Latinoamérica

  Estábamos en una sesión de Diputados la tarde del  martes 17 de junio de 1988 cuando Germán Medina,  entonces parlamentario por Ayacucho, informó a un  pequeño grupo de integrantes de la Comisión de  Derechos Humanos de la Cámara que había  recibido una llamada telefónica del alcalde de  Huamanga Fermín Azparrent denunciando una  matanza ocurrida poco antes  en Cayara, un poblado  perdido en la serranía ayacuchana. Como la  información carecía de datos precisos, optamos en  ese instante por no proporcionar la versión a la  prensa. Queríamos confirmar hechos, antes de  denunciar lo que ya se perfilaba como una cruel  matanza similar a las ocurridas en el periodo en  distintos lugares del país.
  Cuando al día siguiente tuvimos elementos más  concretos, expusimos el caso ante algunos medios y  optamos por partir rumbo a Huamanga para viajar  luego a Cayara.
  Esa fue ciertamente una de las experiencias más  dramáticas de nuestra gestión parlamentaria bajo el  gobierno de Alan García Pérez. Apenas arribamos a  Huamanga iniciamos indagaciones y concretamos  informes preocupantes. Las autoridades del Cuartel  "Los Cabitos" se negaron a proporcionarnos versión  alguna,  pero en las miradas sombrías y en el  rechazo sordo de los oficiales leímos lo que  debíamos saber: en efecto, habían ocurrido a 150  kilómetros de Huamanga los hechos que nos  trajeron de la capital.
  Partimos entonces rumbo a la zona afectada, en la  tolva de un pequeño y viejo camión azul,  acompañados por modestos campesinos -hombres  y mujeres- que presumiblemente ni nos conocían. A  las cuatro de la tarde del viernes 20, con intensa  lluvia, salimos rumbo a Cangallo y tomamos los  escarpados atajos por los que se desplazó con  enorme dificultad el vehículo que nos transportaba.  Casi en silencio, íbamos, en efecto Yehude Simon,  Jorge Tincopa, Arístides Valer, Jorge Medina y  quien escribe estas líneas, con el propósito de llegar  a Cayara y verificar los hechos de los que teníamos  referencia casi confirmada. En la cabina del camión,  viajaba con nosotros el Fiscal Carlos Escobar  Pineda, del Ministerio Público, y Javier Diez  Canseco, el único el senador que nos acompañó en  la ruta.
  En seis horas cubrimos la ruta que  separa  Huamanga de Cangallo. Alrededor de las diez de la  noche arribamos a esa ciudad donde fuimos  recibidos con una infernal balacera.  Como ella  resonaba en la oscuridad de la noche, pero no nos  afectaba directamente, llegamos hasta el ingreso de  la población, donde fuimos interceptados por una  patrulla militar que pretendió impedir nuestra visita.  El oficial al mando de la tropa nos aseguró que  estábamos "rodeados por senderistas" y que  nuestra vida "corría peligro", que era mejor que no  continuáramos viaje. Optamos por pernoctar en  Cangallo y la clarear el sábado 20 salimos de allí  rumbo a Cayara por la ruta de Pampa Cangallo y  Huancapi. En tres ocasiones más fuimos retenidos  por patrullas militares que insistieron en impedir la  concreción de nuestro objetivo con las mismas  amenazas: nuestras vidas corrían serio peligro  porque Sendero "tenía el control de la región,". No  obstante, seguimos adelante hasta que a las 3 de la  tarde del sábado 20, estuvimos en el acceso a  Cayara. Allí vencimos la última resistencia militar - una fila de doce soldados que bloqueaban nuestro  camino- e ingresamos hasta llegar a la Plaza del  poblado. En la tarde y en la noche el Fiscal Escobar  tomó prolija cuenta de los hechos y recogimos todos  la versión de lo ocurrido.
  Supimos entonces que nueve días antes, el viernes  13 de mayo, con motivo de celebrarse el Día de la  Virgen María, el pueblo estaba de fiesta. Hubo  música, baile, comida y licor en abundancia. Y gran  alegría. Nadie presagiaba que esa sería la última  fiesta del periodo y que la alegría desaparecería por  largo tiempo del rostro de la gente.
