Segunda Quincena de Junio de 2005 La apuesta política de diversos sectores de derecha y particularmente del Partido Social Cristiano de tomarse el gobierno de Alfredo Palacio, se ha consolidado. La necesidad de un gobierno creíble a los ojos de la opinión pública para consolidar varias propuestas pendientes como ocurrió con la caída de Jamil Mahuad y la asunción de Gustavo Noboa, cada vez se presenta más clara. La privatización de la seguridad de Guayaquil fue sólo una muestra de la subordinación del nuevo gobierno a esos sectores.
El fortalecimiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos es otro de los propósitos cumplidos. Incluso ahora los sectores a favor del tratado dicen estar de acuerdo en realizar un plebiscito porque según algunos sondeos que no se habrían hecho públicos la población se pronunciaría a favor del mismo. Un plebiscito sobre el TLC con Gutiérrez como presidente podría haberse transformado en un rechazo al coronel, en una forma de voto castigo, lo que constituía un peligro para los sectores a favor del tratado. Con Palacio se supera esa posibilidad porque presenta más credibilidad. Algo similar a lo que ocurrió con la dolarización tras la salida de Jamil Mahuad. A ese dato de la realidad se suma un discurso presidencial en el que se asegura que se firmará lo más conveniente para el país, estableciendo en el imaginario colectivo una imagen de que lo que finalmente se firme será justo, cuando cada día queda más demostrado que las condiciones impuestas por Estados Unidos serán contraproducentes para Ecuador. Por lo tanto, no hay que confundirse cuando determinados empresarios partidarios del tratado dicen estar de acuerdo con la consulta.
Dentro de este panorama y a mediano plazo, las actitudes dignas del Ministro de Economía, Rafael Correa, a quien hay que seguir apoyando, y de otros ministros, como el de Gobierno Mauricio Gándara (a pesar de haber entregado de la seguridad a las empresas de vigilancia privada en Guayaquil) y el Canciller Parra Gil, terminarán sirviendo para lavar la cara hegemónica y oscura escondida detrás del Ejecutivo y donde radica el verdadero poder, como ocurrió con los ministros de Pachakutik al comienzo del gobierno de Gutiérrez.
La aceptación de la redistribución del FEIREP (Fondo Petrolero) por parte de algunos partidos de derecha en el Congreso se explica por la necesidad de esos sectores de contar con fondos frescos para sus alcaldías, prefecturas, etc., en el año electoral.
Además de que gran parte de los tenedores de bonos de deuda que pertenecían a algunos de esos partidos ya se habrían desecho de ellos a muy buen precio. Por lo tanto no es de extrañar que defensores acérrimos del pago de la deuda en otras épocas, ahora hablen de la imposibilidad de seguir pagando. Por otra parte, el 35 por ciento estipulado para el pago de deuda en la nueva redistribución del FEIREP, al precio actual del petróleo da de sobra para cumplir con los acreedores.
Por todo eso, todavía no se hace necesario para los sectores hegemónicos dentro del gobierno, cercar a Rafael Correa y forzar su renuncia o su destitución.
Lo que sí se hará necesario el año que viene, cuando esos sectores necesiten alguien de confianza para repartir los fondos del FEIREP. El anuncio de bajar el IVA, tampoco sería motivo para un ataque al Ministro porque cuadra con la aspiración de muchos comerciantes vinculados a esos sectores de derecha, además, obviamente, de los consumidores que son golpeados en general por ese impuesto.
En cambio, la posibilidad de crear un Tribunal sobre la Deuda Externa ecuatoriana, que dé a conocer a la opinión pública los nombres de quiénes han sido los que lucraron con ésta, tal vez podría comenzar a crearle problemas a Rafael Correa. Los empresarios que hoy critican a ciertos tenedores de deuda por apoyar a Gutiérrez, deberían dar los nombres no solo de los tenedores internacionales, sino de cada uno de los que han sido dueños de bonos o todavía lo son a nivel nacional. ¿Por qué no lo hacen? Pero sobre todo los problemas para Correa (que no tiene ningún poder real que lo sustente) vendrán cuando se oponga frontalmente a la privatización de las telecomunicaciones y de las empresas eléctricas, acción que ya está en curso, y que en el Ministerio de Finanzas parece que todavía desconocen; a la entrega de EMELEC (Empresa Eléctrica de Guayaquil) sin beneficio de inventario, y a la utilización del petróleo como botín de determinados grupos. En ese momento quedará mucho más claro el tinte socialcristiano del gobierno y el hecho de que las caras de izquierda solo ayudan a consolidar un gobierno de derecha.

* Editorial del Quincenario Tintají Número 70, Quito / Segunda Quincena de Junio 2005