Gustavo Espinoza m. (*)

"Ningún pueblo, como ninguna persona, puede esconder impunemente bajo la alfombra la basura de la memoria"
. Esta es una frase que pertenece a Eduardo Galeano, pero que bien podría suscribir el mundo. Inspira dos luchas que se complementan: la necesidad de tener en cuenta la historia, y la exigencia de una severa lucha contra la corrupción y la impunidad. La basura de la memoria engobla esos dos elementos en países como el nuestro, arrasados por diversos flagelos. La impunidad y la corrupción, sumados al narcotráfico y la violencia, se abaten hoy sobre indefensas poblaciones.
En el Perú, las fuerzas democráticas, progresistas y los sectores revolucionarios, tienen en común dos grandes banderas: el combate a la impunidad y la lucha contra la corrupción, expresiones ambas del modelo neo liberal impuesto al país por efecto de la alianza existente entre el Gran Capital, los organismos financieros internacionales y la derecha política. Por eso esas tres fuerzas -más el núcleo corrupto que lidera Alan García- asoman ante el pueblo como los responsables directos del colapso nacional. Todos los segmentos de la nacionalidad pueden, y deben, unirse en una batalla que no sólo sea por la liberación nacional sino también por la dignidad ciudadana.
Han pasado algunos días desde la movilización que convocara en Lima un sacerdote de liderazgo reconocido: Monseñor Luis Bambarén. El objetivo de la manifestación fue condenar desde la calle estas dos lacras que agobian a nuestra sociedad. Aunque la convocatoria permitió una movilización significativa, ella pudo haber sido mayor, y estar incluso mejor preparada. Vale la pena, entonces detenerse en los elementos a los que se alude en el titulo de este artículo.
La movilización del pasado 19 de julio en Lima y en otras ciudades del Perú ha desatado pánico en diversos sectores de la derecha tradicional. No todos han hablado con franqueza y revelado la esencia de sus preocupaciones, pero la mayoría de estos núcleos ha coincidido en atacar al sacerdote de la iniciativa buscando descalificarlo. Los más burdos, lo han acusado simplemente de comunista, y hasta de llevar la hoz y el martillo impregnaba en su anillo eclesiástico. La respuesta ha sido por cierto ingeniosa y certera: cuando digo que hay que ayudar a los pobres, me dicen cristiano y caritativo; cuando pregunto por qué hay pobres, me acusan de sedicioso y de comunista, dijo Bambarén. Y es verdad.
Los que lo atacan han buscado asegurar que actuó "a título personal", y no a nombre de la Iglesia. Una manera de deslindar campos para no comprometer a la jerarquía eclesiástica que ciertamente se ha visto rebasada. Juan Luis Cipriani, el Cardenal Primado -el "Papábile", como le llamara cierta prensa genuflexa a la muerte de Juan Pablo II- no pudo tomar en sus manos esa bandera por una razón muy simple: su gestión eclesial estuvo comprometida seriamente con los planes del fujimorismo y la guerra sucia. Carece por eso de prestigio y de poder de convocatoria. Y además de autoridad moral en la materia. Prefirió callar entonces, e hizo hablar a los que pudieron expresar opiniones que él hubiese aplaudido gozoso.
Desde otra óptica, la convocatoria a la protesta ciudadana pudo haber provenido de las instituciones civiles, sociales y políticas. Pero ello no ocurrió por la unánimemente reconocida debilidad y crisis de los partidos y de sus dirigentes, enfrascados en una lucha electoral en la que las perspectivas del pueblo son simplemente magras. La presencia en la concentración de las fuerzas de la izquierda y de diversos sectores sociales y sindicales, era, en ese marco, un deber inexcusable y respondió a la naturaleza misma del proceso peruano: es el pueblo el más interesado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Cristianos y marxistas, sí, se unieron porque están objetivamente identificados con una causa que es legítima, y nacional. No es un problema sólo de ideología. Es también un tema de conciencia el que está planteado.
La movilización sirvió además para deslindar los campos. Y demostró lo que es una verdad tan grande como un monumento: que las figuras más destacadas de la derecha y el APRA -Lourdes Flores y Alan García- están coludidas con la Mafia fujimorista y despiertan por eso instintivo rechazo de la población.
No hay que olvidar, en efecto, que expresiones definidas de la Mafia asomaron bajo el amparo del gobierno de Alan García y de la administración de Fujimori. Y que ambos encontraron en el ajuste neo liberal su mejor perfil económico y político, razón por la cual, contaron con el entusiasta respaldo de los grandes empresarios, la mayoría de los cuales son, además, corruptos. No debiera sorprender entonces que hoy salga uno de ellos - Julio Favre, dirigente de las instituciones patronales- a calificar de "payasada ridícula" la masiva protesta ciudadana del pasado 19 de julio. Y que en esa actitud se sume José Barba, un ex aprista y hoy líder de Unidad Nacional.
Una fortaleza de la lucha planteada es la que permite tener conciencia de su naturaleza, y crear las condiciones para que en torno a ella se sume la fuerza de todo el pueblo. Los intelectuales, la juventud, los trabajadores, los campesinos, las mujeres y, en general todas las fuerzas que luchan por una sociedad más justa, por un mundo mejor, tienen como común denominador la necesidad de deslindar con quienes hoy están nuevamente a la ofensiva. Ello obliga a politizar, en el buen sentido de la palabra, esto que constituye una verdadera exigencia nacional. Los peruanos queremos, en efecto, una sociedad más justa, pero también más democrática, y más participativa, que sea capaz de recoger el legado de nuestra historia y perfilar el sentido del futuro. Este, -el futuro- es incompatible con la voluntad de las Mafias y con su política de hambre y terror.
Y en eso radica también la debilidad de esta lucha. Debió impulsarse siempre, y no solamente ahora cuando la Mafia busca recuperar posiciones alentada por la precariedad del gobierno de Toledo, su incompetencia y su servilismo, que la ciudadanía bien repudia. Se ha concedido demasiado campo a la corrupción y se ha dejado abierto el terreno a la impunidad. Se sabe, en efecto, que pese a la extrema gravedad de los crímenes consumados contra el país a lo largo de los últimos veinte años, nadie ha sido condenado a más de 14 años de cárcel. Que sólo uno -un oscuro y anodino ex congresista Antonio Palomino, de quien hoy nadie se acuerda- fue sentenciado a 13 años de prisión; que de un total de 1,567 procesados, hay apenas 95 detenidos y 70 más con orden de comparecencia; y que sólo 39 personas han sido sentenciados por estos delitos; que los generales complicados en la guerra sucia están siendo tratados con guante de seda; y que los procesos por el tráfico de armas, los asesinatos del Grupo Colina, las actividad criminales del injustamente denominado "Comando Rodrigo Franco", los casos de Los Penales, La Cantuta, Barrios Altos y otros; están aún pendientes para efectos de la justicia.
La debilidad entonces, está planteada y hay que enfrentarla. Y eso, sólo será posible con un pueblo consciente, unido, y organizado. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.