló la profesión y hoy el químico farmacéutico es sólo un administrador. Perdió su calidad de médico de barrio".

"Cuando Pinochet comenzó a implementar el modelo de economía social de mercado, la farmacia era un negocio muy protegido por el estado. La denominada Ley de Circuito, establecía que ninguna botica podía estar a menos de 400 metros de otra. Teníamos un horario rígido; un margen de comercialización; un listado de precios para vender al público; y un sistema de turnos obligatorios. Entre las dos de la tarde de los días sábados y el lunes en la mañana, sólo atendían las farmacias de turno. Durante la semana se cerraba a las 20:30 horas y continuaban atendiendo sólo las boticas de turno. No existía competencia entre los pares y como el mercado estaba distribuido en pocas manos, el negocio farmacéutico era un privilegio. Yo siempre he sostenido que un grupo de chilenos teníamos para nuestro uso una parte del territorio nacional, con carácter hereditario y para siempre. Yo podía vender el derecho a llave a alguien para que ocupara ese territorio de la república, llamado farmacia. Nuestros hijos y nietos tenían asegurado un porvenir".

"En .1974, se eliminó la Ley de Circuito. Ello significó total libertad para instalar farmacias, sin límites de distancia. En segundo término, se decretó la libertad de precio y horario libre. Las autoridades de la época plantearon que la farmacia debía estar al servicio del consumidor. Se nos exigió competir en eficiencia, calidad, servicio y en precio. En esa época yo presidía la Unfach y junto a los demás dirigentes, aceptamos el desafío de competir. Veíamos un cambio profundo en todos los ámbitos económicos y concluimos que era ilógico que el negocio farmacéutico fuera una isla. Sin embargo, pronto comenzaron a conformarse consorcios farmacéuticos. El primero fue el señor Farrú, propietario de una farmacia y 15 perfumerías. Con el fin de la Ley de Circuito, transformó las perfumerías en farmacias, totalizando 16. Con ello, aumentó su poder de compra y pudo presionar a los laboratorios para conseguir descuentos y plazos de pago especiales. A él se unieron otros, lo que provocó diferencias de precios de hasta un 600 por ciento por un mismo producto".

El fenómeno se debió a varias causas. La primera, fue la diferencia de precios que establecieron los laboratorios en la venta a los consorcios y a las farmacias independientes. Otro aspecto relevante, fueron los plazos de pago. En aquella época había una inflación importante y estos grupos al conseguir mayores facilidades de pago aprovechaban de comprar varias veces, antes de pagar la factura a precio antiguo. Conseguían mercadería barata y la vendían cara, aumentando su margen. En ese escenario, los farmacéuticos pequeños perdimos mucha clientela y constatamos que la economía social de libre mercado no estaba funcionando".

Estudiamos el Decreto 211 (Ley Antimonopolio) en sus artículos 1º y 2º, letra f, establece sanciones para ‘todo aquel que ejecute cualquier hecho, acto o conversión’ o ‘cualquier arbitrio que tienda a impedir, eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia, no importando que el hecho, acto o conversión sea o no, en sí, un acto ilícito’. Como claramente, ello no se cumplía, protestamos y denunciamos a los laboratorios. Los proveedores justificaron su accionar planteando que eran legítimos los descuentos por volumen. Nosotros reconocemos que no es lo mismo comprar 1 que 1.000. Sin embargo, la escala de volumen debe cumplir con ciertos requisitos básicos: tiene que ser justa, equitativa y razonable en términos de equidad. Esto significa que la estructura de esa escala debe cumplir la curva de Gauss (*): asegurar que el que recibe el máximo descuento, no deje fuera de mercado a quien absorbe la mínima rebaja. Otra exigencia fundamental, es que el precio debe ser informado a las partes interesadas por escrito, de tal manera que los pequeños podamos organizarnos para conformar un poder de compra mayor".

