Latinoamérica

Manuel Bermúdez    
IPS

   Entidades de derechos humanos y expertos alertan sobre el riesgo de que se acuerden medidas represivas supranacionales contra la delincuencia juvenil en la cumbre de América Central y México, que se inicia este miércoles en Tegucigalpa, Honduras.
- El combate a las "maras", las pandillas juveniles que constituyen el principal problema de delincuencia en la región, será tratado en forma prioritaria por autoridades de los siete países centroamericanos y México, si bien los contenidos de las reuniones de dos días son más amplios.
      La VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla-Gutiérrez discute este miércoles los alcances y avances del Plan Puebla-Panamá, un proyecto de integración física, que reúne a los países del istmo y México. Como invitado especial, asistirá el presidente colombiano Álvaro Uribe.
      Este jueves, en el marco de la XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los mandatarios analizarán los problemas de las maras, el tráfico ilegal de personas, el terrorismo y el narcotráfico. Estados Unidos estará representado en el encuentro por el subsecretario de Estado Dan Fisk.
      Organizaciones de la sociedad civil temen que los acuerdos supranacionales que podrían firmarse en la reunión atenten contra los derechos humanos de los jóvenes y favorezcan sistemas represivos.
      El canciller de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, sostuvo que se analizaría la creación de una fuerza supranacional de respuesta rápida contra el narcotráfico y el terrorismo, la instauración de una orden de captura de alcance regional y la creación del pasaporte y del visado únicos para América Central, entre otras iniciativas, aunque no se difundieron las propuestas que lleva cada país.
      El presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, afirmó en conferencia de prensa el martes que no firmaría ningún acuerdo de integración de un cuerpo supranacional dirigido por los estados mayores de las Fuerzas Armadas de la región, tanto porque este país no tiene ejército, como por no coincidir con ese tipo de medidas.
      En las reuniones preparatorias, cancilleres y ministros de defensa e interior reconocieron que el problema de las maras había escapado de las manos de las autoridades y alcanzado dimensiones internacionales, y aceptaron que los planes de "mano dura" y "súper mano dura" practicados en los últimos dos años por Honduras y El Salvador, respectivamente, no arrojaron los resultados esperados.
      El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, señaló que lo que se ha desatado en su país es una "limpieza social" que pretende la eliminación física de algunos miembros de las pandillas.
      En las últimas semanas ha habido decenas de muertes violentas, que las autoridades atribuyen a luchas entre pandillas.
      Se estima que las maras cuentan con más de 100.000 miembros en la región.
      Las medidas represivas tomadas hasta ahora fueron rechazadas por organizaciones de derechos humanos de la región y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues contravienen derechos de niños y jóvenes y, en muchos casos, infringen el ordenamiento jurídico nacional.
      El director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, Frank LaRue, indicó que su gobierno propone combatir el fenómeno de manera estructural, contemplando aspectos sociales y programas preventivos.
      Autoridades de la región han vinculado a las maras con el narcotráfico y el terrorismo internacional, y alegan que deben reprimirse con apoyo internacional.
      El interés de Estados Unidos se hizo palpable en semanas anteriores, cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) se reunieron con funcionarios de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador, para discutir una estrategia de combate al crimen organizado.
      Autoridades policiales salvadoreñas han insistido en que el problema debe inscribirse en la lucha antiterrorista internacional encabezada por Washington, y ya remiten como terroristas a algunos presuntos pandilleros, una medida polémica en el sistema jurídico de ese país pues es un cargo improcedente, según juristas.
      El analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Luis Guillermo Solís, dijo que América Central no necesita un ejército regional para combatir el terrorismo, ni soldados para detener al crimen organizado.
      Otros señalan que el interés de integrar mecanismos represivos puede vincularse con la fuerte oposición social que ha despertado en el istmo el Tratado de Libre Comercio de América Central y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), firmado por el gobierno de George W. Bush con sus pares de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
      El problema es que las maras se ven como un mal en sí mismas, que puede ser extirpado de la sociedad, cuando se trata de un síntoma que debe ser abordado desde sus orígenes tanto para combatirlo como para evitar que se extienda, afirman los especialistas.
      Más de la mitad de la población centroamericana es pobre. En las últimas tres décadas del siglo XX, la región padeció una serie de conflictos armados, el último de los cuales, en Guatemala, concluyó en 1996, tras 36 años de guerra civil.
      Lograda la paz, el istmo sufrió devastadores desastres naturales que agravaron los problemas sociales.
      Se distinguen dos grandes pandillas: la Mara Salvatrucha y la Mara 18.
Ambas se originaron en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, a fines de la década de 1980, en comunidades de inmigrantes latinoamericanos, y fueron lideradas por jóvenes salvadoreños.
      Desde entonces las pandillas se comportaron como un fenómeno social, pues cada vez aglutinaron a más integrantes y se extendieron posteriormente a América Central, cuando algunos de los delincuentes capturados en Estados Unidos fueron deportados a sus países de origen.
      Las acciones de estas pandillas afectan a algunas ciudades de Estados Unidos, así como a México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Sus actividades delictivas principales son el tráfico de emigrantes, el narcotráfico, los secuestros y otras formas de violencia.