El Departamento de Estado pretende dar orientaciones a los tribunales de Venezuela

 inSurGente.

 Súmate es la organización de la "sociedad civil" que promovió en Venezuela diversos intentos de fraude y manipulación electoral durante las recogidas de firmas -firmazos y reafirmazos- anteriores al referéndum revocatorio que finalmente ganó, de manera aplastante y absolutamente limpia -según todos los observadores internacionales-, el presidente Hugo Chávez. Diversos documentos publicados más tarde, que tenían como fuente el propio gobierno de los EEUU, demostraron sin lugar a dudas que "Súmate" estaba recibiendo sustanciosos fondos de la National Endowment for Democracy (NED), un instrumento de intervención de Washington en América Latina...
              Horas antes de la última reunión de la OEA en Florida, en la que el gobierno de Bush volvió a atacar a Venezuela, el presidente norteamericano se reunió en la Casa Blanca, de manera provocadora, con María Corina Machado portavoz de la "organización independiente". Ahora Washington sale en defensa de sus peones, los dirigentes de Súmate procesados por tribunales venezolanos.
             La Secretaría de Estado -los dominios de Condoleezza Rice-, por boca de Tom Casey, portavoz adjunto del departamento de Estado, ha expresado su disgusto por el procesamiento -por parte de los tribunales venezolanos competentes, no por el poder ejecutivo-, de la tal María Corina Machado y de Alejandro Plaz otro de los portavoces Súmate.
             En la versión de Casey la mencionada organización de la "sociedad civil venezolana" se dedica a la función altruista de "fortalecer la participación ciudadana en el proceso constitucional democrático de su país''. El procesamiento es, por tanto, "parte de una campaña del gobierno de Hugo Chávez para amedrentar a la oposición, diseñada para intimidar a miembros de la sociedad civil y para impedirles ejercer sus derechos democráticos''.
             El funcionario de Condoleezza no se priva de criticar el funcionamiento y la "falta de imparcialidad" de los tribunales venezolanos: "los cargos del gobierno venezolano carecen de méritos y fundamento''.
Méritos y fundamento que sí tenía la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela cuando absolvió a los militares involucrados en el golpe de Estado fracasado de 11 de abril de 2002. La escandalosa sentencia que declaraba la inexistencia de todo un proceso golpista enormemente documentado, no fue criticado entonces ni por Rice -miembro entonces del Consejo de Seguridad Nacional- ni su antecesor Colin Powell.
             Casey sostuvo en la rueda de prensa que "el gobierno de George W. Bush está 'seriamente preocupado" por el caso que también es tema "tema de discusión con otros países latinoamericanos". ''Las actividades en las que estaban involucrados (los líderes de Súmate) tenían como objetivo fortalecer la participación ciudadana en el proceso constitucional democrático de su país'', dijo Casey. ''Súmate es una organización civil respetada internacionalmente. Está comprometida con la promoción de procesos electorales libres y justos y con el respeto a los derechos básicos''.
             La fiscalía -sigue la intervención del portavoz adjunto- acusó a los dos directivos de Súmate de conspiración, por haber recibido 53.400 dólares del National Endowment for Democracy (NED): "una institución privada bipartidista que apoya a grupos prodemocráticos en todo el mundo con fondos del Congreso estadounidense".
             La fiscalía entiende sin embargo, mostrando pruebas de los pagos, que los fondos fueron utilizados para desestabilizar al gobierno democrático de Chávez, apoyando a los grupos golpistas venezolanos.
             Llama la atención, en todo este juego del Departamento de Estado, la absoluta identidad del proceso de intervención con los juicios de la llamada "disidencia" -también "sociedad civil"- en Cuba.