"Nunca hemos sabido cuál es el precio real de los medicamentos. Es información secreta y las pocas veces que ha sido publicada en alguna lista, ha contenido información absolutamente falsa. En plena dictadura denunciamos esta situación y se realizó un estudio que concluyó que los laboratorios no cumplían con ninguno de los requisitos de una sana economía social de mercado. Se impartieron instructivos y resoluciones para resolver el tema, pero finalmente no pasó nada. Llevamos 15 años de democracia y la situación ha empeorado".

"Tuvimos mucha esperanza que en democracia seríamos escuchados, que se respetaría la ley porque entraríamos en un estado de derecho. No obstante, la realidad fue muy distinta. Cuando Pinochet implantó el modelo había 2 mil farmacias independientes y al término de la dictadura quedaban 1.660. Hoy quedan sólo 500, de las cuales 300 están quebradas, porque deben más de lo que tienen. Las cifras son elocuentes, lo que comprueba que la Concertación no ha profundizado en justicia, transparencia y equidad. Por el contrario, no se han cumplido las leyes antimonopólicas como la 211, ni las resoluciones de la Comisión Nacional Antimonopolios. Tampoco han sido investigadas en profundidad las múltiples denuncias realizadas en estos años. En un país serio, donde el estado de derecho realmente se cumple, los dueños de los consorcios estarían presos, porque son delincuentes. Han delinquido y lo siguen haciendo en forma impune".

"Hace cuatro años atrás, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), denunció en su revista que los tres consorcios farmacéuticos Ahumada, Cruz Verde y Salco Brandt acuerdan los precios de los medicamentos. En Unfach, hicimos un estudio y llegamos a la misma conclusión. Como es algo muy grave, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Nacional Antimonopolio. Lamentablemente, han pasado casi cinco años y aún no tenemos resultados concretos. He denunciado el hecho al Presidente de la República, Ricardo Lagos, quien me derivó a hablar con el ministro de Economía, Jorge Rodríguez. Él dispuso la conformación de una comisión del ministerio para investigar el hecho, a cargo de la Sra. Silvia Riesco. Para mi sorpresa, en el segundo encuentro esta funcionaria me planteó que no tenía tiempo para trabajar en el tema. Lo grave, es que si los transgresores de la ley no son castigados, se está fomentando el delito".

"Hemos conversado con Germán Dástres, presidente de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña, Mediana y Micro Industria, Servicios, y Artesanado de Chile (Conupia); con Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista; y con Fernando Lihn, presidente de la Cámara Nacional del Comercio. He intentado comprometerlos en la defensa de las leyes de la república, pero nunca lo he logrado".

"Ellos viven de los grandes. Yo pregunto: ¿quién los financia? ¿quién les paga las convenciones? ¿cómo se desenvuelven? Hoy vivimos una crisis de los sindicatos, de las asociaciones gremiales y las cúpulas hacen lo que pueden y en esa lógica se van acomodando. Lo que ellos buscan son prebendas: que el Estado les de más plazo para pagar las deudas, préstamos blandos y eso no resuelve nuestro problema. Lo que necesitamos es vender y para eso se requieren clientes. El problema, es que los pequeños no podemos competir con el aparataje publicitario, la venta atada, a través de tarjetas y convenios a que recurren los grandes. Yo pienso que la solución es otra: el Estado debe velar porque realmente funcione la Comisión Antimonopolio. Y si no cuenta con personal, que lo haga a través de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Investigaciones. Se requiere investigar en forma acuciosa las facturas, las notas de crédito y de débito de los consorcios para configurar los delitos que se están cometiendo. Una vez probado el ilícito establecer un castigo ejemplar para los responsables. Otro aspecto importante, es la necesidad de atomizar el mercado y la única manera de hacerlo, es lograr que exista concurrencia, gente que quiera participar. Para ello, un requisito fundamental es que existan condiciones justas equitativas y razonables para competir".