  Esa noche un convoy militar integrado por tres  vehículos viajaba de Erusco a Huancapi. Cuando las  unidades militares pasaban por la carretera en las  cercanías de Cayara, se oyeron explosiones y  disparos. El vehículo de comando alcanzó a pasar,  pero el segundo, en el que viajaba el capitán de  infantería José Arbulú Sime, fue impactado por  descargas que segaron la vida del oficial y tres  soldados. En pocos minutos se produjo una suerte  de zafarrancho de combate en la oscuridad de la  noche, pero en el camino sólo quedaron regados el  vehículo siniestrado y los cuerpos de las víctimas.  Nadie supo cómo fue el ataque ni quiénes lo  hicieron. Los soldados que sobrevivieron -viajaban  cuatro en cada vehículo- se comunicaron por radio  con sus superiores y reportaron lo ocurrido. Partió  de inmediato la orden de respuesta: Todas las  patrullas que operaban en la zona debían dirigirse a  Cayara. Así los destacamentos conocidos como  Lince, Otorongo, Zeta, Cobra, Leopardo, Pantera y  algunas más enfilaron hacia el poblado y llegaron a  él a las 9 de la mañana del sábado 14 para el inicio  de una brutal matanza. El General José Valdivia  Dueñas ordenó el operativo y lo jefacturó.
  Sólo al ingresar al pueblo los soldados mataron a  Anastasio Asto, el primero al que encontraron  regresando a su casa en estado de ebriedad.  Cuando llegaron al centro del poblado, sólo hallaron   mujeres. Por ser día de faena, los campesinos  habían bajado a la zona de Cceschua para el trabajo  de la tierra. Los soldados ingresaron al templo, y allí  vieron a cinco personas que estaban desmontando  el altar de la Virgen paseada la tarde anterior. Luego  de cerrar la Iglesia, los uniformados procedieron a  interrogar, torturar y finalmente matar a a quienes  habían encontrado allí. Desde fuera de la Iglesia, las  aterrorizadas mujeres alcanzaron a oír los gritos  desesperados de los campesinos que, apremiados  por sus captores, no alcanzaban a admitir la culpa  de hechos que decían desconocer.
  Después, los uniformados bajaron a la zona de  Ccechua, donde encontraron a los campesinos a los  que hicieron formar. Después de interrogarlos en  torno a los sucesos de la noche anterior y de  recepcionar respuestas negativas respecto a la  supuesta participación de vecinos de Cayara en  ellos, optaron por desnudarlos. Luego,  los obligaron  a tirarse al suelo boca abajo, les colocaron pencas  de tuna en la espalda, los pisaron y luego -en medio  de gritos y amenazas- los fueron matando con arma  blanca. Después continuaron otros crímenes hasta  dejar una estela siniestra: 32 muertos en las laderas  de Cayara.
  El domingo 22 de mayo, con los testimonios de los  sobrevivientes tomados con escrupulosa  responsabilidad por el Fiscal Escobar, optamos por  abandonar el poblado. Poco antes de partir supimos  que un helicóptero militar había llegado a la región:  el Presidente García, noticiado de nuestra presencia  en Cayara, había optado por arribar a la zona y  hacer sus propias indagaciones. Nosotros, entre  tanto,  retornamos prestamente a Lima luego de una  breve escala en Huamanga. Y esa noche, por  gentileza del programa televisado de César  Hildebrandt, tuve la ocasión de proporcionar al país  la versión personal y documentada de los hechos.
  Los sucesos de Cayara fueron luego confirmados  por la Comisión Verdad y Reconciliación, creada en  el año 2001, y hoy están para deslinde judicial en  tribunales ordinarios. La jueza Miluska Cano, por lo  pronto, exculpó de responsabilidades a Alan García  que interrogó a testigos, todos los que luego  aparecieron muertos, y  encubrió a los asesinos. En  el Congreso, una Comisión del senado absolvió a los  militares asegurando que habían sido víctimas de  una "incursión  senderista" y se habían visto  obligados a "repeler el ataque". Se supo después  que el informe de esos senadores encabezados por  el líder aprista Carlos Enrique Melgar, había sido  preparado en las oficinas del Servicio de Inteligencia  Nacional y visado por el Presidente García antes de  ser entregado a la Cámara para su aprobación.      Lo que ha ocurrido hoy por la decisión de la jueza  Cano ha sublevado la conciencia de quienes  conocen el tema. Diversos organismos  especializados y los campesinos de la zona han  demandado que se amplíe la investigación y que se  involucre en los delitos tanto a García, como a los  senadores que encubrieron los hechos. El propio  Fiscal Escobar, que debió salir del país para  proteger su vida en esa aciaga etapa, ha insistido en  la necesidad imperiosa de ese deslinde y ha  subrayado que, en efecto, incluso meses después  de los sucesos de Cayara, los testigos, uno a uno,  fueron siendo asesinados en la región y en otros  lugares del país. Para acreditarlo, ha proporcionado  a la justicia la identidad de las víctimas.
  Aunque los uniformados, el más importante de los  cuales es el general José Valdivia Dueñas, están  con orden de captura, se prevé que ocurra con él lo  mismo que con José Williams Zapata, y que,  finalmente, el caso quede sin sanción. Ahora, que  está de moda la impunidad, el hecho puede  repetirse. Es deber de la todos impedirlo.
  (*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera