Latinoamérica

Andrés Cabañas

La encuesta de Vox Latina sobre el grado de aceptación del gobierno de Oscar Berger revela una aguda decepción de la población. Después de 18 meses de gestión, las guatemaltecas y guatemaltecos consultadas ofrecen valoraciones rotundamente negativas en aspectos medulares de la gestión gubernamental.

Citamos: 64.2% de 1,200 encuestadas y encuestados entre el 2 y el 8 de julio de 2005 cree que las autoridades no hacen nada por disminuir la violencia contra las mujeres; 63,6% percibe que el gobierno no trabaja para disminuir la pobreza; 73.4% manifiesta que Guatemala ha retrocedido o sigue igual que en el gobierno de Alfonso Portillo; la mayoría afirma que el ejecutivo no se preocupa por los pobres (70.9%) y favorece a los ricos (69.8%). En fin, el 70.5% de encuestados considera que el gobierno de Oscar Berger no está cumpliendo lo que ofreció en la campaña política, y el 50.5% reprueba la gestión del ejecutivo. Sin matices ni palabras diplomáticas, los resultados de la encuesta dibujan una gestión corporativista, corrupta y/o cómplice, despreocupada y desinteresada de la gente y los pobres; en fin, fundamentada en el engaño e incumplimiento de las promesas.

Alerta
Los datos anteriores deben llamar a reflexión y rectificación al Ejecutivo, que quema etapas de desprestigio y abre espacio a la ingobernabilidad. Asimismo significan un aviso para la población y especialmente para el movimiento social, al recordarnos que carecíamos y carecemos de la alternativa programática y el instrumento político capaz de canalizar la frustración.

La energía social para el cambio
En Guatemala, salvando las distancias, se vive una situación similar a la de países de América Latina como Ecuador, Bolivia y Argentina. El descrédito de los partidos, de la política en general y la desigualdad social provocan insatisfacción, desgaste y cambios de gobierno que, sin embargo, no logran traducirse en transformaciones estructurales. Por el contrario, la repetición de idénticas políticas bajo diferentes siglas conduce a una espiral de pesimismo y desencanto.

El sociólogo argentino Atilio Borón afirma que en Latinoamérica existen sociedades "capaces de cambiar gobiernos, pero el reto es convertir esta energía social en opción de cambio, hoy inexistente. Hay que organizar lo desorganizado" .

La organización de lo desorganizado no es sencilla porque implica en primer lugar recomponer tejido y relaciones sociales dañadas por años de conflicto.

En segundo lugar supone remontar el terror que recurrentemente refuerza sus estímulos y convierte 2005 en uno de los años políticamente más violentos desde la firma de los acuerdos de paz. Según la Unidad Técnica de Defensores de Derechos Humanos, "hasta el 12 de mayo de 2005 se contabilizaron 65 ataques a defensores de derechos humanos, de los cuales 15 son allanamientos. De estos allanamientos, 8 se dieron entre el sábado 7 y el jueves 12 de mayo". Recientemente, se ha conocido el asesinato de Albarito Juárez, dirigente de la Alianza por la Vida y por la Paz y miembro del partido de izquierda Alianza Nueva Nación en San Benito, Petén (9 de julio) y las amenazas contra el director de CEIBA y miembro de Mesa Global, Mario Godínez (7 de julio).

En tercer lugar, la organización obliga a enfrentar un creciente autoritarismo político y social que no sólo impone un modelo de desarrollo excluyente, ejemplificado en la minería a cielo abierto, sino que deslegitima abiertamente la participación popular: en este sentido se rechazan los resultados de las consultas populares opuestas a la minería a cielo abierto en Sipakapa (departamento de San Marcos) y a la hidroeléctrica de Río Hondo (departamento de Zacapa) . El autoritarismo condiciona los logros de los Acuerdos de Paz y restringe el ejercicio democrático.

Por fin, organizar el desorden conlleva superar dos grandes debilidades de las organizaciones de izquierda. La primera, el escaso conocimiento de las fuerzas del oponente y nuestras propias fuerzas, fue señalada por Mario Payeras en su obra "Los fusiles de octubre", a propósito del movimiento revolucionario. Superar esta debilidad obliga a la reflexión, la autocrítica y el abandono de la complacencia para reconocer por ejemplo que existen hoy movimientos esperanzadores (Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular –MICSP-, Coordinadora Waqib´ Kej, la práctica totalidad del movimiento contra la minería, de forma individual o coaligada, el Consejo Regional de Pueblos Indígenas ) pero que detrás de proyectos formalmente nuevos pueden ocultarse tanto propuestas inéditas como maquillajes y huidas hacia adelante de expresiones organizativas ya agotadas.

La segunda debilidad o déficit estratégico es la falta de unidad (Santiago Santa Cruz ). Corregirla no lleva necesariamente a la unidad orgánica y nunca implica homogeneidad, sino fortalecer las "luchas concretas por objetivos comunes, superando el voluntarismo" (Marta Harnecker ).

Hemos demostrado como sociedad nuestra capacidad de desinstalar gobiernos, incluso aquellos reconocidos por su autosuficiencia, su arrogancia y la creencia en su destino histórico. Lo hemos hecho con todos los ejecutivos surgidos de los cinco procesos electorales desde el fin de las dictaduras militares. El desafío ahora es organizar la alternativa que sustituya el actual ejercicio del poder por otro de naturaleza incluyente.