Prensa Indígena/ Maria Angélica Ramos - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena al Estado paraguayo a reparar los perjuicios y daños a la comunidad indígena Yakye Axa y a pagar las costas del juicio, en un hecho inédito en casos indígenas.  
Con esta sentencia suman tres los casos paraguayos enviados a la Corte Interamericana y que obtuvieron eco favorable. Los dos anteriores fueron el de violación de los derechos humanos de los internos en la ex cárcel de menores "Panchito López" y de violación de la libertad de expresión contra el ingeniero Ricardo Canese.
 
Este había sido condenado por declarar en la prensa la vinculación del entonces candidato a presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, con el dictador Alfredo Stroessner y que bajo esta protección se había enriquecido.
 
La sentencia de la CIDH en el caso de los enxet decidió por siete votos contra uno que el Estado paraguayo violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la propiedad, consagrados en los artículos 8, 25 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los indígenas de Yakye Axa. También señaló que hubo violación del derecho a la vida.
 
Desde el año 1996 la comunidad indígena compuesta por 47 familias, está asentada a la altura del kilómetro 351 de la ruta Rafael Franco que une  Pozo Colorado con Concepción, en el Chaco, área que es parte de su territorio ancestral.
 
En su mayoría son personas que regresaron ese año con la intención de asentarse en las que siempre fueron sus tierras, luego de 10 años de haber sido trasladadas por la Iglesia Anglicana de su lugar de origen, a la colonia El Estribo.
 
La denuncia contra el Estado paraguayo hecha ante la CIDH fue por violación de los derechos indígenas en cuanto al acceso a la tierra, salud y educación. Los nativos exigen 18 mil hectáreas de sus ancestrales tierras que actualmente están registradas a nombre de tres firmas norteamericanas.
 
Líderes y testigos de los indígenas participaron los días 4 y 5 de marzo pasado de la audiencia convocada por la CIDH, en San José de Costa Rica, sede del máximo tribunal de las Américas. De la audiencia participaron además los antropólogos Esteban Kidd, Rodrigo Villagra y Bartomeu Melià, así como el médico Pablo Balmaceda, quienes fueron presentados como testigos de los denunciantes.
 
Otras disposiciones de la CIDH al Estado son: identificar el territorio tradicional de los indígenas y entregárselo de manera gratuita; crear un fondo destinado a la adquisición de las tierras; suministrar a los indígenas los bienes y servicios básicos para su subsistencia mientras se encuentren las tierras; implementar un programa y un fondo de desarrollo comunitario; adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para garantizar el goce del derecho a la propiedad de los miembros de la comunidad; realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad; publicar por lo menos una vez en el periódico oficial y en otro diario nacional la sentencia; y pagar las cantidades fijadas en la sentencia a los miembros de la comunidad, por concepto de daño material y costas y gastos.