Más allá de la euforia deportiva que produjo en el país la gran final del fútbol profesional, en el frente del orden público este fue un fin de semana perturbador y sangriento. Los 30 miembros de la fuerza pública muertos por la guerrilla en diferentes zonas del país (19 militares en Putumayo y 6 en Norte de Santander, 3 policías en el sur de Bolívar y uno en Nariño) son nuevo signo de la gradual pero brutal escalada violenta de las Farc. En lo que va corrido del año, sin contabilizar choques aislados, ni bajas del Plan Patriota, más de 100 uniformados han perdido la vida por acciones de esta agrupación armada. No es de descartar que estas se intensifiquen en la medida en que se caliente el debate político y las Farc pretendan -como suelen hacerlo- incidir o sabotear la campaña electoral.
Los cruentos hechos del Putumayo son especialmente preocupantes por tratarse del lugar donde arrancó el Plan Colombia. El Estado y las Fuerzas Armadas lo escogieron, hace ya 4 años, como zona piloto para aplicar su estrategia contrainsurgente, antinarcóticos y de desarrollo alternativo. Se trata, además, de una región petrolera (hay 4.300 soldados dedicados a cuidar los oleoductos) limítrofe con el Ecuador, cuyo nuevo gobierno no ha disimulado su malestar con las fumigaciones aéreas y los impactos múltiples (refugiados, secuestros, presencia paramilitar y guerrillera) del conflicto colombiano en su territorio.
Lo que está ocurriendo en Putumayo -y en Nariño- tiene un ángulo especialmente delicado por sus implicaciones internacionales. Ahora que se han enfriado, al menos formalmente, las tensiones en la frontera venezolana y con el gobierno Chávez, sería grave que las acciones de las Farc en esa zona del país condujeran a enfrentamientos con el gobierno ecuatoriano.
Se entiende -y reconforta- que el presidente Álvaro Uribe haya asumido de inmediato el manejo directo y la vocería exclusiva en lo relacionado con la situación creada por el ataque de las Farc. Reconoció que, una vez más, hubo falta de coordinación entre el lado operativo y la inteligencia militar. Y resulta significativo que no solo haya afirmado que la retaguardia estratégica de las Farc en esa zona está casi intacta, sino que estos dolorosos golpes a la fuerza pública no deben conducir a reacciones furiosas o vengativas, sino a la revisión inteligente de una estrategia eficaz a mediano plazo para enfrentar el desafío en esa parte del país.
Lo sucedido deja no pocos interrogantes. Si hay colaboración satelital de Estados Unidos, ¿por qué no se detectó la movilización de un contingente de 500 guerrilleros? ¿Cómo es posible que durante tantos años no se hubiera descubierto la insólita construcción de una autopista de 278 kilómetros que atraviesa media selva colombiana desde el Meta hasta la propia frontera con Ecuador? No deja de ser inquietante que el general Fracica anuncie que es solo una parte de una gran red vial de las Farc, en la que abundan las caletas y las imprentas que, según el oficial, podrían compararse con las de esta Casa Editorial? Si lo dicho por el alto oficial es verdad, la situación es poco más que alarmante. Y no puede atribuirse solo a los millonarios recursos, producto del narcotráfico, de las Farc, ni a los tres largos años de permisividad en la zona de distensión del Caguán. Todo eso cuenta, pero no es la única explicación.
Habría que preguntarse por los efectos reales de los programas de fumigación sobre la lucha contrainsurgente. En Putumayo, por ejemplo, la superficie de coca cultivada habría disminuido más de diez veces en estos años. Quizá a las Farc se las debilite económicamente, pero a cambio de fortalecer sus estrategias de reclutamiento. También sería conveniente responder a las preocupaciones del columnista Alfredo Rangel, quien ha insistido en que tal vez la excesiva concentración de tropas en los territorios del Plan Patriota ha permitido a las Farc golpear en otras zonas, como Putumayo, Nariño y Cauca.
Lo que es evidente es un agudo déficit de pie de fuerza para la vigilancia de las fronteras con Venezuela y Ecuador, que ha terminado por recargar a la fuerza pública de esos países la tarea de cuidar las zonas limítrofes asediadas por guerrillas y paramilitares. Con razón reclaman una mayor presencia militar del lado colombiano.
No hay duda de que fortalecer la seguridad en las fronteras es una prioridad. No solo para evitar que se conviertan en retaguardias de la guerrilla, sino para volverlas más seguras para los compatriotas y para nuestros vecinos, que ven alarmados cómo los afecta la violencia colombiana.
Lograr este pie de fuerza complementario supondrá un esfuerzo adicional al ya enorme sacrificio económico y humano que demanda el conflicto armado. O lucha contra el terrorismo, como otros prefieren llamarlo.
editorial@eltiempo.com.co