Poco duró el consenso que permitió adelantar elecciones generales y postergar la Asamblea Constituyente

Erick Fajardo Pozo
Rebelión

No hay acuerdo en el Congreso de Bolivia para definir la distribución de diputados por región, la fecha de posesión del nuevo gobierno o la duración del mandato del próximo presidente. Tres días de estériles deliberaciones y el adelantamiento de elecciones generales, promovido bajo la idílica imagen de ser la solución a la crisis nacional, empieza a lucir como un deforme contrahecho producto del cálculo político y por el que se suplantó a la Asamblea Constituyente.

Las adelantadas elecciones generales de diciembre en Bolivia, una estrategia de evasión al colapso del estado neoliberal que urdieron el imperio, el mercado, el clero y la media, se desdibujan a escasas tres semanas de su forzada aprobación en el Congreso y hacen evidente la urgencia de la refundación de la república que debió darse en el marco de la Asamblea Constituyente pero que el MAS, el MNR y el MIR – los tres partidos con más presencia en el parlamento –, pospusieron para priorizar una contienda electoral de la que cada cual pretende cosechar resultados pero que no ofrece perspectiva alguna de revertir la crisis estructural del país.
El cálculo político consume a los gestores de una salida electoral con sabor a acción evasiva antes que a solución de las demandas populares. La misma sed de poder que el pasado 4 de julio embriagó en una inédita alianza a la izquierda y la derecha nominales de éste país, disolvió esa efímera sociedad tripartita MAS-MIR-MNR distanciando a sus gestores y dilatando el avance del proceso eleccionario en el Parlamento. Hace menos de un mes todos acordaron votar por la modificación de la Constitución Política del Estado para adelantar comicios y hoy no logran un consenso mínimo que permita concretar esas elecciones.
Pero mientras los autores materiales de la evasiva electoral pugnan, los autores intelectuales de esa inconstitucional perpetración miran con preocupación cómo el artefacto que les permitió postergar el inminente proceso de refundación de Bolivia se desmorona por su propia fragilidad y cómo la – para ellos – amenaza de la Constituyente se reposiciona en la expectativa ciudadana. Porque en los hechos la sostenibilidad en el poder de la histórica oligarquía-agente de los poderes ultra nacionales depende de la legitimidad de estos precipitados comicios; pero ni toda la propaganda de los oligopolios mediáticos, ni todo el financiamiento del capital transnacional y ni aún todos los padrenuestros de monseñor Edmundo Abasto Flor pueden ya sustentar su legitimidad cuando los agentes ejecutores de su estrategia – la triada de partidos que aprobaron su realización – discrepan desde ya sobre cuotas de poder regionales, duración del mandato del nuevo gobierno y cuando ni siquiera han sido capaces de conciliar la fecha de posesión del nuevo Presidente.
Sólo hay alguien que mira el precario e inestable panorama electoral en Bolivia con mayor preocupación que los omnipresentes poderes mundiales y es precisamente el campeón local del credo neoliberal Jorge Quiroga Ramírez. Mientras el arsenal de medidas extremas de la Embajada se agota, se incrementa la inquietud de "Tuto" Quiroga por la patente amenaza de la dispersión del voto y por el agresivo acecho del abstencionismo, que se estima será más grande que nunca por el descrédito que vierten las mezquinas pugnas de los operadores del stablishment sobre la imagen de la compulsa electoral presidencial de diciembre. A esto debe añadirse que, en una votación paralela a la presidencial se constituirán los primeros gobiernos departamentales independientes del poder central; evento que también inquieta a Tuto que tiene muchas menos posibilidades de alcanzar en cada región porcentajes de votación tan buenos como la que se presume alcanzarán sus prefectos electos.
Por todo esto, las posibilidades de que estas elecciones gesten una solución a la crisis nacional son menores que la posibilidad de que engendren a un Presidente carente de fuerza y legitimidad; dos cosas que Quiroga demanda desesperadamente para cumplir sus metas manifiestas de a) revertir el proceso de recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, b) conjurar la realización de la Asamblea Constituyente, c) reafirmar la hegemonía religiosa católica que defiende la actual Constitución Política del Estado y d) reestablecer, a título de "garantías jurídicas", los términos de explotación y expropiación de nuestros recursos que estaban vigentes hasta el gobierno de Sánchez de Lozada. Esos son los compromisos fundamentales con el imperio, el mercado, el clero y la media que la llegada al poder de Quiroga le impondría cumplir al país.
El escenario de las apuestas políticas y el escenario de las soluciones estructurales a la crisis boliviana son mutuamente excluyentes. Uno depende de unas elecciones generales que tratarán de reeditar el estado centralista prolongando la agonía de la primera república y el otro depende de la consolidación de poderes regionales que rompan el monopolio político de las oligarquías centrífugas y que garanticen la fundación de la segunda república en el marco de la Asamblea Constituyente. Tuto y los cuatro poderes ultra-nacionales le han apostado todo a la reedición electoral del modelo; Bolivia no ha dado aún su última palabra y no la pronunciará en diciembre en las ánforas, como ansiosamente demanda la pléyade neoliberal, sino en las calles el primero de julio de 2006, cuando el nuevo Presidente – independientemente de quién consiga serlo – pretenda evadirse de instalar a la Constituyente.