"Exactamente. Si las tres principales cadenas farmacéuticas concentran el 96 por ciento de la propiedad, a qué condiciones justas podemos aspirar. Chile es el único país del mundo donde existe tamaña concentración. Donde además engañan con supuestos grandes descuentos de hasta un 30 por ciento. Yo pregunto: ¿cuál es el valor real de los medicamentos?". Estamos llegando a una dictadura económica donde 30 o 40 individuos se han apoderado del país. Luego vendrá una dictadura política, porque estos mismos individuos determinarán qué hacer en términos políticos".

"La primera comisión fue presidida por el diputado del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier y la segunda, actualmente en funciones, es encabezada por el socialista Fulvio Rossi. En ambos casos, los resultados han sido nulos. Le he escrito varias cartas al Sr. Rossi y no se ha dignado a contestarlas.

"No existe una voluntad política real para enfrentar y solucionar el problema. En el debate de las candidatas de la Concertación sólo escuché demagogia. Ninguna de ellas planteó que haría cumplir las leyes, y que enviaría a la cárcel a quienes las vulneran de manera impune. No pueden hacerlo, porque si lo hacen, ¿de dónde sacan el dinero para sus candidaturas? Ese es el drama en Chile: los grupos económicos tienen el control de la política y se está constituyendo una verdadera dictadura. La propia Constitución en su artículo 19 establece la libertad de ejercicio de las profesiones, oficios y el comercio. ¿Se cumple esta disposición con las farmacias? Claramente no, porque hay tres consorcios que coartan la libertad de trabajo de muchos farmacéuticos independientes, condenados a desaparecer".

"Hemos realizado innumerables denuncias ante el gobierno, la Fiscalía Nacional Económica y la Cámara de Diputados sin resultados. Como piensan que somos estúpidos, nos plantean que nos agrupemos en centrales de compra para aumentar nuestro volumen de adquisiciones. Rehuyen el tema de fondo: la transparencia de los precios de los medicamentos. Si bien, a raíz de nuestras denuncias salió el reciente Decreto 636, que establece la obligación de los laboratorios a publicar los precios, ofertas y descuentos en su página web, la medida es insuficiente. Lo relevante a investigar - y que la Comisión Antimonopolio no indaga - es la veracidad de los precios publicados. No obstante, voy a luchar hasta las últimas consecuencias para obligar a cualquier gobierno a respetar las leyes. Estoy dispuesto a acusar ante la Contraloría General de la República, de grave negligencia y de abandono de sus funciones a aquellos funcionarios públicos que reciben un sueldo de todos los chilenos y que no cumplen sus obligaciones. Llegaré incluso a las cortes internacionales con mi denuncia. Si no callé en dictadura, menos lo haré ahora.

Las tres cadenas farmacéuticas que controlan el 96 por ciento del mercado en Chile, son Farmacias Ahumada, Salco-Brandt y Cruz Verde.

La primera, es la mayor multinacional latinoamericana del rubro y logró utilidades por $ 3.729 millones en 2004. A través de sus operaciones en Chile, Perú, Brasil y México, atendió a 122 millones de clientes y distribuyó 302 millones de unidades de productos.

Los principales socios de Ahumada son Falabella, quien ingresó a la propiedad en 1999 con un 20% de la misma y el fondo especializado Latin Healthcare Fund.

Salco Brand nació de la fusión de las cadenas Salco y Brand a comienzos de 2000. Cuenta con 219 locales, 82 en Santiago y el resto en Provincias, además de de 12 locales en Perú. Su facturación en Chile asciende aproximadamente a US$ 200 millones anuales. Sus principales accionistas son las familias Colodro, Bitrán, Bortik. Weinstein y Selman.

Farmacias Cruz Verde ha tenido un crecimiento explosivo: en 1995 contaba con sólo 40 locales a nivel nacional y en 2005 tiene más de 370. Su propiedad está en manos de Socofar (Familia Harding). Actualmente disputa el segundo lugar del mercado con Salco-Brand, para lo cual adquirió la cadena Conosur, se asoció con Almacenes París, la Isapre Banmédica.